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El Gobierno porteño fue condenado a indemnizar a un motociclista que, por el mal estado de una alcantarilla, cayó y se lesionó cuando circulaba con su rodado por una avenida de esta capital.  La  sentencia, que mandó pagar 211.800 pesos al motociclista, de 49 años, fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña.

La noche del 13 de septiembre de 2007, H.C.E. iba en moto por la avenida Cruz del barrio de Villa Soldati. Cuando llegó a la esquina con la avenida Martínez Castro, por la poca luz había en el lugar, no pudo ver que había una alcantarilla sin tapa y mal señalizada. Quiso esquivarla pero se golpeó con las maderas que señalizaban el pozo y cayó sobre el pavimento. Se fracturó la mano, tuvo lesiones en la rodilla y estuvo inconsciente durante varios minutos después del accidente.

El hombre, que trabajaba como operario metalúrgico, se presentó en la Justicia porteña y reclamó que lo indemnicen por los daños y perjuicios que le causó el hecho y responsabilizó al Gobierno de la Ciudad. Como secuela del accidente no puede cerrar bien la mano izquierda lo que, según pericias psicológicas presentadas en la causa, le genera “angustia, depresión, cambio de carácter, alteraciones del sueño e irritabilidad marcada”.

En primera instancia el reclamo fue rechazado porque no estaba probado que el accidente fue tal como lo contó el hombre. Tras la apelación, el caso llegó a la sala II de la Cámara en lo CAyT que revocó la sentencia e hizo lugar al reclamo del motociclista.

El tribunal consideró que  las "incapacidades físicas y psicológicas sufridas" por el damnificado "como consecuencia de un accidente". Los camaristas Mabel Daniele, Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro y Fernando tuvieron por probado que "el pozo o boca de alcantarilla se encontraba cercado por un armazón de madera y que contra dicha estructura fue que impactó" el demandante. El tribunal afirmó que "la señalización improvisada para advertir la ausencia de la tapa de la alcantarilla devino totalmente insuficiente a la luz de la normativa". Además los camaristas recordaron que, según las normas locales, el gobierno tiene "la obligación de mantener en buen estado de conservación los bienes públicos que le corresponde al titular de los mismos".