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La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos a los funcionarios judiciales y abogados de las víctimas, denunciados por la esposa y el hijo de Julio López, por no haber tomado las medidas de protección para evitar su desaparición. A López lo secuestraron en La Plata, en septiembre de 2006, durante el  juicio al represor  Miguel Etchecolatz, donde era uno de los principales testigos. Según la denuncia de su esposa, Irene Savegnano de López; y de su hijo Rubén, “la situación de peligro para López era evidente y objetiva”, y se “minimizó la trascendencia de la convocatoria a prestar declaración testimonial” de López considerándola con un simple “trámite procesal” cuando en verdad se trataba  del “primer juicio que se realizó, después de que se anularan las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos”.

La denuncia apuntaba a los jueces Arnaldo Hugo Corazza (hoy ex juez), Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde, Norberto Lorenzo (integrantes del Tribunal Oral en lo Federal  de La Plata que sustanció el proceso contra Miguel Etchecolatz), el fiscal Carlos Dulau y los abogados de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos Fernando Molinas, Liliana Mazea, Guadalupe Godoy y Miriam Bregman.

El abogado de los familiares de López, Alfredo Gascón, presentó un recurso de casación después de que la sala II de la Cámara Federal de La Plata, en agosto del año pasado, el juez fallecido Manuel Blanco, confirmó el sobreseimiento de los funcionarios judiciales. En el fallo donde el juez consideró que no había delito, dijo que hasta  “la desaparición de López  nunca se había producido un hecho de naturaleza semejante en todo el país”.

Los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, confirmaron  el sobreseimiento de los funcionarios porque “no se había verificado delito alguno por parte de los magistrados y abogados intervinientes en los procesos en que la víctima compareciera como testigo”. Y explicaron que  "el derecho a la seguridad consiste en el derecho a obtener del Estado una protección razonable contra las agresiones de los demás ciudadanos, correlato indispensable de la obligación ciudadana de proceder pacíficamente y de la proscripción de la venganza privada". “Es una deducción que no parece exigible desde el ángulo de los acontecimientos y la experiencia en el desarrollo de estos juicios…”, concluyó la sentencia que ratificaron los jueces de la Cámara de Casación.

El camarista Gustavo Hornos, fue el único de los jueces que votó en disidencia porque entendió que fue "insuficiente la actividad de los órganos de investigación”.

Jorge Julio López estuvo detenido ilegalmente durante la dictadura cívico-militar en diferentes centros clandestino ubicados en La Plata, como “Cuatrerismo”, “Arana”, “Comisaría 5°”, “Comisaría 8°” y en 4 la “Unidad n° 9” desde el mes de agosto de 1976 hasta el 25 de julio de 1979. Declaró en el “Juicio por la Verdad” que se llevó a cabo en la Cámara Federal de La Plata, en fecha 7 de julio de 1999, en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz, instruida por el Juzgado Federal n° 3 de esa ciudad el 16 y 30 de noviembre de 2005; y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata n° 1, el día 28 de julio de 2006. En septiembre de 2006 desapareció.