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Los vecinos de Tigue rechazaron la creación de nuevos countries. El proyecto de ordenanza, que lleva la firma de la Asamblea de Inundados de Tigre, la Asamblea del Delta y el Movimiento en Defensa de la Pacha, fue presentado el 7 de octubre último en la mesa de entradas del Concejo local. Ante la falta de respuestas también se lo entregaron en mano a Alejandra Nardis, concejala del Frente Renovador y actualmente titular del cuerpo.

La iniciativa traza un recorrido histórico sobre el surgimiento de los barrios privados en la provincia y analiza que particularmente el municipio massista, a partir de la década del 90, sufrió el crecimiento exponencial de este tipo de
emprendimientos.

El objetivo de quienes presentaron el proyecto es que el Concejo Deliberante local prohíba la construcción de nuevos emprendimientos privados, ya que señalan que este tipo de urbanizaciones son la principal causa de las inundaciones en el distrito, a la vez que profundizan los problemas de acceso a la tierra de los sectores populares de la zona.

En este sentido, señalan que la instalación de más de 60 barrios cerrados generó durante las últimas dos décadas una fuerte concentración de la tierra en manos de “grupos monopólicos”, que provocó que en la actualidad más del 50% de los 158 kilómetros cuadrados de la tierra continental del partido, se encuentre ocupada por emprendimientos privados que sólo albergan un 10% de la población.

Esta situación, denuncian, se verá agravada por la creación, en el mes de septiembre pasado, de la Agencia de Planificación Urbana, un nuevo ente autárquico que tiene a su cargo “el Código de Edificación, la Revisión del Plan de Manejo del Delta, el desarrollo inmobiliario de todas las localidades”, según comunicó el Concejo Deliberante local.

Desde la Asamblea del Delta, calificaron como “increíble” la creación de ese organismo y apuntaron contra el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fue nombrado “Presidente Honorario” de la agencia.

Las autoridades del nuevo ente son Mónica Nefke, el promotor de barrios cerrados Antonio Grandoni, y Guillermo de La Vega, un arquitecto y referente del PRO en el distrito que fue funcionario del massismo al mismo tiempo que desarrollaba emprendimientos inmobiliarios en la zona, y que fue multado por la intendencia por demoler edificios históricos ilegalmente.

Por entonces, Massa señalaba que "acá hay algunos que creen que pueden hacer lo que quieran sin respetar las normas", pero luego incorporó a de La Vega a su gestión.

Entre sus fundamentos, el proyecto señala que el aval para construir nuevas urbanizaciones “genera una dicotomía entre el modelo comunitario y vecinal, y el paradigma neoliberal a ultranza con la propiedad privada como único valor y la mercantilización de la naturaleza y de las relaciones sociales como resultado”.

Según denuncian los redactores del proyecto, en el último lustro el municipio de Tigre invirtió más de 55 millones de pesos en obras de infraestructura y de acceso a los barrios privados.

El otro aspecto por el que los vecinos tigrenses proponen limitar nuevos emprendimientos inmobiliarios, tiene que ver con las consecuencias ambientales que traen aparejadas.

Para la geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata, Patricia Pintos, la gran mayoría de los emprendimientos inmobiliarios desplegados en la zona norte del aglomerado de Buenos Aires se construyeron sobre humedales, zonas que se caracterizan por su gran valor estratégico en términos ecológicos.

“Los humedales sobre los que se han construido estas urbanizaciones ofrecen servicios ecosistémicos muy importantes para la región, ya que son áreas de amortiguación para las crecientes, de recarga de acuíferos y corredores de biodiversidad que durante los últimos 15 años han visto sus condiciones vulneradas”, afirmó a Télam la especialista y vinculó a estos emprendimientos a las inundaciones, “cada vez más severas”, que sacudieron a esta zona en los últimos años.

Entre las principales causas de estos fenómenos, destaca que la afectación masiva e intensiva de las planicies de inundación de la cuenca baja del Río Luján, donde más de 65 emprendimientos (muchos de ellos forman parte de megaemprendimientos) han ocupado 7.000 hectáreas de humedales, lo que incide de manera decisiva en la retención del excedente hídrico luego de precipitaciones tan intensas como las ocurridas a principios del mes de noviembre pasado.

Pintos ha investigado la evolución urbanística de la cuenca baja del Río Luján, que comprende zonas de los partidos de Pilar, de Campana, de Escobar y de Tigre, y explica que el procedimiento mediante el cual las empresas desarrolladoras inmobiliarias se instalaron en la zona se basa en la compra de terrenos inundables a bajos precios, la modificación de la topografía del lugar a través de la elevación del terreno mediante tareas de movimientos de suelos y el dragado de los humedales, que transforman de manera drástica el lugar.

El proceso, al que describe técnicamente como “transmutación rentística”, concluye con la venta de los terrenos valorizados: “compran barato tierras bajas e inundables, las transforman y luego las comercializan a valores extraordinarios, al mismo tiempo que modelan una oferta inmobiliaria que tiende a expandirse hacia otros municipios de la región”, sintetiza la investigadora.

En este sentido, Pintos calificó como “muy necesaria” la presentación del proyecto que busca limitar los barrios cerrados en Tigre y opinó que el municipio “debería dar una señal clara ante la demanda de otro modelo de desarrollo urbanístico que tienda a ser más integrador”.