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Los legisladores porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas, presentaron una acción de amparo para liberar una calle bloqueada hace años por la planta impresora de Clarín. Los legisladores piden la demolición de un muro de más de 4 metros que impide el paso a los vecinos y que convierte la calle en estacionamiento privado y depósito de la empresa.  El Gobierno de la Ciudad confirmó que nunca existió autorización para cerrar la calle, pero no hizo nada para liberarla.

Se trata de la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi. De un lado, las casas de la Villa, separadas por un muro que impide el paso y la visión. Del otro de Ascasubi, en la esquina con Magaldi, una garita de seguridad cumple la misma función.  La arteria bloqueada funciona como estacionamiento privado para los directivos de la empresa, que detienen allí sus autos personales. También ingresan por Ascasubi los camiones que entran y sacan mercadería.

El muro data de principios de los ’90, cuando se instaló allí la planta impresora de Clarín. Primero existió un alambrado, que los vecinos pudieron sortear fácilmente, pero después llegó la construcción que cerró la calle de manera definitiva. Desde entonces, los vecinos de la Villa 21-24 deben utilizar caminos alternativos, menos iluminados y linderos con el Riachuelo. Pero el problema no termina allí: en ese tramo se ubica una de las centrales de electricidad de la zona. Ante los cortes de luz reiterados, los empleados de Edesur manifestaron no poder solucionar los problemas sin tener acceso a la calle.

Las dificultades con Edesur motivaron los primeros reclamos, a fines de 2012, cuando se solicitó al Gobierno de la Ciudad que informe si existió una autorización. La Dirección General de Tránsito negó haber tenido “injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”, y la Dirección de Registro de Obras y Catastro señaló que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”. En abril de este año, los legisladores pidieron al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que demoliera el muro “en forma inmediata”. La única respuesta fue la presencia de dos inspectores de tránsito el 5 de julio pasado, que labraron las actas de infracción a los autos mal estacionados.

“Hay un reclamo de los vecinos de la Villa 21-24 que sostienen que desde que se construyó el muro y el estacionamiento privado, han quedado aislados de las avenidas principales”, contó a Infojus Noticias la legisladora Naddeo. “Se trata de una obra ilegal generada por una empresa grafica del Grupo Clarín. Los vecinos tienen que hacer toda una vuelta para poder acceder a la avenida y tomar los colectivos, etcétera”, explicó. “Nosotros pedimos el derrumbe, porque las multas por infracción que impuso el Gobierno de la Ciudad son muy fáciles de pagar para una empresa grande,  pero acá se están violando normas de planeamiento urbano en privilegio de una empresa”.

El amparo

El viernes, los dos legisladores y un vecino presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “por tolerar y permitir la permanencia en el tiempo de la existencia, de un muro de cuatro metros de altura sobre la calle Ascasubi a pesar de estar anoticiado fehacientemente de ello”. Piden la demolición del muro a fin de “liberar la circulación obstruida por el mismo, fijando un plazo perentorio para que el GCBA lleve a cabo dicha medida”. Fundan el pedido en el derecho constitucional de “entrar, permanecer,  transitar y salir de territorio argentino” (artículo 14).

 “Queda claro que nos encontramos ante un ostensible abuso del uso del espacio público traducido en el bloqueo ilegal de una arteria de la vía pública necesaria para la adecuada circulación, participación y socialización de los vecinos del lugar”, señalan los legisladores en la presentación judicial, y aluden al “derecho ciudadano de la libre circulación”. “Resulta agraviante que una empresa construya o al menos usufructúe de un espacio público que por definición es de todos, mediante la construcción de un muro, para transformarlo en un espacio privado. Pero mucho peor es que un gobierno que toma conocimiento de esa situación la acepte pasivamente y no vuelva las cosas a su estado original y legal”, sostiene la presentación.

“Nos vemos en la obligación de promover la presente acción de amparo destinada a reponer la vigencia de los derechos constitucionales que entendemos se encuentran violentados por el ejercicio abusivo de las acciones de un grupo de individuos en detrimento de los vecinos de esta Ciudad”, argumentan los legisladores en la presentación.

“Seguramente la Justicia pedirá descargos al Gobierno de la Ciudad y a la empresa, y citará a las partes. Probablemente quieran también certificar las pruebas”, explicó Naddeo. La causa quedó radicado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N° 12, secretaría N° 23, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza subrogante Lidia Lago.