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La titular de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, cuestionó hoy el fallo de la Corte Suprema que rechazó investigar las torturas a los soldados de Malvinas como crímenes de lesa humanidad. "En tres renglones no da detalles de su resolución en un tema tan importante", dijo. Y explicó: "El fallo dice que no es sentencia definitiva pero sí lo es, porque se trataba de un sobreseimiento por considerar que los sufrimientos de los soldados en la guerra de Malvinas no fueron delitos de lesa humanidad", dijo la titular de Justicia Legítima en declaraciones a Radio América.

El recurso había sido presentado por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata para pedir se investigaran más de 70 denuncias de torturas aplicadas por oficiales argentinos a conscriptos durante el conflicto de Malvinas por tratarse de lesa humanidad y, por tanto, delitos imprescriptibles. "Existieron enterramientos hasta la cabeza, paso de corriente eléctrica, falta de alimento como forma de castigo, que configuran múltiples vejámenes realizados a la intemperie y en medio de los bombardeos", explicó la camarista en contra de la defensa, que argumentó que eran medidas disciplinarias tomadas al no haber calabozos en el lugar.  "Si la Corte hubiera tratado el cuestionamiento sobre qué clase de delitos estamos investigando, posiblemente se podrían estar juzgando hoy", lamentó Rébori.

Las historias detrás del fallo

El largo camino de este expediente judicial se inició en 2007 con la presentación de más de 120 denuncias de soldados Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Los conscriptos contaron cómo los estaqueaban y los dejaban sin comer, entre otros castigos, tormentos y tratos crueles. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia interpretó que se trataban de delitos de lesa humanidad. Pero por un recurso presentado por uno de los imputados, Jorge Eduardo Taranto, el caso llegó a la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal y los jueces dictaron la prescripción. En 2012, el entonces procurador subrogante Luis Santiago González Warcalde sostuvo ante la Corte que el tratamiento del recurso extraordinario federal presentado por CECIM y la investigación debían prosperar.

Las denuncias reúnen un total de 74 casos, de La Plata y del resto del país. Los imputados son más de 80 militares. Sólo uno de ellos, Jorge Eduardo Taranto, planteó que los delitos habían prescripto. Sus distintos recursos de apelación y pedidos de prescripción demoraron la investigación y arrastraron el caso hasta la Corte.

Durante este tiempo distintos organismos de derechos humanos acompañaron a los ex combatientes en sus denuncias presentándose como Amicus Curiae, entre ellas la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación Hijos y la DAIA, que asistió a los soldados de origen judío que fueron torturados en Malvinas.

“Este expediente estuvo casi tres años dormido y ahora la Corte da una resolución escueta que no trata la cuestión de fondo. Hay que contextualizarlo: esto es después del 18F, el 19 sacan este dictamen”, dijo Alonso al momento de conocerse la decisión del máximo tribunal del país. CECIM fue notificado el 20 de febrero vía correo electrónico.

Télam/ MEL