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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la coordinación de la Red Federal de Sitios de Memoria, expresó el más enérgico repudio por el ataque producido contra el cartel de señalización del paraje El Gallinato, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. La Secretaría dijo que "acompaña a los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de los detenidos-desparecidos de la provincia de Salta en la denuncia" por esos hechos.

"Baleado por desconocidos, el cartel inaugurado por esta Secretaría, junto con el Municipio de La Caldera, el Archivo Provincial de la Memoria y organizaciones locales el 10 de diciembre último, reseña la historia de ese paraje montañoso cercano a la Capital provincial, donde se dinamitaron los cuerpos de varios detenidos-desaparecidos, entre ellos los del matrimonio de Gemma Ana María Fernández Arcieri y Héctor Domingo Gamboa, secuestrados en septiembre de 1976", dice el comunicado de la Secretaría. Y agrega: "No es casual que estos hechos se produzcan inmediatamente después de que el pasado viernes 20 de diciembre la Justicia salteña condenara a 15 represores -7 de ellos a prisión perpetua en cárcel común- por los crímenes cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos los secuestros y homicidios vinculados con El Gallinato".

El comunicado dice que "estos ataques cobardes, que se escudan en el anonimato, también se evidencian como marginales y desesperados intentos de detener lo indetenible: jamás podrán ocultar la verdad, acallar la memoria ni refrenar la Justicia. Porque como sigue señalando el cartel agredido, al igual que las más de 70 marcaciones instaladas por el Estado Nacional en todo el país, “a 37 del último golpe cívico-militar: los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por eso están siendo juzgados”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó una rápida investigación y el castigo de los responsables. Y ratificó "el compromiso de seguir profundizando este proceso de reparación, que articula el juzgamiento de los genocidas y responsables civiles con el decidido respaldo y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, con la trasmisión social de la memoria: las señalizaciones hacen visible el carácter de estos crímenes y su persecución y repudio por parte del Estado democrático en cada uno de los lugares donde ocurrieron, en todo el territorio nacional, como reaseguro de que nunca más sea posible el terrorismo de Estado en la Argentina".