Infojus Noticias

“Nos gritan asesinos”, cuentan los empleados de Litoral Gas de Rosario. Desde la explosión del edificio de Salta 2141, el 6 de agosto, en el que murieron 22 personas, los trabajadores de la empresa tienen dificultades para trabajar: Ayer, la jueza Irma Patricia Billota imputó a uno de los cuatro empleados que fueron citados a indagatoria. La respuesta del sindicato fue un paro que duró varias horas.

Las anécdotas se multiplican entre muchos de los trabajadores. Mario, un empleado de Litoral Gas, terminó su turno laboral y fue a comprar unas facturas para merendar con su hija. “La panadera no lo quiso atender porque tenía el logo de la empresa”, contó a Infojus Noticias Edgardo Zanni, secretario del sindicato que nuclea a los trabajadores de la industria del gas.

El secretario del gremio contó de otro obrero que, mientras trabajaba en un pozo, escuchó: “Yo si tuviese un revólver los mato a todos”. “Se ha hablado muchísimo. La sociedad rosarina está nervada por esta situación. Todo lo que ve de azul con un logo”, dijo Zanni.

Ayer la jueza de Instrucción Nº 10 de Rosario imputó al inspector GerardoBolaños después de su declaración indagatoria. Lo acusa de "negligencia". El 25 de julio, antes de la explosión, Bolaños fue al edificio de la calle Salta por una denuncia por baja presión de gas realizada por una persona que vivía allí. Según consta en el acta de procedimiento, el hombre había detectado una "fuga de gas" en un accesorio del gabinete, pero no instaló el "cepo" de corte del servicio para que trabajara un gasista matriculado, como indica protocolo técnico instructivo de Litoral Gas. Para la Justicia, Bolaños se apartó de la normativa. 

Zanni dice que los empleados procedieron “de acuerdo a las normas de la empresa”. “Los cepos se ponen a las válvulas esféricas chicas, no existe en el  mercado un cepo para una válvula de tapón lubricado”, explicó el secretario del sindicato.

La declaración de Bolaños fue la primera de una serie de indagatorias a las que fueron citados a otros cuatro empleados de la empresa que deberán presentarse en Tribunales en los próximos días. La investigación está caratulada como "estrago doloso, agravado por las muertes". Hasta ahora ya suman siete los imputados en el marco de la causa que investiga las causas de la explosión.

El gasista Carlos Osvaldo García y su ayudante Pablo Miño, quienes trabajaban el día de la explosión en el edificio para cambiar el regulador de gas, encabezan la lista de los imputados. También está imputado el gasista, José Ayala, quien trabajó en el edificio 11 días antes de la explosión. Ayala habría manipulado los artefactos del gabinete de gas y no habría notificado a Litoral Gas de las reparaciones presuntamente realizadas. Están imputados además, por desoír los reclamos de los vecinos residentes y omitir el deber de cuidado de espacios comunes del consorcio, los integrantes de la inmobiliaria que administraba el condominio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.