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La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, firmarán mañana un convenio para trabajar de manera conjunta en la asistencia de los vecinos  del camino de sirga del Riachuelo afectados en la llamada “causa Mendoza”. Se trata del fallo en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó, hace seis años, la limpieza del río después de más de dos siglos de contaminación.

Los Ministerios Públicos de la Defensa de Nación y Ciudad ya se encuentran trabajando con equipos de trabajo específicos destinados al abordaje institucional en los procesos de urbanización de villas y asentamientos y de relocalización de vecinos. Sin embargo, la convergencia de los objetivos institucionales y la conveniencia de una intervención conjunta de ambos organismos hizo necesario formalizar este nuevo acuerdo específico complementario del Convenio marco celebrado en 2010. Martínez  y Corti firmarán el acuerdo a las 11, en el auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación (Callao 970, CABA).

“A través de este nuevo convenio, las Defensorías se comprometen concretamente a realizar en forma conjunta el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la sirga del Riachuelo y de los vecinos de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados. Además, acuerdan intervenir en forma conjunta en la asistencia de los vecinos involucrados, como así también promover, intervenir y requerir en conjunto las medidas que estimen conducentes en la causa”, dice el comunicado de prensa que difundieron. 

La causa Mendoza se inició en 2004 cuando el problema que vivían los vecinos de la zona se convirtió en un expediente judicial. Cuatro años después el máximo tribunal del país responsabilizó a los tres estados demandados -el nacional, el provincial y el porteño- por el deterioro de la cuenca Matanza Riachuelo. Es una extensión que atraviesa 14 partidos del conurbano bonaerense y una gran parte de tierra porteña, habitada por más de 8 millones de personas, según los datos del último censo.

En lo referente a las relocalizaciones y urbanizaciones según el convenio marco subscripto en 2010 por todas las jurisdicciones son 17.771 las familias afectadas, de las cuales el Gobierno de la Ciudad debe relocalizar un total de 2.527 familias. A la fecha, la gestión porteña ha relocalizado sólo alrededor de 400 familias en complejos ubicados en la Comuna 8, que es la que posee los mayores problemas habitacionales y sociales dentro de la Ciudad.