“El trabajo de investigación se orientará a delinear la posible existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero para promover la salida de capitales evadidos de la tributación”, señala el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. Una vez que ese proceso finalice, el informe será enviado al Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo nacional promulgó la ley que crea la comisión bicameral que investigará las maniobras para evadir impuestos que involucran a 4 mil argentinos –titulares, cotitulares o apoderados– en el HSBC de Ginebra, Suiza. A partir de su constitución, la bicameral tendrá 90 días para emitir un informe en base a los datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“El trabajo de investigación se orientará a delinear la posible existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero para promover la salida de capitales evadidos de la tributación”, señala el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. Una vez que ese proceso finalice, el informe será enviado al Poder Ejecutivo.
De esta manera, el Congreso buscará avanzar en paralelo con la denuncia judicial de la AFIP contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias Suiza sin declararlas ante el fisco. La comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores y tendrá por objetivo informar al Poder Ejecutivo, denunciar los ilícitos ante la Justicia y promover las modificaciones legislativas que sean necesarias.
Las cuentas habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras de al menos 3.000 millones de dólares, según señaló la AFIP. Entre las empresas, personas y entidades con cuentas en Suiza figuran Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Adolfo Grobocopatel, Raúl Moneta, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros.
La comisión tiene previsto citar a declarar a los directivos del HSBC, así como a los titulares de las cuentas denunciadas por la AFIP, cuyo informe fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
Podrán también requerir, con carácter prioritario, toda la información que estimen pertinente del sector público nacional, provincial o municipal, y del sector privado vinculado a actividades del mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades para evaluar la misma.
En ningún caso podría interferir el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación.