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A principios de este año se difundió la historia de una joven que había concertado una salida con un hombre vía Facebook y cuando volvían de la cita  lo robó con ayuda de un cómplice. La causa estuvo frenada por un conflicto de competencias pero ahora seguirá en manos de la Justicia provincial por decisión de la Corte Suprema.

En abril del año pasado Federico, que venía hablando con una chica de 20 años por Facebook, concertó finalmente una cita. El joven pasaría a buscarla por su casa para ir a bailar con Estefanía Carrasco. Cuando llegó a su casa se encontró con que estaba junto a una amiga y otros dos amigos. Pero esto no lo detuvo. Todos fueron esa noche a bailar al boliche “La Única” de Quilmes en el auto de Federico.

Unas horas más tarde, después del baile, Estefanía y su amigo subieron al auto del joven. Desde Quilmes le pidieron que los acercara a la zona del Obelisco pero, al llegar, el amigo de la joven sacó un arma y entre ambos lo obligaron a ir a su domicilio, en Olivos. Allí ataron a los padres del joven y le robaron dinero y distintos objetos de valor.

Después del robo, el joven fue a la comisaría 1ª de Olivos donde radicó la denuncia que recayó Unidad Funcional de Instrucción (UFI) distrito Vicente López. Tras varios meses de investigación, los efectivos dieron con la joven en el boliche “Diversión” de Quilmes desde donde la policía la siguió hasta su casa en Bernal, lugar en que fue detenida. De allí se secuestró el celular de la víctima y varios de los objetos robados.

El conflicto de competencias

El que tuvo la causa desde el comienzo, el Juzgado de Garantías N°  1 de San Isidro, se declaró incompetente porque consideró que los hechos comenzaron en Capital Federal.  Pero el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 31 tampoco aceptó tomar la causa porque “el hecho se consumó en jurisdicción provincial”.

Ante esto, es la Corte Suprema la que debe resolver quien sigue a cargo de la investigación. En una sentencia firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Higthon decidieron que sea el Juzgado de San Isidro el que continúe con la investigación del caso.

Para decidir así, los supremos se valieron de la opinión del dictamen de la procuración General, firmado por Eduardo Casal, donde se sostiene que “según surge de la declaración de la víctima… fue en la provincia de Buenos Aires donde se habría producido el robo” y por eso “corresponde declarar la competencia al Juzgado de Garantías N° 1, del departamento judicial de San Isidro, que además previno”.

GA/AF