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En la segunda audiencia del juicio por enriquecimiento ilícito contra Alberto Kohan, declararon los primeros dos testigos. La ex diputada Mary Sánchez, quien había hecho la denuncia en 1999, no se presentó a declarar. El abogado defensor Jorge Sandro pidió al Tribunal que excusara a Kohan de seguir asistiendo a las audiencias hasta que se lo requiriera. El tribunal concedió pero le recordó que “el mayor interesado en este proceso” es él. 

El fiscal de Instrucción Sergio Delgado, en su requerimiento de juicio oral, sostuvo que Kohan ingresó a la función pública en 1989 con una sola propiedad en Vicente López y, al retirarse en 1999, declaró 9 propiedades, 3 autos, 1 barco y 70 armas de fuego. Kohan fue secretario general de Presidencia del gobierno de Menem. En 1990 renunció y volvió a asumir durante el segundo mandato presidencial. En 1999, cuando dejó el cargo, se inició la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La audiencia empezó a las 10 de la mañana con el testimonio del comisario retirado Diego Gómez. Desde el 2003 al 2006 Gómez fue el jefe de la Brigada de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal. Su aporte fue escaso. Contó que las operaciones se realizaban pidiendo informes bancarios, de propiedades, de migraciones a distintos organismos. Todo ese material era analizado por un contador. La función de Gómez era facilitar los informes pedidos por el técnico.

Frente a las preguntas de la fiscal Fabiana León, el comisario retirado respondió, una y otra vez, que no recordaba. Ni los resultados de la investigación, ni quién dio la orden para iniciarla, ni qué decía el informe final, ni si la esposa de Kohan había sido investigada, ni el nombre del contador que había estado a cargo, ni “nada puntual que pueda aportar”. El comisario retirado Diego Gómez, no recordaba nada. Ante una pregunta de la Oficina Anticorrupción, que es querellante en el juicio, Gómez declaró que su “labor era más policial que contable”.  El presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, Néstor Costabel, le mostró la foja 1489 del expediente donde figuraba su firma en un informe. La reconoció como propia, pero no recordaba qué decía el informe. “En ese momento había un ex presidente, dos senadores y varios funcionarios investigados. Esta investigación no era la única con nombres conocidos”.

El segundo testigo convocado por la fiscalía fue Jorge Oscar Fernández, jefe de la Agencia N° 5 de la AFIP. La declaración de Fernández estuvo orientada a explicar las deficiencias del sistema de registro durante los años en que fue investigado Kohan. “Hoy en día el sistema es capaz de detectar factores de riesgo, pero en esos años todo era más precario”, contó. Ante la pregunta de la Oficina Anticorrupción, Fernández dijo que las declaraciones juradas son “autodeterminativas”, es decir que los datos son aportados por cada contribuyente y se presupone que lo declarado es lo que existe en su patrimonio. También reconoció que entregó copias de declaraciones juradas de Marta Franco entre el 2001 y 2004 para la investigación.     

El tercer testigo convocado para hoy era Mary Sanchez, ex diputada nacional por la Alianza, quien denunció a Kohan en 1999. En aquel momento la denuncia se centraba sobre 3 departamentos en el mismo edificio de Puerto Madero. La diputada había difundido copias de escrituras que confirmaban que las propiedades habían sido compradas por una sociedad anónima llamda Sabores en 1994. Fueron compradas a la empresa IRSA que manejaba en argentina las inversiones de George Soros, uno de los empresarios más poderosos del mundo. Según ese documento, Sabores estaba constituida por Juan Domingo Protto y Alberto Kohan. En la escritura se decía que la S.A. Sabores compró tres unidades funcionales por el monto de 593.021 dólares. En septiembre de 1999, se denunció que en esos departamentos funcionaban casinos clandestinos. Hoy Mary Sánchez no fue a declarar por no haberse notificado en su domicilio electoral ni responder en el número telefónico con el que cuenta el Tribunal.

El proceso judicial que lleva 14 años desde la denuncia y 7 desde que se elevó a juicio oral, espera contar con los testimonios de empleados del Banco Galicia, del Banco de la Provincia, de los escribanos que firmaron las ventas de una propiedades en Monte Grande, y dos en la ciudad de Buenos Aires, una sobre la calle Coronel Díaz y otra sobre la calle Pasteur, un perito de armas, miembros de la S. A. Sabores y un contador que será perito de parte para la defensa. La próxima audiencia será el martes 2 de julio a las 13 hs.