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A 39 años del Golpe, unos cuatro mil tucumanos salieron a la calle bajo la intensa lluvia, y recordaron a las víctimas del Operativo Independencia de 1975, cuna del terrorismo de Estado, y la dictadura cívico militar. Los manifestantes pidieron celeridad a la Justicia y también, el cumplimiento de las condenas contra los represores y civiles ya juzgados. A las seis y media de la tarde, familiares de desaparecidos, dirigentes sociales y militantes de diversos partidos políticos se congregaron en ese lugar emblemático para la reivindicación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y que hace 40 años representaba el edificio del horror y el miedo: la ex Jefatura de Policía. Allí, en pleno barrio Norte (Junín y Santa Fe) de la capital provincial, funcionó un centro clandestino de detención. 

Las caravanas de miles de manifestantes, que también incluían a familias con hijos pequeños y apersonas mayores, iniciaron el tradicional recorrido por el centro tucumano hasta llegar a la Plaza Independencia. Ahí rindieron homenaje a las víctimas de la represión. El recorrido duró casi dos horas.

Ayer San Miguel de Tucumán no tenía el pulso de un feriado cualquiera. La marcha se hizo sentir con bombos, redoblantes, banderas y cánticos, en repudio a los genocidas. Los carteles identificaban a las columnas de Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Asociación de ex Presos Políticos, JP Evita, La Cámpora y Kolina, entre otras. 

Los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos pidieron que todos los involucrados en delitos de lesa humanidad cumplan condena en cárceles comunes. Tras el fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, en 2013, los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira exigieron al Tribunal Oral Federal que una treintena de condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados, pero aún no recibieron una respuesta oficial. Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que insistirán hasta el cansancio para que esto sea posible. “No entendemos por qué tienen que estar en sus casas (con prisión domicilaria), gozando de estos privilegios. Sus víctimas siguen esperando justicia”, dijo la dirigente, con la esperanza de que la marcha la justicia federal tucumana acelere las causas y condene a los responsables. Los familiares de las víctimas esperan con ansiedad que la Justicia fije fecha para el debate por el Operativo Independencia, donde se juzgarán 270 casos de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas. 

Durante la marcha, los manifestantes recordaron que el pasado jueves 12 de marzo empezó el primer juicio contra un ex juez federal en la provincia. Se trata de Manlio Torcuato Martínez, imputado de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Lo acusan de encubrir el homicidio calificado de cinco militantes de la agrupación Montoneros: María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.

Durante el acto, que finalizó pasadas las 20,30 y bajo una lluvia torrencial, los organismos de derechos humanos leyeron un documento. Condenaron “la impunidad que genera una justicia oscurantista”, en alusión aun sector del aparato judicial que promueve la impunidad. Reclamaron: “juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices civiles y eclesiásticos; y repitieron el reclamo de que las condenas se cumplan en cárceles comunes. "Repudiamos enérgicamente las resoluciones de la Cámara de Casación Penal de la Nación que beneficia a los genocidas condenados y civiles cómplices". No sólo se refirieron a la megcausa de Tucumán: también criticaron la revocatoria del procesamiento de Carlos Blaquier en Jujuy, el dictado de falta de mérito a Vicente Massot en Bahía Blanca, y la desestimación de llamar a indagatoria a directivos de Clarín en la causa Papel Prensa. Los referentes también pidieron a la Iglesia la apertura de los archivos del Vaticano y denunciaron la complicidad eclesiástica durante la dictadura.  

Según los organismos, en Tucumán sólo entre 1975 y 1978 se produjeron 3 mil desapariciones. La provincia ya realizó diez  juicios y condenó a más de 60 represores por los delitos contra 289 personas. Las desapariciones, torturas y persecuciones se hicieron sentir durante el gobierno del condenado y ya fallecido, Antonio Bussi. El lunes, diversas organizaciones -entre ellas la CTA de los Trabajadores de Tucumán, la Asociación Amigos del Museo y Talleres Ferroviarios, la Asociación de Prensa de Tucumán- y los trabajadores de los Talleres y familiares de víctimas también rindieron homenaje a sus obreros en Tafí del Valle.