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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece que un país tiene un alerta de producción de drogas cuando ocupa grandes superficies de su territorio para plantar estas sustancias o las materias primas para su elaboración, por ejemplo coca o marihuana. “Desde esta óptica Argentina sigue siendo un país de tránsito. No tenemos cultivos, fundamentalmente por cuestiones climáticas”, explicó Alejandro Corda, abogado e investigador de la Asociación Civil Intercambios.

Según el Informe de Naciones Unidas World Drug Report 2013, Perú, Colombia y Bolivia son los principales países productores de cocaína en el continente. “Los principales centros de procesamiento -de la hoja a la pasta base y de la pasta base al clorhidrato de cocaína- se encuentran en estos tres países. Eso no significa que en Argentina no haya laboratorios, pero la cantidad es considerablemente menor que en los países productores”, explicó Corda. Según el informe “Centros de Procesamiento Ilícito de Estupefacientes en Argentina” de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) un 68 por ciento de las cocinas detectadas en el país son utilizadas para el estiramiento de estupefacientes y no para la producción.

Respecto de la marihuana, el informe “El Problema de las Drogas en las Américas” de la OEA indica que Paraguay es el principal proveedor de cannabis en el Cono Sur. “La única producción que tenemos en Argentina es la doméstica, la del autocultivo”, explicó Corda.

Rosario es la Medellín argentina FALSO

Ante la creciente cifra de homicidios en Rosario a más de uno se le ocurrió comparar la ciudad con la Medellín de Pablo Escobar. Las cifras lo desmienten:

El año pasado la ciudad argentina alcanzó su récord de asesinatos desde el regreso de la democracia: 264, un equivalente a 22 homicidios cada 100 mil habitantes. En 1991, en pleno auge de la guerra entre los cárteles de Medellín y de Cali –que contaba con apoyo del gobierno colombiano y de la DEA- la ciudad alcanzó una tasa de 375 muertes violentas cada 100 mil habitantes.

“Rosario está a un nivel de casi normalidad, no está al nivel de la peor ciudad de México, ni de la peor de hace veinte años de Colombia. Está a un nivel un poco más alto que el resto", explicó el secretario técnico de la Red Global de Ciudades Más Seguras de la ONU, Franz Vanderschueren, que visitó la cuidad hace algunos días.

En octubre del año pasado el juez de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina ordenó 29 allanamientos, varios de ellos en el complejo de countries Nordelta, en Tigre. Allí fueron detenidos siete ciudadanos colombianos, entre ellos John Eduard Martínez Grajales -alias “El Doctor”- y Jesús Antonio Yepez Gaviria. Ambos tenían vínculos con el cartel de “Los Machos”. Cuando fueron detenidos estaban por recibir un envío de Bolivia de 114 kilos cocaína que planeaban exportar a Europa.

Este caso no fue el primero. En los últimos años, la mayoría de los capos narcos detenidos en Argentina vivían en barrios privados. “Ellos vienen a vivir acá porque tienen miedo”, contó a Infojus Noticias un empresario de Nordelta que hizo negocios con algunos de ellos. Es el caso de Henry de Jesús López Londoño, conocido como "Mi Sangre". Ingresó al país en 2011 con un pasaporte venezolano y vivió en varios countries para no ser descubierto. Finalmente se instaló en Nordelta con su esposa y sus hijos.

Unos años antes que él, en 2005, su compatriota Ignacio Alvarez Meyendorff –extraditado a Estados Unidos por traficar cocaína en submarinos- vivió en el country Abril de Berazategui. Los dos ciudadanos colombianos asesinados en 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de Martínez, vivían en Ayres del Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense. Uno de ellos, Héctor Edilson Duque Ceballos, alias Monoteto, era hombre de confianza de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe máximo del cartel La Cordillera.

La plata del narcotráfico se inserta en la economía formal VERDADERO

Los investigadores llegaron a la casa del narco colombiano Jesús Antonio Yepez Gaviria, en el Barrio Los Castores del country Nordelta siguiendo la ruta del dinero narco. El juez Santamarina había ordenado la intervención de cincuenta líneas telefónicas y el seguimiento de los principales sospechosos. Así descubrió que una parte de la banda era la encargada del transporte de la cocaína a Buenos Aires –y de allí a Europa- y otra parte se encargaba de reingresar el “dinero caliente” en la economía formal.

