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El juez Javier Anzoátegui pidió abandonar  tribunal que juzga a 16 ex policías federales y al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa, para despejar de manifestantes la Plaza de Mayo en 2001. Aludió "violencia moral" por diferencias "éticas" con otro de los integrantes del tribunal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu. El pedido fue rechazado tanto por el juez aludido, como por el presidente del Tribunal, el juez José Martínez Sobrino. 

Las diferencias, que fueron calificadas como "insalvables" por Anzoátegui, se habrían planteado entre los jueces el miércoles pasado, cuando la audiencia fue suspendida sin que los magistrados bajaran a la sala SUM -en la planta baja de Comodoro Py- donde se está haciendo el juicio. 

Cuando el presidente del tribunal terminó de informar que Anzoátegui debía seguir integrando el Tribunal, el defensor Marcelo Rocchetti pidió un cuarto intermedio para reunirse con sus colegas de las otras defensas. Cuando regresaron a la sala, manifestaron "temor" por el futuro desenvolvimiento del juicio y pidieron precisiones sobre el conflicto, dado que podrían evaluar pedir la el apartamiento de Giménez Uriburu del debate. 

El abogado querellante Rodrigo Borda, integrante del CELS, también pidió precisiones sobre lo sucedido. Mientras que el abogado Rodolfo Yanzón les pidió que "conserven la calma". 

Al inicio del debate, poco antes de las 11 de la mañana, Yanzón les señaló a los jueces que "hace 7 horas que estamos esperando”, sumando a las dos de hoy las  cinco horas de espera del pasado miércoles cuando el tribunal finalmente desistió de dar continuidad al debate. Y les pidió que en un futuro “las audiencias se hagan en el horario en el que las partes fuimos citadas”. José Martínez Sobrino le señaló que “no eran de poca monta” las cuestiones que los habían hecho suspender por decreto la audiencia convocada para el miércoles pasado. 

Después, Martínez Sobrino comenzó la lectura de la resolución en la que se mostraban la diferencia de criterios entre los jueces a la hora de resolver los planteos de las partes. 

Los pedidos de defensa y fiscalía

En primer lugar, trataron el pedido de la abogada Valeria Corbacho para que su defendido, el ex subcomisario Omar Bellante, no esté en este juicio como responsable del asesinato de Gustavo Benedetto, el joven que la tarde del 20 de diciembre murió a dos cuadras de Plaza de Mayo cuando una bala le destrozó la cabeza. La abogada pidió la nulidad del pedido realizado por la familia de Benedetto, que espera que el policía siga en este juicio como por el delito de homicidio simple. Estaba al frente de los policías federales dispararon indiscriminadamente desde la sede del HSBC -más de 59 veces- contra los manifestantes.

Los jueces Martínez Sobrino y Giménez Uriburu rechazaron este planteo, pero Anzoáteghui votó en disidencia. En su voto afirmó que la "parte querellante no tiene la facultad de impulsar la acción penal pública". Fundamento que lo aleja de la posición de Martínez Sobrino que sostuvo que "no es justa la ley que niega a la víctima del delito participar con eficacia como protagonista activo en el proceso penal que lo atañe". 

En definitiva, después de leer 60 páginas de una resolución que, por lo que sucedería  después, generaron marcadas diferencias entre los magistrados, los jueces decidieron, entre otros puntos: 

- Por voto dividido: rechazar la nulidad de requerimiento de elevación a juicio por homicidio que pidió la defensa de Omar Alberto Bellante, con la disidencia de Anzoátegui.

-  Por unanimidad: no hacer lugar al pedido del fiscal Mauricio Viera y de los abogados querellantes, para que Virgilio Loiácono deje la defensa del ex jefe de la policía federal, Rubén Santos. Así, Loiácono que estuvo imputado y también actuó como defensor de Fernando de la Rúa durante la instrucción de esta causa, podrá seguir representando a SAntos. Y quedo excusado de presentarse como testigo. En este punto Giménez Uriburu voto en distinto sentido, y argumentó que no existe impedimento para que el abogado declare como testigo, cuando la fiscalía y las querellas lo consideran un actor fundamental en los hechos que se discuten en este juicio. Como secretario Legal y Técnico durante el gobierno de De la Rúa lo consideran responsable de los decretos que dieron marco a la represión declarando el estado de sitio y por la confección de los listados de personas que fueron detenidas a disposición del PEN.