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El forense que hizo la autopsia del cuerpo de Patricio Barros Cisneros contó alrededor de 30 golpes solo en su cabeza. Un grupo de entre 7 y 10 penitenciarios de la Unidad 46 de San Martín lo había esposado, tirado gas pimienta y golpeado con patadas y trompadas hasta matarlo el 28 de enero de 2012. Los agentes dieron una versión inverosímil: que Patricio se había suicidado golpeando su cabeza contra una reja. Las pericias y los testigos dijeron todo lo contrario. El próximo martes en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, de San Martín, comenzará el debate oral que llevará al banquillo a seis penitenciarios por el crimen del joven de 26 años. Enfrentan la posibilidad de una condena perpetua por torturas seguidas de muerte. Un séptimo acusado todavía está prófugo.

Patricio murió frente a la vista de todos: su novia que había ido a visitarlo al penal, otros presos, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y las visitas. “Es una oportunidad para que el Poder Judicial demuestre que puede cerrar el circuito de impunidad que impera en el servicio penitenciario. Este caso es paradigmático por la brutalidad y porque los abusos y torturas suelen ocurrir a puertas cerradas donde nadie ve lo que pasa. La única prueba son los golpes. Acá había testigos”, dijo a Infojus Noticias, Mariano Lanziano, uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a los hermanos de Patricio como querellante.

El día del crimen Gisela, la novia de Patricio había esperado tres horas para poder entrar a verlo al lugar donde cumplía una condena. Ella estaba embarazada de 4 meses y como hacía calor, él pidió un lugar con sombra. Los penitenciarios se negaron y comenzó una discusión que terminó en un pasillo. Uno de los agentes saltó con sus dos pies sobre el pecho del joven y ahí empezó la golpiza fatal. Fue una sesión de tortura larga. Patricio no pudo defenderse del ataque desproporcionado: tenía sus manos atadas en la espalda. Un golpe le hundió el globo ocular dentro del cráneo.

“Fue un homicidio frente a un montón de personas. Por una represalia que no tenía ningún sentido de reprimir. No se trata de un caso aislado porque hay muchos otros que terminan pasando por suicidio. La muerte de Patricio muestra en extremo que la violencia es consentida por las autoridades penitenciarias y por el Poder Judicial que controla”, explicó Lanziano.

Los detenidos que fueron testigos del crimen recibieron presiones para firmar la versión oficial. Cuando fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal, contaron cómo había sido la brutal golpiza. A partir de estos testimonios y la declaración de la novia de Patricio, el fiscal ordenó la detención de los agentes señalados hasta el momento. Sin embargo, el día anterior varios de ellos se habían dado a la fuga.

“Nos entrevistamos con más de 100 detenidos. Todos sostenían que a Patricio lo habían matado a golpes y no se había suicidado. La autopsia lo confirmó. Tenía golpes apergaminados, que son durante el proceso de la muerte. No se pueden auto infligir”, explicó el abogado de la familia. Y puntualizó: “Hay una responsabilidad enorme del Poder Judicial para que a los testigos no les suceda nada. Ellos tienen que volver a las unidades donde están detenidos. Muchos casos se han caído porque los testigos sienten que está en riesgo su vida”.

Torturas y muertes que no llegan a juicio

El crimen de Patricio no es un asesinato aislado. Según los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67 por ciento de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1 por ciento llegó a un juicio. “Por eso es tan importante que se haya llegado a esta instancia, que se debata con peritajes y testigos”, destacó Lanziano.

El primer fiscal de la causa, Carlos Insaurralde, fue separado. Además de haber creído enn la versión oficial, permitió otras irregularidades. Por ejemplo, no se secuestró la ropa de los penitenciarios. Todavía hay sumarios abiertos y una investigación que está detrás del encubrimiento.

Los acusados son Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego, Claudio Keem y Juan Liberto. Hubo otro detenido, Víctor Silva, quien se ahorcó en su celda de la Alcaidía de Avellaneda. Todos llegan detenidos, con excepción de Keem. César Raúl Benítez es otro de los hombres que participó de la golpiza. Sin embargo, no estará en el debate oral porque se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional.

MFA/JMM