Uno de estos últimos era Yepez Gaviria. En el expediente judicial constan inversiones inmobiliarias, compra y venta de autos, transporte de pasajeros, operaciones financieras y compra de jugadores de fútbol, entre otras actividades. Toda la documentación referida al lavado de dinero está en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF), que sigue de cerca el avance de la causa.

Las investigaciones por lavado del dinero narco conforman la excepción a la regla. En la mayoría de los casos, los funcionarios judiciales prefieren cerrar la instrucción de la causa y no avanzar en este punto. Un ejemplo de esto es la causa por lavado de activos que involucra a los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, que fue archivada por el juez federal Alejandro Catania.

Los hermanos Juliá fueron condenados en España después de haber ingresado a ese país un avión con 944,5 kilos de cocaína. “Para transportar casi una tonelada de cocaína tuvieron que montar una potente estructura en nuestro país, pero el juez y el fiscal se resisten a investigarlos por lavado de dinero. Lo que implicaría investigar los lazos familiares y relaciones de los Juliá”, dijo el titular de la UIF, José Sbatella

 “Ya sea por falta de capacidad operativa o por motivos que no se explican, hay resistencia del juez y en general la justicia argentina no está acostumbrada a seguir el camino del dinero en sus investigaciones”, agregó Sbatella. 

La solución es endurecer las penas y construir más cárceles FALSO

En octubre del año pasado, jueces federales de Salta y Jujuy advirtieron sobre el incremento de casusas penales por estupefacientes y pidieron más nombramientos y más cárceles para poder combatir el narcotráfico. Según un informe publicado por la revista de la Asociación Pensamiento Penal un 55 por ciento de las condenas que hubo en 2010 en Jujuy correspondió a “mulas”, uno de los eslabones más débiles de la cadena de comercialización de drogas. Esta misma estadística se extiende al resto del territorio nacional. Un informe reciente de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) indica que el 38 por ciento de las causas abiertas sobre infracción a la ley de estupefacientes persiguen a consumidores. En solo el 3,4 por ciento de los casos se investiga a narcotraficantes.

Hay que militarizar la lucha contra el narcotráfico FALSO

“No hay buenas experiencias en casos de que las Fuerzas Armadas han intervenido en temas de narcotráfico”, explicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuando desde diferentes sectores políticos plantearon el debate. En la práctica, la militarización del combate al narcotráfico evidenció su fracaso en varios países del continente. El caso más paradigmático es el de México. La guerra contra el narco causó más daño que el de muchas dictaduras en América Latina: más de 100 mil muertos y 26 mil desaparecidos.

“El ejército no era la forma de combatir el narcotráfico”, explicó la periodista mexicana Marcela Turati, premiada por la Universidad de Harvard y autora del libro “Fuego Cruzado. Las victimas atrapadas en la guerra del narco”. “Comenzó en diciembre de 2006, cuando inició su presidencia Felipe Calderón con una sorpresiva declaración de guerra contra el narcotráfico y enviando a militares y a policías federales a combatir a los narcos en las calles. Y ellos obedecieron. Los narcos también salieron. Cada ejército mostró sus poderosas armas. Ellos convirtieron cualquier calle de cualquier ciudad en un campo de batalla, y dejaron miles de víctimas atrás. El sexenio terminó en tragedia. Es llamado “el sexenio de los muertos”, dijo Turati durante el acto de premiación en Harvard.

“El país cambió y nos dejó sin opciones. De pronto, muchos periodistas nos volvimos corresponsales de guerra sin salir de nuestra tierra. Y repentinamente estábamos cubriendo masacres, reportando el hallazgo de fosas clandestinas, cubriendo el funeral de algún colega o reportando las historias de dolor y de injusticia que ocurren en toda guerra”, contó Turati.

Es necesario aprobar una ley de derribo de aviones FALSO

En plena campaña electoral para las legislativas de octubre pasado, candidatos y legisladores -apoyados por algunos medios de comunicación- plantearon la necesidad de que el Congreso de la Nación apruebe una ley que faculte a la Fuerza Aérea a derribar aeronaves civiles sospechadas de ingresar drogas en el territorio. Los defensores de la ley se basaron en la experiencia de otros países latinoamericanos. En realidad, en el continente solo hay tres países que atacaron aviones civiles utilizando esta ley: Venezuela, Colombia y Perú.

El del país andino es el caso más emblemático. En 2001, un avión militar confundió un Cessna en el que viajaba una familia de misioneros estadounidenses con un vuelo narco y lo atacó en pleno vuelo. Murieron la madre y su beba. Otros países con leyes de este tipo en el continente son Chile y Brasil, pero nunca llegaron a utilizarla.