Infojus Noticias

La Sala III de Casación ratificó hoy que el Estado Nacional no puede ser querellante en la causa que investiga la Tragedia de Once que causó 51 muertes y 800 personas heridas. En un fallo unánime los jueces convalidaron la decisión que había tomado la Sala II de la Cámara Federal en abril de 2012.

Un mes después de la tragedia, la causa llegó a manos del juez federal Claudio Bonadio. Se investigaba el descarrilamiento del 22 de febrero de 2012, cuando la formación N° 16 de la ex línea Sarmiento chocó contra el andén N° 2 de la terminal. Bonadio había aceptado como querellante al Estado. Argumentó que esto no impedía que luego se determinaran y persiguieran “eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”.

Patricio Amaro, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior y Transporte, es el abogado que representa al Estado. Entre sus fundamentos ante la Cámara de Casación para que reviera la decisión de la Sala II de la Cámara Federal, escribió: “el fallo cuestionado confunde la persona física (funcionario) con la persona jurídica (Estado Nacional); amalgama erróneamente como fundamento para rechazar la pretensión de mi representada, el rol de querellante que pretende y la eventual acción civil que pueden iniciar familiares y víctimas a los efectos resarcitorios; cuestión ésta que no tiene relación alguna con el fin que se persigue en un proceso penal”.

El abogado citó la ley 17.516 en su artículo 4º donde se establece que el Estado puede asumir carácter de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y particularmente cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.

Lo jueces que decidieron darle la razón a la Sala II, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, relativizaron que el Estado pudiera considerarse como damnificado en la Tragedia de Once, aun entendiendo que el “bien jurídico protegido es la administración pública”.

El tribunal explicó: “cuando sobre quien pretende ser tenido por querellante pesen sospechas sobre su participación en el suceso criminal materia de investigación o en otro conexo, deberá hacerse prevalecer el interés social de preservar el proceso libre de interferencias que pudieran impedir su normal desarrollo”.
 
Amaro se había extendido en sus fundamentos al rechazar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, argumentado que “cabe preguntarse por qué se considera que el Estado que tiene como único fin el logro del bien común, en su carácter de querellante no va a actuar de buena fe, como los demás querellantes. Y la respuesta ya la he adelantado: se confunde al Estado con los funcionarios…”
 
La causa tiene 28 imputados, entre ellos los ex directivos de la firma TBA y el conductor de la formación Marcos Antonio Córdoba. Aunque Bonadío le había dictado el sobreseimiento, la Cámara Federal modificó esa resolución y llegará al juicio por el delito de “estrago culposo” por el descarrilamiento. Casación había ratificado también esta decidió de la Sala II pero planteó dudas, considerando que fue la TBA quien le entregó “la vida y la seguridad de 2500 personas y se le dio una herramienta vieja, corroída e insegura” a un joven de 26 años, con solo 2 años de experiencia.
 
Casación también confirmó el desdoblamiento de la causa. Por un lado se investigará el accidente y por el otro, las irregularidades con los subsidios estatales que recibía la empresa. En la etapa de instrucción se pudo comprobar que los fondos estatales no eran destinados al mantenimiento y la mejora del servicio sino desviados para gastos personales de los empresarios.

El miércoles la Cámara había rechazado los recursos presentados por el exsecretario de Transportes Ricardo Jaime y por Claudio Cirigliano, titular de Trenes de Buenos Aires (TBA).