Infojus Noticias

Javier Sierra nunca pensó que el paisaje serrano de su pueblo natal podía causarle vértigo. Dice que tardó dos días en poder caminar por las calles de Santa Rosa de Conlara, en San Luis. El horizonte abierto lo mareaba. Pasó cuatro años, cinco meses y 16 días encerrado en el penal puntano, acusado de decapitar al changarín Eduardo “Cusa” Morales, en julio de 2002. Por el crimen también fue condenada su madre, Susana Ramos.

Javier y Susana recobraron la libertad el jueves pasado. El Supremo Tribunal de Justicia de San Luis les otorgó el beneficio de la duda y revocó la sentencia de cadena perpetua que pesaba sobre ambos. Los jueces consideraron que el fallo “hace un uso abusivo de la prueba indiciaria” y que, por ese motivo, transformaba a la sentencia en “una verdadera ciencia ficción”.

“Lo primero que hice cuando llegué al pueblo fue caminar hasta la iglesia. Después volví a casa y me encerré. Me sentía raro, me mareaba: tantos años bajó techo, a la sombra”, dijo el hombre de 34 años a Infojus Noticias. “Ahora no puedo dejar de sentir un dolor inmenso por haber estado preso por algo que no hice. Toda mi familia estuvo en la cárcel. Le agradezco al tribunal que hizo justicia de nuestra injusticia”.

El 12 de diciembre de 2012, la Cámara del Crimen de Concarán acusó a madre e hijo de “homicidio agravado por alevosía” y absolvió a Mario Sierra, padre de Javier y esposo de Susana. Los tres estaban presos desde noviembre de 2010.

Javier dice que aquel día la sentencia le sonó como un campanazo.

-Quedé aturdido. No entendía nada. Yo ni siquiera estaba en Santa Rosa el día que mataron a ese –recuerda hoy.

En sus fundamentos, Lilia Ana Novillo, integrante del Tribunal, sostiene que “la prueba indiciaria que da cuenta la sentencia no tiene la fuerza de convicción aplastante, irresistible y con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia”.

Corte quirúrgico

En 2002, Santa Rosa de Conlara tenía cuatro mil habitantes. Uno de ellos, “Cusa” Morales, changarín de 42 años, apareció degollado en una zona de campo tupido, la mañana del lunes 29 de julio. Llevaba muerto varios días. Su cuerpo estaba a unos 50 metros de la casa de los Sierras. Parada junto a un árbol, estaba su bicicleta. Para los peritos, el hombre fue asesinado en otro lugar y luego depositado allí. Su cabeza fue encontrada un mes después, a un kilómetro del lugar. Lo que nunca se halló fue su pene. Lo habían castrado.

Javier tenía 21 años, vivía en Córdoba y estaba a tres meses de licenciarse en Administración de Empresas cuando se enteró de la noticia. Conocía a “Cusa”: hasta 1993 había trabajado en el corralón de venta de material de construcción de su familia, hasta que fue despedido. “Arreglamos el litigio con 300 pesos de la época”, contó a Infojus Noticias Mario. Años después, Javier y “Cusa” protagonizaron algunas peleas de pueblo, pero la última había ocurrido en 1998.

Para la Cámara de Concarán, eso antecedentes fuero el motivo del crimen. El tribunal Superior lo evaluó de manera inversa. Si bien estas “acciones denotan un cierto grado de enemistad entre ambos”, dice el fallo, de ninguna manera autoriza a pensar que “desencadenan la muerte de Morales, más teniendo en cuenta el tiempo entre los incidentes referidos y la fecha del crimen”.

Los jueces de Concarán concluyeron que la encargada de separar la cabeza de “Cusa” fue la madre. Se basaron en los testimonios de tres vecinos. Uno de ellos, el peluquero del pueblo, que en la audiencia repitió los comentarios que escuchó en su local: “Cuando era joven, Susana se dedicaba a la faena de chivos. Los degollaba de parada”, dijo. Por la habilidad quirúrgica con que había sido separada la cabeza del cuerpo, los peritos concluyeron que se trataba de alguien “con conocimiento y experiencia”. Con este tipo de indicios se construyó la sentencia que mandó a la cárcel a madre e hijo.

“Este fallo del tribunal es ejemplar en cuanto a la prueba inicial y cuál es su valor probatorio a los fines de una condena”, dijo a Infojus Noticias el abogado de la familia Sierra, Hugo Scarso.

Para Scarso, no se investigó lo que, para él, era la principal hipótesis del crimen: que “Cusa” fue asesinado en la whiskería Monas, el sábado 27 por la noche. Para desviar la investigación de esta pista, tanto la defensa como el fallo del Tribunal Superior de Justicia coinciden en que fue clave la participación del comisario Jorge Palma, encargado de la investigación en los primeros ocho días del crimen. “Él desvió la investigación. Hizo todo lo que no se debe hacer en un caso de homicidio”, acusa el abogado.

La parte que falta

El dato de que el pene de Cusa fue mutilado no es menor. Morales padecía un retraso madurativo. “Tenía un problemita, pobre chico”, cuenta Mario. Pero en el pueblo había logrado algo de “fama” por su atributo masculino. Según consta en la causa, en una de las mesas del burdel Monas había un dibujo de su pene con la leyenda “yo me banco la de Cusa”. “Las chicas del lugar se burlaban de él. Le daban alcohol y lo hacían bailar desnudo”, contó un testigo en la audiencia. El mismo testigo dijo también que el sábado 27, en Monas, estando Cusa, hubo una pelea. Otros dos declarantes vieron llegar “de civil y borracho” al comisario Palma, en una camioneta policial.

“Un capítulo aparte merece el comportamiento policial en la escena del crimen”, escribió la magistrada Novillo. Y enumeró una serie de acciones, toda dirigidas por Palma, que terminaron por anular los elementos que podían conducir a esta línea investigativa: medio pueblo invadió el lugar donde fue encontrado el cuerpo y manipuló la bicicleta de Morales, lo que “dio lugar a la inexistencia de huellas dactilares”, dice el escrito. Por orden de Palma, el cuerpo de Cusa estuvo casi 20 horas en un camión de bomberos antes de ser entregado a los forenses. Tampoco ordenó secuestrar las cámaras de seguridad del paso fronterizo con Córdoba.

A los pocos días del crimen, Monas cerró. Las piletas donde una testigo vio “manchas de sangre”, fueron remodeladas. Cuando llegó la inspección ocular, el lugar era otro.

En el pueblo puntano se organizaron varias marchas para pedir por la libertad de los Sierra. Susana estuvo tres años y cuatro meses encerrada, hasta que el tribunal le concedió la prisión domiciliaria, por tener otros dos hijos con discapacidad. Mario pasó dos años con prisión preventiva. Desde que salió, viajó cada miércoles y domingo a visitar a su mujer y a su hijo mayor.

–Yo me salvé porque me mantuve ocupado. Otro en mi lugar se muere, se vuelve loco. Yo trabajaba, volvía a la celda para dormir. Mi reflexión es que esto no tiene que pasar nunca más a nadie –se lamenta Mario.

WC/RA