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Alrededor de 150 personas, entre trabajadores y cooperativistas, se resisten al desalojo de la parrilla Alé Alé, gestionada por sus empleados desde enero de este año. La orden de desalojo la dio el juez Martín Christello en marzo y estaba programada para las 9 de la mañana de hoy, pero aún no llegaron las fuerzas policiales. A las 11, los trabajadores realizaron una conferencia de prensa con el apoyo de legisladores porteños, entre ellos Edgardo Form, de Nuevo Encuentro, y Aníbal Ibarra.

El conflicto empezó a fines del año pasado, luego de varios meses en que la patronal no pagara los sueldos. En diciembre, los dueños de la parrilla les dijeron a los trabajadores que se buscaran otro trabajo porque iban a cerrar. No se habló de indemnizaciones ni de los sueldos atrasados. Encargados, mozos y cocineros se resistieron al despido y desde diciembre empezaron a funcionar como una cooperativa de hecho. Mientras tanto, se asesoraron sobre la conformación de la cooperativa y tramitaron la matrícula ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Hay dos procesos judiciales en marcha: por un lado con los titulares del local, que reclaman el inmueble, y por otro con la patronal, que quiere recuperar los bienes del restaurante. La orden de desalojo la pidieron los dueños del inmueble, que alegan que tienen que concretar una venta. El 27 de marzo pasado fue el primer intento, pero no se pudo llevar a cabo. El oficial de Justicia a cargo, Eduardo Piola, informó a la abogada de la cooperativa que el desalojo se haría operativo esta semana. Según la abogada Ornella Nociti, que asesora a los trabajadores de Alé Alé, el operativo tendría lugar hoy, a cargo de la comisaría N° 25 de la Policía Federal. Nociti asegura que los titulares del inmueble y su abogado Holcman tienen vínculos con el macrismo.

Hacerse cargo

La parrilla queda en Estado de Israel 4503, en el barrio porteño de Villa Crespo, y muchos de los trabajadores que hoy integran la cooperativa trabajan allí desde que Alé Alé abrió sus puertas, hace quince años. Cuentan que hubo un vaciamiento de parte de los mismos patrones, que crearon una proveedora con la que facturaban a sobreprecio generándole pérdida al restaurante. Aseguran que ellos eran conscientes de la estafa, pero que durante siete años los obligaron a cobrar en negro y sin aportes hasta que en octubre del año pasado dejaron de cobrar totalmente y supieron que el restaurante iba a cerrar.

 “Desde ese momento, nosotros nunca dejamos de trabajar”, dijo a Infojus Noticias  Antonio (28) el encargado de la parrilla desde hace dos años. “Desde un primer momento quisimos hacer las cosas bien: somos trabajadores, no ocupas. Queremos seguir trabajando, no vemos por qué no puede ser así, si los dueños ni siquiera pagaban el alquiler y nosotros sí.” Asegura que hay una clientela fija que sigue comiendo ahí y que el restaurante es rentable. Según los trabajadores, clientes y vecinos siempre les expresan su apoyo y les dicen “que los ven más contentos.”

El restaurante forma parte de una cadena de cinco parrillas (La Soleada, Los Chanchitos, Don Battaglia, Mangiata y Alé Alé) que se transformaron en cooperativas luego de que sus dueños, que son los mismos, quisieran cerrarlas. Integran la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que nuclea a más de 60 cooperativas de distintos rubros.

Federico Tonarelli, presidente de FACTA, explicó a Infojus Noticias  que no hay un único camino legal para las empresas recuperadas. Algunas son reconocidas a través del INAE y se acuerda el proceso concursal con los patrones: como no se pagan los sueldos, los trabajadores compensan esto quedándose con los bienes de la empresa y empiezan a autogestionarse. El acuerdo se homologa ante el Ministerio de Trabajo y ante un juez. Éste es el camino que se sigue en el caso de Alé Alé. En otros casos, se busca una declaración de utilidad pública en las legislaturas locales, que permite la expropiación. Esta declaración tiene un límite de tiempo y a veces es más difícil renovarla que sancionarla.

“Es muy difícil establecer un marco legal. La ley nacional sólo explica cómo inscribir una cooperativa, pero acá lo que hay es un traspaso de una empresa que ya funcionaba”, dijo Tonarelli.