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“Parecía que estaba mirando un documental de la época de la dictadura”, dijo Susana Slamovitz al recordar la violenta represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, cuando ella y sus entonces compañeros de la agrupación HIJOS intentaban llegar a la Plaza de Mayo. Fue la primera de los seis testigos que hoy declaran ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6.  Durante esas jornadas, los manifestantes fueron heridos con balas de goma y de plomo también, golpeados, picaneados y detenidos ilegalmente a disposición del Poder Ejecutivo nacional.

Esa tarde Susana vio como Claudia Aguilera, una de sus compañeras en HIJOS, caía herida en la esquina de avenida Rivadavia frente al Congreso Nacional.

 ― ¡Suéltela! ¡Suéltela!― la escuchó entonces gritar a Claudia. Cuando la buscó con la vista, la vio avanzar hacia un hombre de camisa a cuadros y pantalón de jean que arrastraba a una mujer mayor y enferma que “era evidente, vivía en situación de calle y llevaba esos cuchillos para comer”, recordó Susana. Un balazo con posta de goma le reventó el ojo a Claudia. A su lado, cayó otro de sus compañeros: Julio Talavera, herido en una oreja cuando intentó asistirla.

Los llevaron a una comisaría. “Cuando llegamos nos decían que ahí no estaba”, y después “nos confirmaron que estaba a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), y a mí se me heló la sangre porque lo asocié con las desapariciones durante la dictadura”, dijo Susana al tribunal.

Pasaron horas, y recién a las seis de la tarde dispusieron que una ambulancia la trasladara a su compañera hasta el hospital Santa Lucía. “Seguían tirando, fueron cuatro o cinco horas de locura”, concluyó la testigo. A Susana una bala le rozó la cabeza, pero apabullada por lo que sucedía a su alrededor, no le dio importancia. Recién advirtió que advirtió la gravedad cuando días después un perito la revisó para esta investigación.

Las primeras balas en el Congreso

Después fue el turno de Valeria Cook. La noche del 19 de diciembre, escuchó a De la Rúa decretar el estado de sitio por televisión y decidió ir a la plaza del Congreso con un par de amigos. “Había mucha gente con sus familias, con hijos, hasta que empezaron las corridas” recordó y describió cómo la policía los encerró entre gases y balazos. Contó cómo corrían a una y a otra punta de la plaza sin poder salir, ni refugiarse en las escalinatas del Congreso, porque también allí había policías disparando.

Esa madrugada, en medio de las corridas, Valeria se fracturó. Alguien la ayudó a refugiarse en el móvil de Crónica televisión, y desde allí vio como Demetrio Cárdenas se desplomaba en las escalinatas del Congreso. Lo vio desangrarse herido por una bala policial. Cárdenas sobrevivió a ese ataque, pero meses después falleció, deprimido aunque reclamando justicia. Su caso no forma parte de este juicio, porque las investigaciones por el asesinato de cinco personas y las cientos de heridas ocasionadas a otras durante la represión nunca fueron unificadas y algunas no fueron tenidas en cuenta para este debate.

De las siete causas que forman parte de este juicio, solo en una fueron pedidos “más de 1.500 testigos”, dijo a Infojus Noticias Rodrigo Borda, abogado del Centros del Estudios Legales y Sociales que acompaña y asiste a las víctimas. Otros tantos fueron pedidos en los otros expedientes y algunos, como Cárdenas o las Madres de Plaza de Mayo golpeadas por la policía montada deberán esperar un nuevo juicio. En total son 600 los testigos incorporados al debate.

Estos testigos habían sido pedidos por la fiscalía, querellas y defensores en el expediente que involucra por homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al ex secretario de Seguridad y único político en este juicio, Enrique Mathov. Uno sus jefes, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció antes que la causa llegara a esta instancia. El otro, De la Rúa consiguió que la Cámara Federal de Casación lo sobreseyera y quedó fuera de este juicio. Pero el ex presidente aún no está desvinculado de la investigación: continúa pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso extraordinario que persigue la revocación de esta medida.

En la causa que involucra al ex secretario, además está imputado el ex jefe de la policía federal Rubén Santos y a sus subordinados, los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Los otros  seis expedientes tocan a los tiradores y policías de la Federal que en la zona del Congreso Nacional, en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, salieron a cazar a los manifestantes.

Las balas en el Obelisco

Leonardo da Rocha Ferreira contó que esa tarde, mientras estaba con su amigo Martín “Tinta” Galli en un plazoleta frente al Obelisco vio llegar dos autos. Algunos de sus ocupantes se bajaron y después para él fueron “fogonazos”. Cuando volvió encontró a su amigo en el piso. Lo asistía Héctor “El Toba” García, y mientras estaban ahí, intentando que la bala que tenía en la cabeza no lo matara, un patrullero los atacó. Nuevos disparos. Corridas, y finalmente lograron subir a Martín a un taxi. Él y el Toba lo llevaron al hospital Argerich, donde todo era “caótico, había familia de los muertos, gente que estaba herida y también detenidos”, recordó Leonardo. Martín se salvó y desde entonces vive con esa bala en la cabeza.

A pocos metros de Galli murió Alberto Márquez, un militante justicialista que recibió dos balazos en el tórax. En este juicio, su asesinato es el único que encuentra a los tiradores en el banquillo de los acusados. Son 9 ex agentes de la policía federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco, y dispararon contra un grupo de personas que se guarecían del sol y descansaban de las corridas. Faltaban pocos minutos –menos de media hora- para que De la Rúa dejara la Casa Rosada en helicóptero.

Esta es la tercera jornada donde las víctimas y familiares de la represión cuentan lo que vivieron la tarde del 20 de diciembre de 2001 en las calles del centro porteño. En total son 600 los testigos finalmente incorporados al debate. De los acusados Enrique Mathov, es el único funcionario de la Alianza que llega a juicio por estos hechos. Los familiares de los asesinados se han referido a De la Rúa como “el gran ausente”: sobreseído por la Cámara Federal de Casación, el ex presidente aún no está desvinculado de la investigación porque está pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso extraordinario que persigue la revocación de esta medida.

Mathov comparte los cargos con el ex jefe de la policía federal Rubén Santos y a sus subordinados, los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Los otros seis expedientes acumulados en este juicio tocan a los tiradores y policías de la Federal que en la zona del Congreso Nacional, en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, salieron a cazar a los manifestantes.