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Después de ocho años de instrucción, la causa en la que se investigó el funcionamiento de la organización liderada por el narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff llegará a juicio en el último cuatrimestre del año. Treinta cuatro personas están acusadas de blanquear cerca de 920 millones de pesos en Nordelta y otros countries del conurbano. El expediente es uno de las 567 investigaciones por lavado de activos en las que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) interviene como querellante. En esas causas la Justicia Federal dictó embargos por 4500 millones de pesos.

“Vamos a saldar una deuda histórica al romper el poder económico de estas organizaciones”, sostuvo el titular de la UIF, José Sbattella. En una entrevista con Infojus Noticias, el funcionario explicó cómo se investigan los delitos económicos, los refugios habituales del dinero narco y las dificultades de investigar a las grandes organizaciones criminales.

—En los últimos años hubo un crecimiento en la participación de la UIF en investigaciones judiciales, ¿cuál ha sido la respuesta de la Justicia?

Hubo un aumento en la cantidad y los montos de los embargos. Hay alrededor de 4500 millones de pesos de embargos vinculados al lavado de activos. Cinco años atrás esta cifra era mínima, lo que quiere decir que hubo un cambio de conducta de los jueces respecto a la ruta del dinero y que hay una Justicia que está involucrada. Antes, normalmente se quedaban con el delito precedente y el camino del dinero no era una preocupación. La legislación lo trataba como un encubrimiento y seguir ese camino implicaba abrir otra causa y hacer una investigación más profunda de los parientes, los socios y los cómplices. El camino del dinero pasó a ser estratégico, a ojos vista es lo único que puede permitir que se termine una organización delictiva. Si no se desmantela la organización económica lo demás es inútil.

—¿Cuáles son los obstáculos en estas investigaciones?

La mayor dificultad es la volatilidad del dinero. Cuando un embargo se demora, es muy probable que cuando se embargue ese bien ya se haya transferido. Otra cuestión es el grado de poder económico que está detrás, la capacidad de defensa que tiene una organización delictiva. Tienen mucha más capacidad de lobby, compra y corrupción.

—Un ejemplo es el caso del empresario Carlos Salvatore, involucrado en la causa Carbón Blanco

Claro. Salvatore, que le ofreció millones a la jueza para que no lo sancione y la amenazó de muerte. Se está avanzando en estas cuestiones. La etapa cultural definitoria es la condena y el decomiso del dinero. Es importante acelerar estos tiempos.

—¿Cuál es el rol de los estudios de abogados en estas causas?

Hay una cantidad de estructuras jurídicas muy importantes, que son los grandes defensores del delito económico. Tienen experiencia demorando las causas y jugando a la prescripción. No es casual que el promedio de duración de las causas por delitos económicos sea de 14 años, cuando no prescribieron. En eso son muy duchos los estudios económicos del poder. La visión que tenemos es que el dinero que viene de un ilícito no puede pagar la defensa del delincuente, porque hace cómplice al abogado. Esa discusión se está dando a nivel mundial.

—¿Cuáles son las formas más habituales de lavado narco?

Hay tipologías tradicionales. La forma más habitual es en actividades donde se mueve dinero en efectivo. La posibilidad concreta de bancarizarlo tiene que ver con formas de valoración en la compra y venta de bienes. En las operaciones aparecen diferencias de valor muy grande entre el valor de compra y el precio de venta. Sobre todo en inmuebles. Así se puede blanquear esa ganancia. Eso implica una cadena de compras ficticias, de empresas fantasmas. El trabajo de la UIF y los fiscales es seguirla, lo que cuesta y lleva tiempo, porque las pruebas son transferencias, cheques, depósitos. Es un oficio bastante denso.

—¿Qué características tienen estas empresas fantasma?

Son empresas con pocos empleados, poco capital, que duran cuatro o cinco meses y se funden, o desaparecen.

—¿Los fideicomisos para la construcción son un refugio para el blanqueo de capitales?

Sí, también. Hoy es obligatorio en los fideicomisos saber quiénes son los partícipes, los propietarios. Falta la difusión y el seguimiento. En muchos casos por los profesionales, que están obligados a reportar cuando aparecen cosas raras y no lo hacen.

—¿Y qué rol cumplen las empresas financieras?

Están obligadas a presentar informes de Reportes de Operación Sospechosa cuando no pueden encontrar una explicación lógica a un movimiento de dinero, aunque no necesariamente termine en una denuncia. Cuando esa empresa no cumple con la debida diligencia se imponen multas millonarias. En 2014 hubo multas aplicadas por 264 millones de pesos. Desde el año 2013, para poder apelar esas multas, las empresas tienen que pagar.

—La causa Meyendorff, en la que se investiga a una gran organización de lavado narco, está por llegar a juicio. En Rosario, las tres grandes bandas criminales también son investigadas por lavado. ¿Cuál es la importancia de llevar adelante este tipo de causas?

Son importantes porque permiten que Argentina muestre la efectividad de la aplicación de la ley y que haya penas y condenas. Es importante desmantelar el poder residual de estas organizaciones, porque caen presos pero siguen disponiendo de fondos. Vamos a saldar una deuda histórica, de romper el poder económico de estas organizaciones.

SO/SH