La Unión de Trabajadores Costureros, entre otras organizaciones, protestó hoy en uno de los locales de la marca de ropa, ubicado en Florida al 600. La empresa de origen español está siendo investigada por la justicia en causas de trata de personas y explotación laboral.
El local de la marca de ropa Zara ubicado en Florida al 600, en el microcentro porteño, tuvo que bajar sus persianas hoy por la tarde. Un grupo de personas de la Unión de Trabajadores Costureros, entre otras organizaciones, se acercó hasta el lugar con carteles y pancartas para escrachar a la firma que está siendo investigada por la justicia en causas de trata de personas y explotación laboral.
“Zara es responsable del trabajo esclavo, discriminación sindical, y aprietes a los costureros”, decían algunos de los carteles que los manifestantes levantaban ante los ojos inexpresivos de los maniquíes de la vidriera. Además de la explotación laboral, los manifestantes denunciaron el despido –sin motivos- de cinco costureros que trabajaban en talleres que confeccionan prendas para la marca Zara.
El pasado jueves 26 de septiembre, por orden del juez Sebastián Casanello, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, se hicieron 16 allanamientos en oficinas de las firmas Zara, Ayres y la intermediaria Karina Kanaan, en el marco de una investigación por posible trata de personas y explotación laboral.
Cuando los operadores judiciales, el personal de la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegaron al lugar no había víctimas. Solo en cuatro de los 16 allanamientos encontraron computadoras que ahora están siendo sometidas a peritajes. Se sospecha que los encargados del taller clandestino fueron avisados de los allanamientos y trasladaron a las personas explotadas en otro lugar.
La investigación judicial de estos talleres de ropa comenzó por una denuncia penal de una ONG, presentada en abril ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo, actual titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex).
La denuncia incluía testimonios y la grabación de una cámara oculta en donde aparecen tres talleres: uno en Cafayate al 1800, otro en Risso Patrón al 100 y un tercero en Bogotá al 3700. En todos había personas de nacionalidad boliviana mayores y menores de edad, que eran explotados laboralmente.En cada jornada de trabajo, de 15 horas, las personas explotadas llegaban a elaborar un promedio de seis prendas, un sueldo de 540 pesos mensuales aproximadamente.