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Trescientas mujeres argentinas demandaron a la empresa francesa PIP, productora de implantes mamarios adulterados. La empresa utilizaba un gel autorizado, pero lo diluía con silicona no apta para uso en humanos. Así, abarataban costos, pero el gel perdía cohesión. Se calcula que hay 15.000 afectadas en Argentina, y 400.000 en todo el mundo. El viernes concluyó en Francia un juicio a los directivos de la empresa, y se espera la sentencia para el 10 de diciembre.

El producto ingresó al país entre 2007 y 2009. Las historias de las mujeres que lo recibieron son escalofriantes. Bolitas desparramadas por el cuerpo, dolores musculares y desgarros son algunos de los síntomas. “Sentí bultos debajo de los brazos. Mi ginecólogo me dijo que estaba todo bien, pero como tengo antecedentes de cáncer busqué otra opinión”, contó a la agencia Télam Cecilia Bustos, que se operó en 2008. “Detectaron que las prótesis estaban rotas y que el gel se había desparramado por todo el cuerpo”, explicó. Cecilia ya se cambió las siliconas, pero en su cuerpo quedaron pedazos de prótesis de 5 centímetros de ancho, que no se pueden sacar porque le dañarían los brazos.

Una de las damnificadas es Virginia Luna, una abogada que tiempo después fundó “Afectadas PIP”, que reúne a más de 2.500 argentinas y patrocina sus reclamos. El 5 de agosto presentaron una acción por daños y perjuicios contra la empresa fabricante PIP, la aseguradora  Aliance Gruop y la certifcadora TUV Rheinland, encargada de poner el sello de calidad a las prótesis.

“Nosotros detectamos que tienen una tasa de ruptura muy elevada”, explicó a Infojus Noticias el abogado patrocinante Agustín Gómez Beret, socio de Luna. “De 500 casos relevados, la prótesis se rompió en un 19 por ciento de los casos, lo que es un número altísimo teniendo en cuenta que el estándar internacional es de menos del 1 por ciento”, explicó. “Hay un riesgo potencial mucho más alto, por la posibilidad de migración. Es muy peligroso”.

En el juicio que se desarrolla en Francia, uno de los directivos de PIP admitió que se usaba un gel adulterado, aunque sostuvo que “no era peligroso”. El hombre, de 73 años, reconoció que lo hacían para ahorrar dinero y ahora afronta una pena de hasta cinco años de cárcel y multas de más de 35.000 euros. Está acusado, junto con otros cuatro directivos, del delito de “engaño agravado y estafa” por utilizar durante diez años el producto no autorizado, que exportaron a 65 países de todo el mundo.

Las 300 argentinas, lideradas por Luna, realizaron la presentación el 5 de agosto en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 11, pero el juez se declaró incompetente y están a la espera de una definición. Con fundamento en la Ley de Defensa al Consumidor, reclaman una indemnización integral que contemple los costos del retiro del implante.

Piden, además, que se le imprima el carácter de acción colectiva, para que las damnificadas que no participan del proceso judicial, puedan acceder también a los beneficios que provengan de la sentencia. Se funda en la figura de class action norteamericana, y en el precedente de la Corte Suprema de nuestro país conocido como caso “Halabi”.

“Entendemos que ésta es la primera demanda de sus características en el país. No es una asociación de consumidores sino que son las mismas damnificadas, pidiendo que se le imprima el carácter de ‘acción colectiva’, para que se haga extensiva a todas las demás”, explicó Beret. “Una sentencia en contra no tendría efectos en contra para las que no participaron. Sí los positivos”, aclaró.

"Las trescientas mujeres que iniciaron la acción representan a las quince mil que estimamos son portadoras de las prótesis en Argentina, para que todas puedan beneficiarse", dijo a los medios  Luna, que estuvo presente en el juicio que se desarrolló en Francia. “Como colectivo de afectadas, perseguimos la subsanación integral del daño de todas las perjudicadas. Ya no se trata de un reclamo administrativo ni individual", consideró.