Infojus Noticias

En las 30 hojas que tipeó uno de los secretarios del juez Ariel Lijo pueden rastrearse las claves de la defensa de Amado Boudou. “Todas las respuestas a la imputación están en el expediente”, le dijo el vicepresidente al magistrado minutos después de iniciada la indagatoria. Boudou sostuvo que durante el trámite de la etapa de instrucción fueron planteadas docenas de pruebas para sostener la hipótesis del delito: supuestas reuniones, llamados telefónicos, fotos y videos, documentos y contradocumentos que o nunca aparecieron, o bien no significaron nada. Las explicaciones de Boudou y sus abogados apuntaron a desmontar los argumentos de los Ciccone y Guillermo Reinwick.

“¿De qué prueba surge que yo sea dueño o haya adquirido como dice la afirmación la firma Ciccone a través de The Old Fund?”, dijo Boudou y desmintió haber detenido una licitación para que se realizara una contratación en favor de Ciccone.

En las 6 horas de indagatoria, el vicepresidente y sus abogados abordaron punto por punto los principales capítulos del expediente:

La quiebra de Ciccone

Lijo imputó a Boudou por haber participado, presuntamente, de una maniobra comercial para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica. Según el juez, a través de un testaferro (Alejandro Vanderbroele) y resguardado por el nombre de una sociedad anónima, el presidente del Senado compró la empresa para que realizara trabajos encargados por el Estado y el Frente para la Victoria, y así enriquecerse personalmente.

El principio de esas maniobras sería un dictamen de Boudou en el que aconsejaba a la AFIP que se le concediera a Ciccone un plan de facilidades de pago “ilegal” para cancelar su deuda con el fisco. “No tuve participación en el levantamiento de la quiebra”, respondió Boudou. Y agregó: “Cuando fui consultado formalmente no me interesé por el particular, ni siquiera realicé un análisis económico financiero que hubiera sido propio de mi profesión, y lo único que hice fue remitirme al dictamen jurídico que emitió el Departamento Jurídico del Ministerio de Economía”.

La AFIP y el plan de pagos

Mucho más contundente, explicó que a partir de su dictamen, que no era favorable a Ciccone, Ricardo Echegaray –titular de AFIP¬– decidió rechazar el plan de pagos. Luego la gráfica obtendría otro plan de facilidades, bajo las mismas condiciones que otra decena de empresas, entre las cuales estaba, por ejemplo, Frávega. “Lejos de ser una ‘ayuda’, mi nota fue la que determinó que no se otorgara el plan”, explicó ante el juez y el fiscal.

“Queda demostrado que no influí a favor de ningún plan, ni me interesé en el mismo, ni me interesé en ningún momento del trámite concursal con pedidos y levantamientos de quiebra de la empresa Ciccone”, dijo Boudou. Y continuó: “Es absolutamente arbitrario y fuera de toda lógica imputarme a mí las acciones de la AFIP. El juez tiene probados que todos los hechos relevantes fueron previos a mi participación, y no tiene probada mi participación. Sin embargo me imputa haber influido”. La nota firmada el 8 de noviembre de 2010 por Boudou fue determinante para que Echegaray no concediera el plan solicitado por Ciccone.

El alquiler de Boldt

Boudou se refirió al proceso comercial en que se determinó la quiebra de Ciccone, y cuestionó al juez del fuero comercial por desoír el consejo del síndico. Durante el juicio, se propuso alquilar la planta de la calcográfica para que fuera explotada por alguien más durante el proceso. La compañía privada Boldt ofreció una suma y la Casa de Moneda, compañía estatal, otro monto. El síndico sugirió “realizar una compulsa de precios”, para poner en igualdad de condiciones a ambos ofertantes, pero el juez decidió en forma unilateral adjudicar la explotación a Boldt.
 

La licitación

Lijo también imputa a Boudou por haber detenido una licitación del Banco Central que podía obtener Boldt, para que la contratación le fuera asignada a Ciccone. “Es inaudito pensar que yo haya podido tener injerencia sobre dicha contratación, que emana de un organismo colegiado. Lo mismo la contratación que pueda haber realizado Casa de Moneda con Ciccone”, respondió. Y agregó: “Más allá de no tener autoridad funcional, nunca fui consultado formal o informalmente al respecto”. La calcográfica después obtuvo un contrato para imprimir billetes nacionales, porque la sociedad estatal no tenía suficiente capacidad operativa para satisfacer la demanda.

