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Desde la sanción de la Ley N° 26.364 (de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas) hasta fines de 2014, se registraron más de un centenar de condenas relacionadas con ese delito. El dato surge de un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en el que se analizan las sentencias que tuvieron lugar en todo el país, a partir de la aprobación de la normativa.

La justicia federal de Mar del Plata es la que más condenas dictó, con un total de 14, lo que representa un poco más del 13 por ciento de las 106 contabilizadas a nivel nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró dos sentencias condenatorias y Corrientes, una. En total, en el país, estos juicios involucraron a 220 imputados y 565 víctimas.

El informe de la Procuración, que abarca el período comprendido desde 2009 a 2014, precisa que sólo el 13 por ciento de 122 sentencias fueron absolutorias.

Si bien, en principio, se marcó que “las jurisdicciones de las condenas son indicativas de cuáles son los destinos de explotación en Argentina, dado que las causas generalmente se radican y juzgan en el lugar donde ese tramo de la trata de personas se lleva a cabo”, también repararon en que “la cantidad de condenas también refleja el dinamismo y la eficiencia de cada jurisdicción para el trámite de los casos, y un lugar que es un destino de explotación importante podría no tener un buen manejo de los casos judicialmente”.

Al respecto, el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, sostuvo que “es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los jueces y el Ministerio Público Fiscal para investigar el delito de trata de personas y desmantelar redes criminales, que tenían a mujeres vulnerables como principales víctimas”.

Con relación al tipo de explotación, prevalecen las sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual por sobre aquellas de carácter laboral: 85 por ciento, las primeras; y 15 por ciento, las segundas. Del total, el 65 por ciento se resolvieron en juicios orales y públicos.

Perfil de los imputados

De las 220 personas condenadas, un 63 por ciento son varones, y un 37 por ciento, mujeres. “Se trata de un porcentaje de mujeres condenadas más alto que el promedio general para todos los delitos, si contemplamos que la población carcelaria total está compuesta por un 96 por ciento de varones y un 4 por ciento de mujeres”, advierte el análisis, de acuerdo al informe anual 2013 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En un estudio realizado sobre la dinámica de la trata sexual en el país, se subrayó esa tendencia y se alertó sobre “el riesgo de que pueda estar manifestándose un proceso de conversión de ex víctimas a actuales victimarias, cuando luego de años de haber sido explotadas sexualmente, esas mujeres son elegidas para roles gerenciales o de administración de los prostíbulos”.

Por ello, desde la Protex se colabora con la Defensoría General de la Nación para proponer “un necesario debate sobre esta cuestión, estudiando la viabilidad de que casos como esos pudieran tener cauce en la cláusula de no punibilidad contemplada en el artículo 5 de la Ley N° 26.364”.

Con relación a la nacionalidad de los imputados, la mayor parte es argentina (147), de origen boliviano (35), paraguayo (25) y, en menor cantidad, personas de nacionalidad dominicana (6) y chilena (2). “La alta cantidad de extranjeros condenados por trata se explica a partir de la transnacionalidad, como características del delito, que no se circunscribe al hecho y las víctimas, sino también a sus autores y a la movilidad de esos autores entre puntos de captación, transporte y consumación de la explotación”, precisa el informe.

Los montos de pena promedio se encuentran en torno de los cinco años, pero existe una tendencia muy marcada a fijar condenas por 4 años, “que podrían categorizarse objetivamente como graves pero no severas”.

Policías condenados

La condena de funcionarios públicos se produjo en cinco de las 126 sentencias dictadas hasta el momento, respecto de tres policías y dos ex policías. Uno de cada grupo, fue condenado en Mar del Plata. A su vez, otros ocho funcionarios públicos más, incluyendo además de policías a funcionarios municipales, fueron procesados en otros casos de trata de personas.

“Por su relevancia, estas cuestiones están siendo investigadas por la Procuraduría y darán lugar a un nuevo documento que recogerá la información sobre casos judiciales que abordan la connivencia de funcionarios públicos en procesos de trata y explotación de personas en la justicia federal y en las justicias provinciales”, señalaron desde la Protex.

Decomiso

La pena accesoria de decomiso al momento de la sentencia, de acuerdo al artículo 23 del Código Penal, se aplicó en un 34 por ciento de la totalidad de las sentencias condenatorias. Dentro de ese porcentaje, un 15 por ciento corresponde al decomiso de inmuebles; un 12 por ciento, al de automóviles; y un 17 por ciento, al de dinero. El resto corresponde a otros efectos, que no surgen de la lectura de la sentencia.

“Dada la importancia de los aspectos patrimoniales en el combate a este delito, donde la ganancia y la organización empresarial constituyen motivaciones esenciales para delinquir, la estadística sobre decomisos es alentadora pero insuficiente”, repararon desde la Protex y señalaron que “las investigaciones patrimoniales tienen que mejorar para que la responsabilidad patrimonial compense las ganancias”.

Perfil de las víctimas

El 80 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres: esto corresponde con el hecho de que el 85 por ciento de las sentencias condenatorias dictadas son por el delito de trata con fines de explotación sexual, y que todas esas sentencias de trata sexual tienen a mujeres como víctimas.

De acuerdo a las bases de datos utilizadas, la mayoría de las víctimas son extranjeras: de las 492 víctimas cuya nacionalidad fue mencionada en la sentencia, 215 son de origen boliviano; 128, paraguayo; 122 son argentinas –en su mayoría, de provincias del interior–; de República Dominicana, 24; y de Brasil; 3.

“El desarraigo del lugar de origen de una persona al encontrarse en un lugar donde se habla otra lengua –muchas víctimas de Paraguay entienden y hablan con dificultad el castellano pues su lengua materna es el guaraní, lo mismo sucede con víctimas de Bolivia y el idioma quechua– donde hay otra cultura y otras creencias, lo cual comprende otro de los factores que genera, o extiende, la situación de vulnerabilidad de base”, menciona el informe.

De acuerdo a lo observado, predominan como modalidades de sometimiento, tanto en el plano sexual como laboral, en un 45 por ciento la restricción de la libertad, en un 34 por ciento la retención de la documentación y en un 43 por ciento el endeudamiento económico.

JC/LL