Ramiro González le solicitó al juez Sebastián Casanello que pida a la Secretaria de Inteligencia la desclasificación “relativa a personas físicas, jurídicas y empresas” mencionadas en la denuncia de Gustavo Vera. El legislador dijo que Stiuso y otros ex agentes figuran como directores de empresas que tuvieron un fuerte crecimiento patrimonial.
El fiscal federal Ramiro González envió un escrito al juez Sebastián Casanello en el que pide que se solicite a la Secretaria de Inteligencia (SI), “la desclasificación relativa a personas físicas, jurídicas, y empresas que están mencionadas en la denuncia presentada por el legislador Gustavo Vera”, explicaron a Infojus Noticias fuentes judiciales. La presentación es en el marco de la denuncia por “presunto enriquecimiento ilícito” hecha por Vera contra el ex Director de Operaciones de la SI, Antonio Stiuso, y otras cuatro personas que habrían formado, o formarían, parte de ese organismo. Casanello deberá ahora decidir sobre el escrito y pedir esa información a la SI.
Avanzar sobre seguro es la premisa de González, que fue sorteado por la Cámara el lunes pasado para hacerse cargo de la denuncia que Vera presentó el 2 de febrero ante el fiscal Federico Delgado. Tras una investigación preliminar, Delgado hizo lugar a la presentación, que consta de 14 páginas, y este lunes la envió a sorteo. Del sorteo salieron elegidos Casanello y González.
“Casanello recibió el expediente y lo envió a la fiscalía de González, que lo que busca ahora es saber si algún impedimento para avanzar con la investigación teniendo en cuenta la Ley de Inteligencia 25.520”, resumió la misma fuente.
Vera denunció que tanto Stiuso como las otras cuatro personas figuran como fundadores o directores de un conglomerado de empresas que tuvo un crecimiento exponencial de su patrimonio. “Con el pedido de desclasificación a la SI lo que se busca es establecer la identidad de estas personas, que no haya ningún problema de confidencialidad, y determinar si formaron parte de la Secretaría o no. Y también establecer si esas empresas no actuaron como ‘pantalla’ o ‘fachada’ para alguna operación de la Secretaría”, agregó la misma fuente. “La denuncia es copiosa y frondoza, por eso es clave tener todo bien claro antes de empezar”, completó.
En la denuncia Vera también pidió se investigue el presunto enriquecimiento ilícito de los cinco mencionados y, a la vez, que se determine si existen o existieron conflictos de intereses entre la función pública que desempeñaron y las empresas privadas en las que figuran como parte.
El legislador sostuvo que la actividad económica desplegada por Stiusso no se corresponde con un ingreso mensual de alrededor de 15.000 pesos. Vera sustentó su presentación con datos obtenidos del Boletín Oficial y datos y financieros de sitios de internet especializados en ese tipo de información. El legislador consideró que los ex agentes de inteligencia pueden haber incurrido también los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencia.
Las empresas denunciadas
El origen de la información que Vera tomó para efectuar la presentación proviene de “denuncias anónimas” y de investigaciones previas de la Fundación Alameda que en 2011 acusó a Raúl Martins, ex miembro de la SI, de formar parte de una red de trata de personas. En ese marco, dice la denuncia, surgieron elementos que mostraban “el aparente crecimiento patrimonial desproporcionado” de los ahora denunciados.
La empresa American Tape SRL es una de las que está en el foco de la denuncia. Stiuso y dos de los agentes figuran como sus creadores en 1994. En el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial figuran cuatro marcas a nombre de American Tape SRL: AV, AV American Vial y dos con el nombre AV American Vial Construyendo Futuro pero con diferente categoría de operación. Es American Tape la empresa que, según el Boletín Oficial, en el año 2013 “registró un aumento de capital pasando de 6 mil a 6 millones de pesos”.
También aparece mencionada en la denuncia Construcciones y Tecnologías SA, creada en 1997. Se dedica a la construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas y telecomunicaciones. Las otras empresas son Establecimiento El Peregrino SA, Avícola de la Cruz SA, distribuidora Hobar SA e Iwsa - Indian Wells SA.
En su escrito el legislador consideró que Stiuso pudo haber incurrido también en otros delitos como lavado de dinero y tráfico de influencias.