El desguace de la Casa de la Moneda

El vicepresidente relató el proceso de desguace de la empresa estatal Casa de Moneda, única encargada de la impresión de la moneda nacional hasta la firma de un decreto presidencial en 2003, por parte de Eduardo Duhalde. En 1999 y 2000, las autoridades designadas al frente de la compañía estatal eran directivos de Boldt. “Curioso, a partir de aquel momento, Casa de Moneda empieza a perder en manos sobre todo de Boldt muchas de las impresiones que le eran exclusivas hasta ese momento”, dijo el vicepresidente.

Ciccone: imputado, testigo, querellante, imputado

“El señor juez me imputa haber adquirido la firma Ciccone. No encuentro en toda la causa, salvo los dichos del clan Ciccone en sus irregulares testimonios, algo que pueda probar estos dichos”, declaró Boudou. Al hablar de los testimonios irregulares, el vicepresidente apuntó a las idas y vueltas de Lijo al determinar el lugar de Nicolás Ciccone en la causa. “En una decisión para mí sorprendente, el señor juez los recibe en calidad de testigos para que declaren bajo juramento”, empezó. En otro tramo de la indagatoria, repasó: “Nicolás Ciccone fue imputado, recibido como testigo con identidad reservada, aceptado luego como querellante, y nuevamente imputado”.

La actitud del juez ante Ciccone y Reinwick

“Sin lugar a dudas, Guillermo Reinwick y Ciccone ni siquiera declararon, vinieron con un guion armado, y eso explica la falta de preguntas”, planteó. Y arremetió contra los Ciccone: “La familia Ciccone vino a este tribunal a relatar un libreto prearmado”. Boudou se refirió a la actitud del juez al interrogarlos: “La dinámica y mecánica de las testimoniales mostró a la autoridad judicial incisiva y aguda en sus preguntas. Esta mecánica fue curiosamente detenida en las testimoniales de la familia Ciccone”. Cuando el juez le preguntó por las presuntas reuniones con los Ciccone, el vicepresidente las desmintió, recordando que no había prueba de esas reuniones más que la palabra premeditada de los integrantes de la familia.

La ruta del dinero

Según Boudou recogió del expediente, el 3 de septiembre de 2010 consta que The Old Fund aportó 567 mil pesos: “hay constancia de que los puso Lorena Ciccone, por intermedio de Guillermo Reinwick”, dijo el vicepresidente. El 7 de septiembre, London Supply puso otros casi dos millones de pesos. El 14 de octubre, Moneta aportó otros casi dos millones a través de Dusbel y desde Uruguay. “Y con esto se levantó la quiebra”, aclaró.

En la causa consta que Reinwick y Vanderbroele firmaron un preacuerdo por cumplimiento de obligaciones, y quedaron “en cabeza de Reinwick las acciones de European Advisory, propietaria del 50 por ciento de The Old Fund”. Boudou agregó: “Recordemos que Reinwick también queda con el cien por ciento de las acciones de Dusbel, la propietaria del otro 50 por ciento de The Old Fund”. Eso implicaría que Reinwick controlaba la totalidad de The Old Fund cuando adquirió Ciccone Calcográfica.

“Sería la primera vez en la historia que alguien firma bajo amenazas para quedarse como propietario de un activo valioso”, ironizó el vicepresidente. Y volvió a cuestionar el rumbo de la investigación: “Ya se sabe quién es The Old Fund, lo llamativo es que en todo el trámite de la causa el señor juez no merituó la prueba existente”. Agregó que “tampoco se molestó en analizar la ruta del dinero, que también surge claramente en la causa”. Y concluyó que “el señor Moneta ha movido decenas de millones de dólares en este expediente, y sin embargo mientras se investigaban pequeñas boletas de teléfonos o cable, su accionar jamás mereció la atención en esta causa”.

Un trámite más mediático que jurídico

“Estoy convencido de que lo que está sucediendo en este juzgado tiene que ver con mi actuación en la política y no con que haya cometido ningún delito”, aseveró Boudou en el despacho del juez. Su frase consta en actas. Pero no se detuvo allí: “Por eso el trámite es más mediático que jurídico”. Sin más público sus abogados y los colaboradores del juez, dijo que no tiene “compromisos con ninguna persona que puedan estar por encima ni a la par de las decisiones y acciones” del ámbito público. Sostuvo que “las acciones que se me imputan son falsas e intencionadas, y tienen el objetivo de sacarme de la vida pública, de erosionar la credibilidad de un gobierno, y sobre todo de que nunca más nadie se anime a desafiar a los poderes concentrados”.

El vicepresidente anticipó que pedirá una ampliación de la declaración indagatoria, “a fin de evaluar lo que podríamos denominar las causas de la causa y su funcionamiento. Es decir, todos los hechos políticos institucionales alrededor de esta causa y de mi persona, que me llevaron a estar en la actual situación procesal”.