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El nuevo paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Senado prevé algunas modificaciones a la ley de abastecimiento 20.680, sancionada hace 40 años. El sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se mostró a favor de la implementación de estos cambios y aportaron ideas y sugerencias al proyecto de ley que se está debatiendo. “El debate en sí mismo ya es muy favorable. Es lo que tenemos que hacer: dar este debate para tener una ley más pareja”, dijo a Infojus Noticias Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA).

“Nosotros pedimos que las Pymes sean excluidas de la ley”, dijo a Infojus Noticias Osvaldo Cormide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que desde el primer momento se pronunció a favor del paquete de leyes sobre producción y consumo. Y explicó que creen en la necesidad de “una ley  para que los grupos dominantes sean controlados por el Estado”. “Lo que pedimos es que la ley sea promulgada con la exclusión de las pequeñas y medianas empresas que son un mercado transparente que no forma parte de la formación de precios”, remarcó Cormide.

Fernández aseguró “nosotros estamos de acuerdo en debatir estas modificaciones porque desde 1974 que se sancionó la ley, nunca se aplicó. Nos parece lógico que esta ley esté en “el mercado”. Y explicó que “es fundamental que –en la ley- haya un capítulo especial de las Pymes, porque muchas veces sufrimos abusos y no tenemos dónde denunciarlos”.  Y detalló que entre las propuestas que están enviando, “está la creación de una defensoría de Pymes donde se puedan radicar los abusos en tarifas o servicios o de materias primas provenientes de grupos monopólicos u oligopólicos, como por ejemplo puede ser la dolarización de las facturas y que, a veces, no te queda más remedio que aceptar”.

Sobre las modificaciones que propusieron, Fernández explicó que, en general, todas las propuestas que llevaron tuvieron “muy buena recepción”. También explicó que del “artículo 1° de la ley queremos sacar las Pymes, que se eliminen las sanciones a las pequeñas y medianas empresas”.

Sobre el debate que está teniendo lugar en el Congreso, Fernández consideró que se están “debatiendo las diferentes reformas para que nadie se sienta perjudicado. Se están buscando los movimientos más favorables para ayudar a los últimos eslabones de la cadena, que seríamos nosotros y los consumidores”, agregó.  “El paso que sigue es la ley antimonopolio, dijo. Y acotó que “sin control de precios de parte del Estado, se dispara la inflación. Es libre albedrío”.

Consultado por Infojus Noticias sobre la ley de abastecimiento y las modificaciones que se le realizarían,  Juan Carlos Lascurain, presidente honorario de Asociación de Industriales Metalúrgico de la República Argentina (ADIMRA), consideró que “tiene que ver una ley (de abastecimiento)” aunque aclaró que para ellos hacen algunas otras consideraciones y que las explicarán  en las próximas horas, a través de un comunicado en la  página web de ADIMRA.

La Unión de Industriales Argentinos (UIA) también se remitió a su comunicado cuando fue consultada por esta agencia. A través de él, que fue emitido por “el grupo de los 6” manifestaron su “unánime rechazo al proyecto de Ley de Abastecimiento”.

Allí también se explica que tras la reunión de la que participaron los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio,  la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, en la sede de la UIA, “para discutir el potencial impacto del proyecto de Ley de Abastecimiento sobre la actividad económica, la inversión y el empleo en cada uno de los sectores”. 

Los participantes resaltaron la importancia de “mejorar la normativa de defensa del consumidor, tal como establece en sus objetivos uno los proyectos de ley enviados al Congreso.  Sin embargo, otra de las iniciativas, conocida como proyecto de Regulación de la Producción y el Comercio (modificatoria de la Ley de Abastecimiento), tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada”.

Sobre las críticas que se realizan desde los sectores monopólicos u oligopólicos, Fernández consideró que “son apresuradas, porque lo que no se quiere es debatir”.

Las multas que se imponen en otros países del mundo a quienes incumplen con las leyes de precios o de competencia fue otro de los puntos que tomó Fernández. “Ellos –por el grupo de los 6- siempre ponen como ejemplo a Estados Unidos, y ahí se pusieron multas por 1000 millones a los que no cumplieron y en la Comunidad Europea,  por 2600 millones”, ejemplificó.

Sobre el lugar que ocupan las Pymes, Fernández explicó “estamos hablando de que las Pymes somos entre 720 mil y 730 mil y las grandes son 4500/4600. Es decir que los que se niegan son un universo muy pequeño. Esta ley nos va a permitir sentarnos a negociar de igual a igual, es una ley más pareja, más justa”, concluyó.