Infojus Noticias

Cinco días es el plazo que la jueza María Gabriela López Iñiguez tiene para definir la competencia jurisdiccional de la causa penal por la toma de tierras en Villa Lugano. La jueza debe contestar a un pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que solicitó declinar en favor de la Justicia nacional la competencia en el caso. Para el fiscal Carlos Fel Rolero la toma fue un delito de mayor gravedad: asociación ilícita. La tarea que parece sencilla, no lo es en absoluto.

El 24 de febrero un grupo de personas ocupó el predio lindante a la Villa 20. Por este hecho están procesados quienes fueron nombrados como interlocutores por los ocupantes. “Confunden en el delito de usurpación a los delegados del barrio”, explicó Juan Manuel di Teodoro, el abogado de Marta Yané, procesada dirigente del Movimiento Evita por solidarizarse con la toma. Ese grupo de vecinos devenidos delegados se constituyeron como tal a pedido de las autoridades que se acercaron al lugar para resolver la toma y la eventual desocupación del predio en forma pacífica. El único detenido es Marcelo Chancalay, un ex presidente de la Junta Vecinal de la villa 20 y actual empleado del Gobierno de la Ciudad.

En la audiencia de hoy –la última para definir la competencia en la causa– estuvieron presentes, además del fiscal Fel Rolero, los defensores Di Teodoro –por Marta Yané–, Pedro Dattoli –por Chancalay–, y el Defensor General Luis Duacastella y la Defensora Oficial María Lousteau por el resto de los imputados.

Qué quiere el Gobierno de la Ciudad

La pregunta que rondó la audiencia es “¿qué quiere el Gobierno de la Ciudad?”. Porque por un lado, en el Fuero Contencioso Administrativo –ante la jueza Elena Liberatori– se impuso realizar el censo y avanzar en el cumplimiento de la Ley 1770. Para esto la Ciudad formó un Comité de Crisis compuesto por el Defensor del Pueblo, la Asesora Tutelar y la Procuración de la Ciudad. El censo se realizó con personal técnico del Estado porteño que revista en el Instituto de la Vivienda y fue acompañado por la defensoría en su carácter de veedor. Todos caminaron la villa 20 con chalecos identificatorios. Esto hace suponer que se desea avanzar en la resolución de este conflicto y dar cumplimiento a la 1770. Pero por otro lado, en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas –a cargo de la doctora López Iñiguez– el mismo Gobierno de la Ciudad pide el desalojo del terreno ocupado y el allanamiento.

El terreno actualmente ocupado pertenece a la Ciudad, lindante al de la Policía Federal y a la villa 20. Lo que se está negociando desde el Comité de Crisis es hacer una traspaso del antiguo cementerio de autos, sanear los terrenos, el ocupado y el de la Federal, y construir allí las viviendas previstas en la 1770.

El censo, que comenzó el fin de semana pasado y que seguirá al menos dos fines de semana más, es el elemento nuevo que las defensas trajeron esta semana y que harían reconsiderar el caso y por tanto, la resolución que debe tomar la jueza. Los abogados defensores plantearon que es inadmisible que la fiscalía intente justificar una asociación ilícita con los mismos ocupantes a los que está censando la Ciudad para incluirlos en un plan de viviendas. Por esta contradicción, que la jueza también tomó como tal, es que se convocó a informar de las actividades llevadas a cabo el fin de semana al Procurador y al Defensor del Pueblo. La doctora Mónica Reyna volvió a asistir como subsecretaria Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo. El doctor Conte Grand no concurrió y envió como delegado de la Procuración a Francisco D’Albora, Director de Asuntos Penales, que informó que la Procuración mantiene el pedido de restitución del terreno ocupado y no se extendió sobre ninguna otra pregunta.

El defensor Duacastella dejó en claro la situación discordante del Gobierno porteño: “Entiendo que la Procuración representa a la Ciudad en ambos expedientes y no puede tener posiciones contradictorias en un expediente y en otro. Si se ha admitido el censo de los ocupantes, entiendo que estaríamos frente a un hecho nuevo que permitiría expresamente que el doctor manifieste si el pedido de restitución se mantiene” en los mismos términos que el 24 de febrero, día de la toma. La postura de la Ciudad es mantener la causa penal por usurpación y exigir la restitución, y esto aunque la cúpula del Gobierno haya estado el fin de semana prometiendo viviendas y urbanización tras el censo.

Al cierre de la audiencia, el doctor Di Teodoro agregó “No pudimos obtener del organismo técnico las respuestas que requeriríamos en esta audiencia si ni fuera porque la convocatoria fue hecha de manera defectuosa –por el fiscal Fel Rolero–, y adrede para evitar que el doctor D’Albora hoy tenga los elementos para poder responder”.

La jueza López Iñiguez consideró, por su parte, de estricta necesidad saber la situación real que se está viviendo en el predio ilegalmente ocupado. Esto a la hora de resolver “de la mano de la incompetencia y del recurso suspensivo o devolutivo” que dé a su decisión, si se libra o no y en qué condiciones una nueva orden de allanamiento a través de la fuerza pública.

Los primeros días de la semana entrante se sabrá la decisión de la jueza y seguramente alguna de las partes apelará la medida. Pero hay ya estipulada una fecha límite para producir el desalojo: el 12 de junio. Por tanto la jueza López Iñiguez debe resolver además si suspende esa orden o no –a la luz de las tareas de remediación del Comité de Crisis– hasta tanto se terminen las tareas. Las defensas consideran que la orden de desalojo debería suspenderse.