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El Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, tres ministros de su gabinete y los dos jefes de mayor rango de la Policía Metropolitana enfrentan al menos tres denuncias penales por la demolición del edificio que alojaba al Taller Protegido 19 del Hospital Borda y por la represión a pacientes, médicos y trabajadores del viernes pasado. Pero también hay denuncias contra las víctimas de la represión por “resistencia a la autoridad”.

El domingo 28 de abril la legisladora María José Lubertino (Frente para la Victoria)  presentó una denuncia en la comisaría 28 contra Mauricio Macri, Guillermo Montenegro (ministro de Seguridad), Daniel Chaín (ministro de  Desarrollo Urbano) y Graciela Reybaud (ministra de Salud). Los acusó de participación necesaria en “lesiones y tentativa de lesiones, instigación de daño, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona".

Este mediodía el legislador Alejandro Bodart (MST) presentó otra denuncia penal en la Cámara Criminal y Correccional. Bodart señaló a Macri, Montenegro y Chaín como responsables por parte del Poder Ejecutivo. Esta denuncia suma a Horacio Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, y a Enrique Pedace, subjefe, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y lesiones. Por la tarde Bodart presentará en la Legislatura el pedido de juicio político al Jefe de Gobierno de la ciudad.

La solicitud de elevar a la justicia penal la denuncia presentada el mismo viernes 26 en  que se produjeron la represión y la demolición del Taller Protegido 19 por el Asesor Tutelar Gustavo Moreno sigue su curso. Fuentes de su oficina informaron a Infojus que Moreno va a ratificar el pedido de procesamiento por actividad ilícita. En este caso se denuncia penalmente  al Jefe de  Gobierno porteño por haber ordenado la demolición del edificio del Hospital Borda, donde funcionaba el taller para pacientes, resguardado por una medida cautelar sobre la que debía expedirse la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Tributario. Esta Cámara ratificó el viernes a última hora que la medida cautelar estaba vigente e impuso una multa de 20.000$ a Macri, a Chaín y al  procurador general Gerardo Conte Grand.

En el Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 14 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Fernando Pigni, se tramitan al mismo tiempo por lo menos siete causas por resistencia a la autoridad que se iniciaron de oficio. Se trata de causas contra los trabajadores y manifestantes que fueron víctimas de la represión, pero el juez Pigni dio la orden de mantener en secreto todas las actuaciones de este juzgado.

La Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, anunció esta tarde la apertura de una investigación para identificar a los que "agredieron a la Metropolitana durante una hora de forma sistemática".

Al mismo tiempo Vidal insistió en que el Gobierno de la Ciudad estaba en condiciones de intervenir porque según ella "no estaba vigente la medida cautelar" que lo impedía "porque la dictaron el viernes a la noche".

Esto no coincide con lo que afirma la Sala II de la Cámara que tiene el caso. El escrito difundido por esta Cámara con la firma de los jueces Fernando Lima y Mabel Daniele dice: "La medida cautelar dictada por este tribunal el 28 de diciembre de 2012 en la que se decidió suspender los efectos del decreto 121/12 se encuentra vigente y en consecuencia el GCBA se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier medida vinculada con la "construcción de los edificios del nuevo distrito gubernamental" hasta tanto esta sala se expida respecto del recurso de apelación cuya decision se encuentra pendiente y tal resolución quede firme."

En las tres denuncias penales contra el gobierno de la Ciudad será central conocer las comunicaciones que mantuvieron Pedace –Subjefe de la Policía Metropolitana, a cargo del operativo- y los efectivos de la fuerza. El material que permite reconstruir esas comunicaciones queda registrado y debería ser secuestrado. Enrique Pedace llegó a ser comisario mayor de la Policía Federal, de  la que fue desplazado por su responsabilidad en el operativo en el Parque Indoamericano, donde dos personas fueron asesinadas: Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puñ. Con su fama de operativos brutales a cuestas, Pedace llegó a la Metropolitana. Ya en la fuerza porteña fue responsable del operativo en la Sala Alberdi, en el que hubo tres heridos con balas de plomo. La ciudad de Buenos Aires no tiene un protocolo que impida usarlas en protestas sociales como sí lo tiene la Policía Federal.

Pedace también dirigió la intervención en la manifestación que cortó la autopista Illia en agosto de 2012, donde los policías desbordados entraron con Itakas al barrio y llegaron a disparar sobre mujeres y niños que habían participado. En el desalojo de Parque Centenario  Pedace se acercó al territorio para reorganizar a los efectivos.Preocupado por los medios de comunicación, Pedace supo posibilitar un acuerdo para que el grupo de Daniel Hadad accediera a la matriz tecnológica de la Policía Federal. A través de este convenio las 150 cámaras del canal C5N se utilizaron para monitoreos policiales.