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La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que le ratificaba la suspensión del juicio a prueba ("probation") a un abogado imputado de haber intentado defraudar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, mediante la iniciación de un reclamo ante esa cartera para exigir el pago de una acreencia fundada en documentación apócrifa.

Fuentes judiciales indicaron que la Sala Cuarta de la máxima instancia en lo penal del país anuló una resolución del juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) Daniel Obligado, quien "resolvió no hacer lugar al pedido de la querella para que se revoque la suspensión del juicio a prueba otorgada" al acusado Augusto Víctor Hernández Nazar.

"Es arbitraria por falta de fundamentación y corresponde anular la resolución que –por entender que la conducta del imputado no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 76 del Código Penal- no hizo lugar al pedido de la querella de que se revoque la suspensión del juicio", dijeron en forma unánime los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.

Para el juez Obligado, "la conducta desplegada por el imputado –al presentar un pronto despacho respecto del reclamo iniciado ante el Ministerio de Economía para exigir el pago de una acreencia fundada en documentación apócrifa-" no constituía "la continuación de su plan delictivo original", por lo que "omitió examinar su posible impacto en la sanción penal y la posible modificación sobre la condicionalidad de la eventual condena".

Al anular esa decisión, los camaristas de Casación tuvieron en cuenta que, pese a conocer la ilicitud de su accionar por el que fue procesado y enviado a juicio, Hernández Nazar insistió en su intento y presentó ante el Ministerio de Economía un pedido de "pronto despacho" para que se le efectuase el pago que reclamaba mediante documentación apócrifa, tal como lo denunció la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal del Palacio de Hacienda.

Los magistrados también enfatizaron que el "reconocimiento de la legitimación legal de la querella (Ministerio de Economía) para actuar en juicio involucra, al amparo de la garantía constitucional del debido proceso legal, el derecho a recurrir el auto impugnado en su calidad de acusador privado para hacer efectivo su derecho a una tutela judicial efectiva que, en la especie, se ejerce a través de la petición del derecho a obtener una sentencia judicial fundada".

Télam/PW