Infojus Noticias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) validó la ley argentina de exteriorización de divisas durante el último plenario del organismo multilateral en París, la semana pasada. La entidad de control de lavado de dinero reconoció que la medida argentina cumple con la norma internacional que sugiere estándares y orienta la regulación de esos procesos en cualquier país del mundo, la llamada Voluntary Tax Compliance (VTC).

En la misma cumbre se planteó la posibilidad de que Argentina salga del “proceso de monitoreo intensivo” del GAFI, dado que se han puesto en funcionamiento distintas regulaciones nacionales en el mismo sentido que lo recomendado por el organismo multilateral. Sin embargo, como la última resolución del Banco Central fue dada a conocer hace pocos días, el GAFI postergó su visita a la Argentina para analizar “in situ” la regulación y su funcionamiento. Eso demorará hasta febrero la posibilidad de salir del monitoreo intensivo del ICRG (las siglas en inglés del Grupo Regional de Cooperación Internacional).

José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) dialogó en exclusiva con Infojus Noticias, y aseguró que la aprobación del programa de exteriorización de capitales de parte del GAFI “espanta a los fantasmas de que Argentina incumple la normativa internacional, porque la revisación es intensa, sobre todos los países que impulsan un VTC. Que se hayan pronunciado de esta forma da por tierra con todas las críticas realizadas por el arco opositor, y que tuvieron como consecuencia que el sistema financiero no haya estado a la altura de la ley”.

El economista se refería así a las críticas que diputados y senadores de la oposición vertieron durante el trámite legislativo de la ley de exteriorización de divisas, calificándola de “ilegal” y vaticinando el rápido fracaso del programa. Algunos amenazaron con llevar la ley ante la Justicia, una vez que fuera sancionada, para intentar obtener una declaración de inconstitucionalidad. Para Sbattella, “la oposición intentó boicotear la presentación de este plan ante el GAFI”.

El programa de exteriorización de divisas tuvo poca adhesión de parte del público para el cual fue pensado, pero aun así el resultado no es desalentador. Hasta ahora logró integrar 500 millones de dólares al mercado inmobiliario a través de los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN), y 50 millones destinados a la promoción de la industria hidrocarburífera, mediante los Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), y continuará en vigencia hasta fin de año.

El ingreso a este programa, a través de la adquisición de alguno de los títulos de crédito explicitados, perdona el delito de evasión impositiva y los intereses adeudados por no rendir cuentas durante el tiempo en que los capitales no estuvieron registrados. Sin embargo, ante la sospecha de que el dinero que una persona intenta exteriorizar pudiera provenir de actividades ilícitas –trata de personas, narcotráfico, comercio ilegal de armas, etcétera-, las entidades bancarias están obligadas a elaborar un reporte de operación sospechosa (ROS), y transmitirlo a la UIF para su evaluación.

Sbattella explicó a Infojus Noticias que, en muchos casos, las entidades financieras incumplieron esa obligación por defecto o por exceso: “en la normativa del GAFI se contemplan sanciones tanto por no reportar operaciones sospechosas, como por reportarlas en exceso y sin ordenar la información ni jerarquizarla, porque ambas prácticas dificultan la persecución del ilícito”. A la vez, para no vincularse al programa de exteriorización, los bancos disuaden a sus clientes cuando muestran interés por alguno de los títulos de crédito, y eso también impactó en la poca adhesión al programa. La aprobación del GAFI servirá para que la UIF exhorte a los bancos a cumplir la norma, y realice un seguimiento mucho más directo de las prácticas de las entidades respecto a los reportes y al trato con los potenciales inversores.