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“Quiero que revisen mi sentencia”, escribió en una hoja Cristina Vázquez. Lo hizo en el correccional de mujeres de Posadas, donde está detenida hace siete años. Está condenada a perpetua por un crimen que ella dice que no cometió y sobre el cual no hay pruebas directas ni testigos presenciales que la involucren. Una amiga que vive en Buenos Aires fue a buscar hasta Misiones el papel de puño y letra para presentarlo, en febrero pasado, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un recurso de queja. El máximo tribunal del país tiene ahora en sus manos el expediente. El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal (APP) presentó un amicus curiae para apoyar a la mujer de 34 años. En tanto su amiga, junto a otra compañera, está preparando un documental con la historia de la misionera.

Cristina, junto a otras dos personas, están condenados por el asesinato de Erselida Lelia Dávalos, de 79 años. A la mujer la mataron a martillazos durante un robo en su casa en el barrio de El Palomar el 27 de julio de 2001. El cuerpo lo encontró la empleada doméstica en un charco de sangre. En la vivienda faltaban joyas y las habitaciones estaban revueltas. En el barrio se comentaba que la anciana había cobrado un seguro de vida de su marido, quien había fallecido cuatro meses antes del crimen. Desde un primer momento, la teoría fue que alguien conocido por ella -con ese dato- entró a la casa para robar esa plata. En base al relato de un vecino que dijo haber visto un muchacho de la cuadra, los policías dieron con tres sospechosos: Omar “Kolyno” Jara, Cecilia Rojas -que eran pareja- y Cristina, que en ese entonces tenía 19 años. En mayo de 2010 el Tribunal Penal 1 de Posadas los condenó a perpetua. Antes de escuchar la sentencia Cristina le dijo a la hija de la víctima: “Yo no le asesiné a su madre”.

Hace dos años el Tribunal Superior de Misiones confirmó ese veredicto. Desde su primera declaración indagatoria, la chica misionera sostuvo su inocencia con pruebas concretas. La noche del asesinato, ella estaba en Garupá, a 8 kilómetros de la escena del crimen. El testimonio de Celeste García y Pedro Oyhanarte corroboraron su versión pero el Tribunal que la juzgó se ocupó de desacreditarlo. Por otra parte, en la causa no hay pruebas científicas: en la casa de la anciana no había ni una huella de Cristina. “Cuando tomamos conocimiento del caso no lo podíamos creer. Ella tenía la condena firme y no lo sabía. La sentencia construye la culpabilidad de Cristina en base a estereotipos de clase y género”, explicó a Infojus Noticias Indiana Guereño, directora del Observatorio de la APP que acompaña el caso mediante el recurso de amicus presentando ante los ministros de la Corte.

Las irregularidades de la causa

Según se desprende del amicus, en el caso de Cristina se vulneraron distintas garantías constitucionales. “No hubo garantía que no haya quedado violada”, señaló Guereño. En principio, Marcela Leiva, la presidenta del Tribunal de juicio que la condenó en primera instancia, ya había tomado contacto con la causa antes de sentarse en el estrado como jueza. Leiva se había desempeñado como secretaria del Juzgado de Instrucción 1 donde se desarrolló gran parte de la instrucción. “No hubo imparcialidad. El Tribunal tiene que revisar lo que pasó en la investigación y en este caso no ocurrió porque ya había sido parte. La misma persona que había encarado la investigación estuvo en el Tribunal”, explicó la titular del Observatorio.

“No hay una acusación clara y concreta sobre lo que hizo Cristina el día del hecho”, destacó la especialista, que hizo hincapié en el sexismo y la discriminación de clase presente en el fallo condenatorio. “Juzgaron el estilo de vida de las personas cuando tendrían que haber juzgado el homicidio”, señaló Guereño. En varios tramos de la sentencia se la acusa de “tener un estilo de vida promiscuo y marginal. También la señalan por ser “adicta a la marihuana”. El propio fallo condenatorio, al que tuvo acceso Infojus Noticias, admite la falta de pruebas y una sentencia en base a indicios: “Solo me resta hacer referencia a que si bien no existe prueba directa que acredite la autoría de los encartados respecto del hecho investigado, sí hay prueba de carácter indiciaria suficiente para consolidar un estado de certeza sobre el hecho investigado y sus autores”.

Otro de los puntos que se cuestionan en el amicus es que no se profundizaron otras líneas de investigación más firmes. “Se siguió la hipótesis más cómoda”, opinó Guereño. La última persona que fue vista en la casa de la víctima fue Juan Carlos Trinidad, un electricista que había ido a reparar un artefacto. Un vecino del lugar contó en sede judicial que el hombre se fue “raudamente” del lugar después de las 21. A pesar de que el horario coincide con la hora del ataque, esta hipótesis no fue investigada. “Tampoco se investigó a los familiares de la víctima u otros conocidos”, aportó Guereño.

El documental

Magda Hernández y Gabriela Cueto son las amigas de Cristina que decidieron encarar un documental audiovisual con la historia de la joven. Fue cuando tomaron contacto con el expediente y se dieron cuenta que era víctima de un proceso judicial injusto. Magda es colombiana y vive en Buenos Aires desde 2007. Ese año conoció a la misionera. A Cristina la detuvieron tiempo después mientras trabajaba como mesera en un restaurante de Recoleta. Magda no sabía que su amiga tenía una causa en su contra.

Cuando se enteró la fue visitar a Posadas y surgió la idea de hacer el documental para poder ayudarla. Desde entonces viaja seguido a Misiones. “Queremos contar cómo una vida común que se vuelve muy trágica”, dijo la documentalista colombiana a Infojus Noticias. Magda está segura de la inocencia de su amiga. Para ella el expediente está basado en “chismes” y no tiene pruebas. “Es grave que hayan condenado a alguien a perpetua por un homicidio sin pruebas”, acotó.

Mientras continua detenida, la chica espera que el máximo tribunal responda su pedido que llegó a comienzos de este año en forma manuscrita y luego argumentado por su defensora oficial. Quiere retomar su vida, la que puso en pausa hace 14 años cuando la señalaron como asesina sólo por ser vecina de una mujer muerta.

MFA/JMM