Junto a Gerardo Larrambebere y Miguel Gordo denunció a Juan José Galeano como parte de un complot para encubrir la investigación por el ataque terrorista. Ese caso comenzará a ser juzgado ante un tribunal oral el próximo 6 de agosto.
El juez Miguel Guillermo Pons dejará, a partir del 1° de septiembre, su cargo en el Tribunal Oral Federal N 3 donde participó, junto a Gerardo Larrambebere y Miguel Gordo, en el juicio que anuló la investigación del entonces juez federal Juan José Galeano y lo denunció como parte de un complot para encubrir la investigación del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), hechos por los que el ex juez llegará a juicio el próximo 6 de agosto junto al ex presidente Carlos Menem. En tanto, el tribunal que deja Pons –con otra integración– seguirá interviniendo en relación al atentado en el juicio que tiene como único imputado a Carlos Telleldín, acusado por ser el último poseedor de la Traffic que se habría utilizado como coche bomba. Aún no se fijó la fecha para el inicio de este debate.
El juez que hace un tiempo había iniciado su trámite jubilatorio participó en varias causas, de resonancia pública e histórica. Entre 2001 y 2004 el Tribunal Oral Federal N°3 realizó el juicio oral y público en el que Telleldín y un grupo de policías Bonaerenses fueron señalados por el atentado en la AMIA que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos. Al finalizar ese debate, los jueces anularon la acusación. En el fallo, detallaron las numerosas irregularidades detectadas durante el debate: La más notoria fue el pago a Telleldín de 400 mil dólares -de la SIDE- para que involucre falsamente a los policías en el atentado.
Pese a esto, en la sentencia consideraron que les correspondía dar respuesta “a las legítimas expectativas” de las víctimas y de la sociedad “de conocer la verdad”. Y se explayaron sobre el ataque. Consideraron probado que la Traffic -cuyo último poseedor fue Telleldín- fue el arma que cargada de explosivos se utilizó para el atentado. Por esto, el actual abogado y ex reducidor de autos está procesado como partícipe necesario del atentado, será juzgado por segunda vez en un debate que con una nueva integración encabezará el mismo tribunal.
Pero estos no son los únicos juicios de remarcada trascendencia pública en los que intervino Pons. El año pasado -después de escuchar a los testigos durante 14 meses- participó, junto a Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, en el juicio que absolvió a todos los acusados por el supuesto pago de coimas a senadores durante el gobierno de la Alianza para que aprobaran leyes para la flexibilización laboral. En otro caso, junto a Larrambebere en lugar de Ramírez, absolvieron al ex ministro de Justicia Gustavo Béliz, quien fue acusado por el ex jefe de la SIDE Jaime Stiuso por difundir su fotografía en un programa de televisión. Entendieron que no existía delito, en tanto el ex titular de Contrainteligencia había declarado como testigo en varios jucios y, por lo tanto, su rostro era conocido.
Su intervención en juicios por delitos cometidos durante la última dictadura tuvo resonancia en los medios. En 2009, tras recibir la causa “Hospital Posadas”, Pons se excusó luego de admitir que la detención de su primo hermano, capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons, investigado por el secuestro en 1976 del intendente de Punta Alta en la base naval de Puerto Belgrano, afectaba su “garantía de imparcialidad”. Por entonces, la querella encabezada por Rodolfo Yanzón recordó que en 1985, como juez federal porteño, Pons “dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura”. Esa conferencia, recordaría el poeta y periodista Eduardo Galeano, fue ofrecida, entre otros, por Juan Gelman, y “tuvo lugar en plena dictadura y en el ejercicio de un legítimo derecho de rebelión”.
El año pasado en La Plata, en el juicio cometido por los delitos cometidos en el centro clandestino conocido como La Cacha, Matías Reggiardo Tolosa, uno de los mellizos robados e inscrito como propio por el policía federal Samuel Miara, recordó que en 1986, cuando el represor supo que lo estaban investigando, escapó a Paraguay, a pesar de las advertencias de Abuelas de Plaza de Mayo al juez Miguel Pons de que eso podía suceder. “Nos llevaron en un vuelo ilegal, no declarado, nos bajaron en Iguazú y nos cruzaron en auto a Paraguay. Miara tenía contactos con la dictadura de Stroessner”, relató Matías en ese juicio.
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