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El juez Guillermo Sheibler concedió una medida cautelar que obliga al gobierno a la  externación y reubicación de siete pacientes del Instituto Nuestra Señora de Luján a otro que pueda brindar una asistencia acorde a las condiciones por las que fueron institucionalizados. Sucedió en el marco de un proceso judicial en el que también se solicita la recisión de toda relación contractual del gobierno de la Ciudad con esa institución, denunciada por no cumplir con el cuidado de los pacientes y poner en riesgo su vida. El proceso fue promovido por Mabel López Oliva, asesora tutelar de primera instancia, que también pidió que se rescinda el contrato por el que el Gobierno de la Ciudad deriva pacientes al Instituto Nuestra Señora de Luján.

La institución de Luján está denunciada por hacinamiento, falta de atención médica y en líneas generales, “grandes vulneraciones al derecho a la salud y a la vida por parte de los pacientes”, según indicó López Oliva a Infojus Noticias. La asesora tutelar explicó que no sólo hay denuncias desde su oficina, sino que “el propio gobierno tenía informes absolutamente negativos respecto de la institución” y detalló que existen más denuncias en el mismo sentid, de parte de la Defensoría General de la Nación, y hasta una auditoría de PAMI en la que se habla de que los pacientes “corren riesgo de muerte”.

La Asesoría Tutelar Nº1 de Primera Instancia realizó intimaciones administrativas al Gobierno porteño, pero al no recibir respuestas presentó un recurso de amparo en el Juzgado Nº13 en lo Contencioso Administrativo, en febrero de este año. En el juicio, el Gobierno se comprometió a relocalizar a los pacientes en el transcurso de un plazo de 30 días, pero ese plazo venció hace más de dos semanas, y no hubo ninguna diligencia de parte del Ministerio de Salud. Ahora, el juez Sheibler ordenó que se realice la reubicación de los pacientes bajo apercibimiento de imponer una multa mensual a la ministra de esa cartera, Graciela Reybaud, y a la directora de Salud Mental, María Concepción Grosso.

“No es el único caso en el que tuvimos que recurrir a la Justicia, también solicitamos la relocalización de los pacientes del CEPREAP -ex Casa Púrpura-, y esa institución  tiene un convenio exclusivamente con el Gobierno porteño, y tiene alojados menores de edad”, explicó López Oliva. Agregó que “es muy negativo que haya que hacer juicio para que el Gobierno cumpla tan sólo con obligaciones constitucionales básicas que encima afectan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”.