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Las comisiones del Consejo de la Magistratura se reúnen hoy para avanzar en el tratamiento de una treintena de expedientes con denuncias contra magistrados del fuero federal y el ordinario. La Comisión de Selección intentará avanzar en seis concursos para vacantes en fueros federales en Salta, Rosario, General Roca y Zapala; y en el de la Cámara Federal de Casación Penal. También se analizaran modificaciones al Reglamento General del Consejo y aprobar distintos pliegos para el Poder Judicial de la Nación.

La primera en reunirse será la Comisión de Selección de Magistrados, a cargo del diputado Héctor Recalde, que avanzará en una serie de concursos que buscan cubrir vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de cuatro cargos donde la semana pasada el organismo realizó las entrevistas personales con los postulantes. También los consejeros presentaran informes en los concursos para la Cámara Federal de Rosario, sala A; el Juzgado Federal de General Roca y el Juzgado Federal de Zapala.

La comisión de Disciplina y Acusación que tiene como presidente al representante académico en el organismo, Jorge Candis, analizará 31 expedientes con denuncias contra jueces. En esos expedientes, 15 tienen dictámenes de desestimación in limine; catorce con desestimaciones y otros dos tienen pedidos de citación a distintos magistrados por el artículo 20 del reglamento de la comisión, esto es, una especie de declaración indagatoria ante el Consejo.

Uno de ellos es el expediente donde hay una denuncia por mal desempeño contra el juez Luis Herrero. El diputado y ex consejero Carlos Moreno denunció al juez integrante de la Cámara de la Seguridad Social por mal desempeño en sus funciones, por declaraciones que dio al diario Página/12.

Hay tres dictámenes para votar: uno que promueve la citación del juez y otros dos que propugnan por la desestimación de la denuncia. El primero fue presentado por Recalde (que hizo suyo un dictamen del ex consejero Moreno) y los otros presentados por el diputado Ángel Rozas y la abogada Adriana Donato.

El juez federal salteño Miguel Medida también tiene un expediente donde se pide se los cite a dar explicaciones que fue presentado por el consejero Julián Álvarez. Se analiza la actuación del magistrado en un caso de trata de personas que estuvo dos años paralizado.

El expediente llegó al organismo a fines de octubre de 2013 luego que lo remitiera la Procuración General de la Nación a partir de un informe realizado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo. El fiscal federal Horacio Arranz, había advertido "demoras” en la causa y se lo comunicó a Colombo.

Otro de los expedientes tienen en sus manos los consejeros es sobre una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas sobre su actuación en la causa en la que finalmente fue absuelto el ex presidente de la Nación Fernando De La Rúa, donde se investigaba el presunto pago de sobornos para aprobar leyes laborales.

Se trata de un expediente que acumula tres denuncias, una realizada por el los jueces del TOF N° 3 -Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez-, otra por la abogada Carla Pérez Bonilla y una última por el senador y ex consejero de la magistratura, Mario Cimadevilla. En este caso existe un dictamen que propone la desestimación de la denuncia, que fue presentado por el consejero Candis.

La Comisión de Reglamentación, a cargo del abogado Miguel Piedecasas, también se reunirá para analizar tres proyectos que intentan modificar el reglamento general del Consejo de la Magistratura. Todas las propuestas quieren modificar el artículo 5 del reglamento que es el que establece los límites de tratamiento de las denuncias en el Consejo.

Según el reglamento las denuncias deben ser tratadas dentro de los tres años de su presentación. Si esto no ocurre, hay un lapso de cuatro meses donde el plenario debe tratarla, luego de lo que debe ser archivada. Uno de los proyectos que hay es el que presentó el ex consejero Mario Fera que pone un límite al tiempo de los expedientes.

A este proyecto se agregaron otros dos, uno presentado por el juez federal Leónidas Moldes, que propone establecer que esos cuatro meses sean “corridos”; y otro de la abogada Adriana Donato que pide directamente eliminar esos cuatro meses.

GA/RA