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Un mes acumula el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 contra seis policías de la Federal y un integrante del Servicio Penitenciario Federal –acusados de abusar sexualmente de dos hermanas que vivían en una estación de tren y en diversas plazas porteñas–, y todavía ninguno de los hombres quiso declarar durante el debate. Las nenas fueron sometidas desde que tenían 13 y 14 años hasta que cumplieron 15 y 16, respectivamente.

Cuando ellas contaron ante los jueces lo que habían vivido, lo hicieron acompañadas por psicólogas del Centro de Asistencia a las Víctimas Dr. Fernando Ulloa, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y los imputados no estuvieron en la sala. Así lo dispuso el tribunal, en respuesta al pedido de Gerardo Etcheverry, el defensor oficial que las representa como querellantes.

La causa comenzó hace cuatro años, cuando uno de los policías involucrados le dio el número de celular de una de las nenas a otro integrante de la fuerza. Ese policía se contactó con ella y supo que, por lo menos desde 2009, un grupo de agentes las llamaba para abusar sexualmente de ellas. En el juicio, las jóvenes contaron que “a cambio de comida” o por muy poco dinero –apenas para trasladarse de un lugar a otro–, los policías las “subían a las camionetas de ellos” y abusaban de ellas allí. O las llevaban a los predios del Cuerpo de Montada de la Federal, en el barrio porteño de Palermo (en Cavia al 330) o debajo de la Autopista 7.

Las hermanas, que están representadas por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación, llegaban en tren desde su casa, ubicada en una localidad del conurbano. Hacía poco tiempo habían perdido a su padre y se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Según figura en el expediente, los policías se habrían conectado con ellas a través de personal de seguridad privada de la línea de Ferrocarriles San Martín.

Los supuestos entregadores aún no han sido identificados y fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que esto se investiga en otro tramo de la causa, que está a cargo del fiscal Fernando Fiszer, el mismo que lleva la acusación en el debate oral. En su testimonio, una de las jóvenes contó que “las llevaron a un lugar donde les mostraron videos pornográficos” y, según estiman los investigadores, probablemente también las filmaron y abusaron. Pero esto aún está en investigación.

Como en otros casos de abuso, el juicio y la causa en instrucción se consolidan a partir del relato de las víctimas. Ante los jueces, las jóvenes reconocieron a algunos de sus atacantes. Principalmente, a los que abusaron sexualmente de ellas en el destacamento cercano a la autopista, en el sur de la capital; en una pensión de la calle Warnes, donde vivía la mayoría de los policías; y en dos carros de asalto, uno que estuvo en el barrio de Flores y otro, en las inmediaciones de un estadio, en la espera de un operativo por un partido de fútbol.

La querella consideró que “hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores de delito, atento a su grado de vulnerabilidad en razón de su minoridad e historias de vida”. Algo que, en la audiencia, corroboró otro policía que declaró como testigo y que contó que había encontrado a una de las jóvenes en la zona de la avenida general Paz, con una crisis y aterrorizada, cuando él intentaba acercarse para ayudarla. A raíz de su intervención, se inició una causa civil que, en su momento, determinó la actuación de los operadores de niñez; entre ellos, una asistente social que también declaró en el debate y dio cuenta de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las hermanas.

“Ninguna de las chicas conocía a estos hombres de antes y las profesionales que les tomaron declaración, en cámara Gesell durante la instrucción, señalaron que sus testimonios fueron sólidos”, dijo Etcheverry. El abogado remarcó, además, que de la declaración de las víctimas quedó claro que “los hechos fueron en reiteradas oportunidades”.

Los imputados por estos delitos son Héctor Martínez, Gustavo Salinas, Héctor “Pala” Palavecino, Sebastián Borfitz, Miguel Campero, Mauricio Acevedo, de la Policía Federal, y su hermano, el penitenciario Jorge Acevedo. Están siendo juzgados por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores; cargos que la acusación considera agravados porque los cometieron de manera continuada –durante, al menos, tres años–, en instalaciones de la Federal, “en ejercicio de sus funciones” y “mediante violencia y amenazas en calidad de autores”.

El tribunal –integrado por los jueces Alejandro Nocetti Achaval, Pablo Daniel Vega y Juan Giudice Bravo– reanudará el juicio el próximo martes 24 de noviembre, cuando está previsto que fije el número de audiencias que realizarán hasta fin de año y la fecha en que dará a conocer su veredicto.

MB/LL