Un caso de censura promovido por el gobierno de la Ciudad
Ayer Mauricio Macri firmó un decreto para “proteger la libertad de expresión”. Hace sólo nueve meses el gobierno de la Ciudad solicitó a la Justicia un pedido de censura a los canales de televisión. El pedido le fue concedido y un spot fue prohibido durante tres días.
- El spot censurado
Captura del spot prohibido
A pedido del ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Chain, el 12 agosto de 2012 la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22 de la Ciudad, Gabriela Zangaro, prohibió la difusión de un spot televisivo.
El spot se refería a la situación del subte de la ciudad y fue realizado por el gobierno nacional. Se había difundido el 11 de agosto en la tanda del programa Fútbol para Todos y en los canales de cable C5N y CN23.
El texto del spot brindaba información sobre el traspaso del subte al gobierno porteño desde el punto de vista del gobierno nacional. Finalizaba con esta afirmación: “el gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos de la Nación y los recursos de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa: hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también significa solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar”.
La jueza Gabriela Zangaro prohibió su emisión en todos los canales de televisión. En los fundamentos de la suspensión la jueza afirmó que el mensaje “hostigaría la persona del funcionario precitado y lo discriminarían en su accionar en violación al orden normativo vigente”. Chain sostuvo que el spot difundía “diversas falsedades” y que su emisión implicaba la “afectación de su imagen”. Atendiendo a este reclamo, la jueza dictó una medida cautelar que impidió la difusión de este contenido durante 72 horas y lo notificó a los canales “2 (América), 7, 9, 11 (Telefe), 13, C5N, Canal 26”.
Zangaro argumentó también que “el Juez debe mantener siempre su principal función garantizadora de derechos fundamentales y del orden constitucional, entendido el Poder Judicial como contrapoder, como garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado.” Y consideró que el spot era un caso de hostigamiento: “Entiendo que debe tenerse presente que el hostigamiento constituye una acción tendiente a molestar intencionalmente a una persona, perseguirla o acosarla, sin importar los móviles que impulsan al autor, así como también incidir en la realización de acciones futuras, generando intranquilidad y pudiendo cualquier medio ser apto para ello”.
De esta manera privilegió el reclamo por la afectación de la imagen del funcionario por sobre la libertad de expresión. A pedido de un ministro de la ciudad de Buenos Aires, no tuvo en cuenta en su fallo la derogación de la ley 26551 de calumnias e injurias y tomó una medida censora. Tampoco consideró que los estándares internacionales de libertad de expresión indican que la protección de la reputación y el honor de los funcionarios públicos debe estar garantizada por medidas posteriores a la difusión de los contenidos, nunca a la prohibición de difusión de un mensaje.
El decreto firmado ayer por Mauricio Macri para proteger la libertad de expresión ratifica esta jurisprudencia que uno de sus ministros – y la justicia de la ciudad de Buenos Aires- desconocieron hace solo nueve meses.
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