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La nota más importante de la primera jornada del juicio a 15 represores que empezó hoy en san Nicolás fue la ausencia del ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant. Está imputado en diez de las doce causas, a la espera de una pericia psiquiátrica que se llevará a cabo el lunes 14 a las 7.30 en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación.

El periplo de Horacio Luppi, bioquímico, es sólo una de las doce causas acumuladas -con 76 víctimas- que llegan a juicio y comenzaron a ventilarse hoy. Luppi vivía en San Nicolás en 1976. La mañana del 18 de marzo llegó a su trabajo y los soldados del Área Militar 132 estaban esperándolo en el laboratorio. Algunos también se habían desplegado por los techos. Lo capturaron y lo empujaron al interior de un camión militar. En el trayecto hasta la Unidad Penal N° 3, en la misma ciudad, el vehículo se detuvo para “levantar” a Raúl Marcelo Beguelin, médico cirujano.  Después fueron a buscar a Mario Verandi, empleado de un juzgado y director del teatro municipal. No lo encontraron, pero se entregó al día siguiente. El 24 de marzo, a Luppi lo trasladaron al pabellón de los presos políticos. Por las noches un hombre del  servicio de Inteligencia, el coronel Omar Andrada, le hacía interrogatorios. En una oportunidad llegaron a carearlo con su esposa.

Cada una de las causas que hoy llegan a juicio tuvieron un criterio distinto de investigación: una es por el secuestro de un grupo de once alumnos –tres permanecen desaparecidos- del colegio jesuita Don Bosco de San Nicolás, involucrados en una acción pastoral bajo la órbita del Obispo tercermundista Carlos Ponce de León, enfrentado a Saint Amant y a la postre muerto en un sospechoso accidente. Otra, por un grupo de ocho militantes del PRT-ERP de la ciudad de San Pedro, cinco de los cuales siguen desaparecidos. Una más, vinculada a la actividad sindical: el cautiverio ilegal de nueve gremialistas de San Nicolás, uno de ellos muerto durante la tortura. Hay otras tres que intentarán dar respuesta a lo que sucedió con militantes del ERP.

Saint Amant: imputado en diez de las doce causas

El Tribunal Federal Oral N°1 de Rosario –conformado por Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello- oscilará entre las tres ciudades durante las audiencias. “Se busca un involucramiento de las sociedades donde sucedieron estos hechos. Y queremos poner el acento en el contexto sociopolítico: que se entienda por qué los secuestrados en estas causas fueron blancos de la dictadura”, completó Villatte. Los doce expedientes que se juzgan casi no tienen elementos en común: tan solo el circuito territorial en donde sucedieron los hechos –San Nicolás, San Pedro y Pergamino- y el máximo responsable militar, el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, imputado en todas las causas excepto en dos.

Sin embargo, la máxima autoridad militar del Área 132 no estuvo en el inicio del juicio. La defensa de Saint Amant pidió que se lo aparte del proceso alegando que no está en condiciones psíquicas de afrontarlo. La fiscalía de Villatte y las querellas de H.I.J.O.S. propusieron peritos de las facultades de Psicología y Medicina de la UBA y de la Asociación Médica Argentina para llevar a cabo las pericias psiquiátricas. El Tribunal confirmó a los peritos del Cuerpo Médico Forense, que habían tenido un desempeño cuestionado en otros casos como el del represor Alberto Pelliza. La pericia debió hacerse ayer por la mañana, pero el militar retirado no se presentó y la audiencia inaugural transcurrió sin él. Si fuera finalmente apartado del juicio, varias de las causas del juicio se “caerían”: en algunas es el único imputado.

Los otros imputados son el ex Comodoro Juan Antonio Benvenutto, el ex Teniente Coronel Norberto Ricardo Ferrero y el ex Mayor Antonio Bossie. Por parte de la Policía Bonaerense, el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastrandrea, el ex Suboficial Daniel Fernando Quintana, los ex agentes Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Miguel Ángel Lucero, Carlos Enrique Rocca, los ex subcomisarios Guillermo Miguel Adrover y Arnaldo Nasiff Bolmeni, el ex Comisario, Clementino Rojas, y los ex oficiales, Juan Alberto González y Roberto Horacio Guerrina.

“¿Sabía que Federico Luppi era comunista?”

El mismo día que secuestraron a Luppi en el laboratorio, los militares fueron a buscar a Carlos Linlaud, estudiante de teatro en Buenos Aires. No estaba en su casa, pero días después decidió ir al Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, por sus propios medios, a averiguar qué buscaban. Quedó detenido y fue trasladado al penal. Cuando llegó, lo ingresaron por el patio y lo apuntaron con ametralladoras. Después lo obligaron a afeitarse la cabeza. Lo alojaron en una celda sin camastro, con un prestigioso médico cardiólogo de Pergamino. En los interrogatorios a los que lo sometían dos hombres de Inteligencia, le preguntaban: ¿había política en sus obras de teatro? ¿Sabía que Federico Luppi era comunista? Cuando lo liberaron, le ordenaron que dejara el teatro y se dedicara a la carpintería. Linlaud se exilió en Italia.

José Edgardo D’Imperio había sido vestuarista y escenógrafo en el teatro que dirigía Linlaud, e integraba la Asociación Cultural Rumbo. Era un referente cultural en la ciudad. Su hermano Mario Osvaldo era obrero en la ex fábrica SOMISA. También fueron secuestrados el 18 de marzo, una semana antes del asalto al poder, llevados a la Unidad Penal N° 3 en un patrullero de la policía bonaerense, obligados a rasurarse barba y bigote, y torturados en la noche nicoleña dentro del Batallón de Ingenieros, por el propio general Saint Amant.

Jorge Guillermo Lima era abogado laboralista, concejal por el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) y presidía el Honorable Concejo Deliberante. Fue secuestrado en la casa de sus padres, donde vivía, en la madrugada del 24 de marzo, por policías federales y soldados del ejército armados hasta los dientes. También buscaban a su hermano, Hugo Pascual, que asistía legalmente a presos políticos de Montoneros y del ERP. Jorge fue interrogado en el mismo Batallón que el resto durante cuatro horas, de noche, por el coronel Manuel Fernando Saint Amant, por el coronel Antonio Federico Bossie y por Omar Andrada. Lo liberaron tres días después. Su hermano, que se presentó por las suyas el 29 de marzo, estuvo preso hasta julio de 1976.

Un martirio casi calcado se replicó sobre Pedro Marchi –ex intendente y concejal de San Nicolás-, Tomás Juan Zuelgaray –militante de la Juventud Peronista y obrero-, Manuel Gil Morales –juez penal-, Alfredo Miguel Gamarra –diputado provincial justicialista- y Alberto Kipen –ingeniero agrónomo-. Un total de trece ciudadanos distinguidos por sus actividades públicas –artísticas, científicas, gremiales, judiciales y políticas- de la comunidad nicoleña. Sus secuestros tenían, para el fiscal del juicio Adolfo Villatte, una razón clara. “Esta serie de secuestros fue para mostrar, los días previos posteriores al Golpe de Estado, la presencia de las Fuerzas Armadas en San Nicolás. Era una ciudad industrial, donde había varias organizaciones gremiales y religiosas, y la consideraban una zona conflictiva”.