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La jueza María Gabriela López Iñiguez rechazó el planteo del fiscal Carlos Fel Roleropara declararse "incompetente" en la causa por ocupación de un predio en Villa Lugano. Así, la causa por la toma quedó en el ámbito de la justicia porteña. Además, suspendió tanto el desalojo como el allanamiento hasta que se garantice “adecuadamente la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas” por esa orden.

La decisión de la magistrada dio respuesta a un pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que solicitó declinar en favor de la Justicia nacional la competencia en el caso. Fel Rolero planteó que la toma del predio de Lugano fue un delito de mayor gravedad, “asociación ilícita”. Y que por eso  la causa debia trasladarse al fuero federal. Esto no se consideró probado y la causa va a seguir en manos de la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14.

La jueza rechazó el planteo por no lograr la fiscalía acreditar fehacientemente las razones que invocaba y colocó el conflicto referido al saneamiento y urbanización "en el marco de la ley 1770, de eminente carácter local". López Iñiguez entendió que aunque sean dos fueros, es una misma Justicia. Las causas están vinculadas y por tanto instó, también, a que se retomen las reuniones de la mesa técnica “para que retomen las reuniones que han suspendido, y concentren sus esfuerzos en lograr conciliar las graves discrepancias".

La toma de los terrenos de unas diez hectáreas en Fernández de la Cruz y Pola, lindero con la villa 20, se produjo el 24 de febrero. Tras un intento fallido de desalojo por parte de la Policía Metropolitana y fuerzas federales, se iniciaron negociaciones para solucionar el problema habitacional de los ocupantes.

La jueza Elena Liberatori, que tenía una causa para urbanizar la villa 20 conforme a la ley 1770 aprobada en el 2005 por la Legislatura, acordó su puesta en marcha con el gobierno porteño y, hace 15 días, junto a la Defensoría del Pueblo, realizó un censo que determinó la presencia de 1.800 personas en el predio, que hoy se llamaPapa Francisco

En forma paralela, se inició una causa penal para determinar quiénes fueron los instigadores de la ocupación, por la cual está detenido con prisión preventiva Marcelo Chancalay, ex dirigente del PRO en la villa 20y actual empleado del Gobierno porteño.Hay otros diez imputados, entre los cuales esta Marta Yané, dirigenta del Movimiento Evita. Yané expresó que "el PRO quería embarrar la cancha para no hacerse cargo del problema de viviendas. Por eso inventaron que éramos parte de mafias y asociaciones ilícitas, pero la jueza entendió que no hay pruebas".

“El fiscal siempre confundió el reclamo legítimo del cumplimiento de la Ley 1770 por parte de quienes tomaron el predio con un hecho ilícito y llegó al absurdo de pretender que la organización de los vecinos y la elección de delegados constituye una asociación ilícita”, dijo a Infojus Noticias Juan Manuel Di Teodoro, abogado defensor de Yané.

"Ahora no hay más excusas, tienen que hacerse cargo y avanzar con el saneamiento del terreno y la urbanización como lo marca la ley", dijo Yané. Di Teodoro agregó: "Llegó el momento de que muestren un poco de voluntad en dar soluciones. Los vecinos se han movilizado, han sido solidarios, han armado proyectos de urbanización y construcción de viviendas en conjunto con arquitectos de la UBA".

Los abogados defensores –que se completan con el defensor general adjunto porteño, Luis Duacastella, y la defensora oficial María Lousteau en representación del resto de los procesados– están conformes con la decisión de dejar la causa en la ciudad. Se espera que el fiscal Fel Rolero apele la decisión de la jueza.

Para Di Teodoro, “la fiscalía nunca aportó las pruebas para intentar demostrar la comisión de delitos en el Barrio Papa Francisco, delitos que solo han existido en la fantasía y en las ansias de sacarse de encima la causa para ocultar las deficiencias de la investigación”.