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Infojus Noticias

15-4-2014|19:30|Reunión Nacionales
La asociación civil ya cuenta con varias sedes en todo el país

Se formó la filial porteña de Justicia Legítima

Un grupo de jueces, defensores oficiales, funcionarios judiciales y abogados se reunieron hoy en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Proponen un cambio de paradigma para el Poder Judicial de la ciudad. la comisión directiva contará con cinco miembros.

  • Dos de los integrantes de Justicia Legítima: Ángel Brunoy Roberto Guinney. Mariano Armagno.
Por: Franco Lucatini

Los integrantes de Justicia Legítima que se desempeñan en el ámbito de la justicia de la ciudad de Buenos Aires se reunieron a pasos del Palacio de Tribunales para conformar la filial porteña de la flamante asociación civil. La reunión fue breve, pero sirvió para reactivar la labor del grupo de jueces, defensores oficiales, funcionarios judiciales y abogados particulares que proponen un cambio de paradigma para el Poder Judicial de la ciudad. Tuvo lugar en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

El único punto en el orden del día era el de la conformación de la filial. La discusión giró en torno a la composición de la comisión directiva, que finalmente contará con cinco miembros. Los que estarán al frente del espacio porteño del colectivo serán Norberto Tavosnanska, juez del fuero penal, contravencional y de faltas; Paula Lago, defensora ante los tribunales de primera instancia del mismo fuero; Paula Vaca, secretaria en la Cámara de Apelaciones del fuero penal; Darío Reynoso, juez de primera instancia del fuero contencioso administrativo y tributario; y Roberto Guinney, subsecretario de planificación de la Defensoría General de la Ciudad.

La diversidad de los representantes hace a la pluralidad del espacio. “No somos la competencia de la Asociación de Magistrados”, bromeó Guinney, consultado por Infojus Noticias. Los roles dentro de la comisión serán dirimidos entre los integrantes, luego de analizar las funciones que sea necesario desempeñar para dirigir el trabajo de la filial. Guinney será el delegado porteño en la mesa directiva de Justicia Legítima a nivel nacional. Aunque los integrantes de esa mesa fueron definidos el año pasado con la aprobación del estatuto de la asociación civil, los delegados de las filiales participarán de sus reuniones con voz pero sin voto.

Ángel Bruno, uno de los integrantes de la mesa nacional que participa de la filial porteña, explicó a Infojus Noticias que las próximas tareas en agenda giran en torno al impulso de un proyecto de ley para conformar un nuevo fuero en el Poder Judicial porteño. Desde la sanción de la Constitución de la ciudad en 1996, se crearon dos fueros: el contencioso administrativo y tributario; y el contravencional y de faltas, que luego de una delegación de la jurisdicción nacional, comenzó a abocarse también a algunos expedientes penales. Sin embargo, en la carta magna de la ciudad autónoma, consta la creación de un tercer fuero, hasta tanto estén dadas las condiciones para que se conforme un Poder Judicial integral como el de las provincias. Ese tercer fuero es el de la justicia vecinal, y nunca fue materializado.

La Constitución de 1996 establece que esa tercera pata del Poder Judicial abordaría cuestiones típicas de vecindad, como los debates llamados “de ambiente”: un asunto típico de esa materia es el de la medianería -discusiones sobre la altura de las paredes medianeras, su estado de conservación, quién está a cargo de arreglarlas, dónde se sitúan de acuerdo a los límites catastrales de cada propiedad, entre otras cosas-. Otros conflictos que podrían ser atendidos allí serían los de consorcios, para evitar el engorroso trámite ante la justicia nacional en lo comercial cuando se trata de asuntos de poca complejidad. Litigios relacionados a los derechos del consumidor, cuando son ellos los que presentan una queja y no la empresa que judicializa un conflicto, también podrían ser resueltos en tribunales “de proximidad”.

En los últimos ocho años se presentaron varios proyectos para crear este fuero, pero nunca hubo suficiente consenso para aprobarlos. Hasta el bloque del PRO presentó una propuesta el año pasado, propiciada por el entonces fiscal general Germán Garavano. La propuesta promovía la posibilidad de jueces “legos” –que no fueran abogados­­– y sin que hubiera defensa letrada para las partes, algo que para Bruno “promueve la desigualdad de las partes”. Aun así, el proyecto no pasó de las comisiones. Los textos anteriores, que plantearon distintas condiciones para estos tribunales, perdieron estado parlamentario, salvo uno que fue tomado por legisladores del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur, pero en este momento no forma parte de la agenda legislativa.

En la reunión reconocieron que los abogados, jueces y funcionarios que trabajan sobre estas propuestas y proponen una visión diferente del Poder Judicial son una minoría dentro del espectro jurídico argentino, y especialmente en el de la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora comparten el espacio de Justicia Legítima y tienen la forma de promover transformaciones. “La mayoría de los abogados y jueces se formaron en una concepción muy liberal del derecho”, planteó Bruno. Guinney coincide, pero mantiene la esperanza: “Con la elaboración de este tipo de propuestas iremos logrando cambios paulatinos que generen otra dinámica en el funcionamiento del sistema judicial”.

Los integrantes de la filial se volverán a reunir en la segunda quincena de mayo, también en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Retomarán la discusión sobre el proyecto de creación del fuero vecinal, que posibilitaría tener un juzgado en cada una de las quince comunas de la ciudad. Y abordarán el debate de los tres ejes planteados por Justicia Legítima a nivel nacional para este año, expuestos por María Laura Garrigós de Rébori en la última reunión en la Biblioteca Nacional: el análisis del perfil del juez que requiere el Poder Judicial de hoy, la discusión sobre la delegación de funciones de los magistrados en funcionarios de menor jerarquía, y el debate sobre las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia. 

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