Un juez frenó la adecuación de oficio de Clarín
El juez civil Horacio Alfonso dictó una medida cautelar en favor del multimedios. Señaló "aparentes deficiencias" en la decisión del directorio de AFSCA. La autoridad de aplicación apelará la medida.
Leo Vaca
El juez civil Horacio Alfonso concedió una nueva medida cautelar en favor del Grupo Clarín, para detener el proceso de adecuación de oficio de la ley de medios ordenado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El magistrado suspendió el proceso que la autoridad de aplicación dispuso al detectar irregularidades en el plan voluntario presentado por el holding para desprenderse de las licencias excedentes. La medida tiene una vigencia de seis meses, pero será apelada por el organismo que encabeza Martín Sabbatella.
El magistrado había concedido una medida previa en octubre, tras la impugnación de las resoluciones del AFSCA por parte de Clarín. El multimedios denunció que las decisiones de la autoridad de aplicación implicaban una “violación del procedimiento legal”, y el juez lo consideró verosímil. El magistrado señaló “aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y el consiguiente proceso de conformación de la voluntad” en el directorio del órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El directorio decidió rechazar el plan de división del Grupo Clarín en seis unidades operativas, tras encontrar lazos entre los integrantes de las sociedades que no están permitidos por la ley. Alfonso aclaró que resolvió la medida cautelar en base a “indicios” y no certezas, pero sostuvo que la resolución de AFSCA que dispuso la transferencia de oficio de esas licencias “luce fuera de márgenes razonables de proporcionalidad”. Calificó de “extrema” a la decisión administrativa y señaló la “gravedad e incidencia” de la resolución.
El magistrado del fuero civil fue el que declaró la constitucionalidad de la ley de medios ante los primeros planteos de Clarín. Ahora consideró que la adecuación de oficio “provocará una grave afectación patrimonial y operativa cuyas secuelas serían de muy difícil o imposible reparación”, y decidió suspenderla hasta resolver el planteo de fondo. El fiscal Miguel Ángel Gilligan había dictaminado en contra de la cautelar solicitada por el multimedios, pero el juez se apartó de la recomendación.
El ente que dirige Sabbatella cuestionó la decisión cautelar del juez, que puso en duda el consentimiento de los integrantes de su directorio. La decisión del cuerpo fue adoptada por el voto mayoritario de sus miembros, tras el proceso reglamentario de deliberación. Sostienen que la decisión judicial está sustentada en versiones periodísticas y no en los informes técnicos. En un comunicado, el titular de AFSCA insistió: “Dimos los pasos correctos para que el Grupo Clarín se encuadre a los límites establecidos en la ley 26.522, iniciando el proceso de adecuación de oficio después de probar que existen vínculos societarios en Nueva Zelanda, Panamá, Estados Unidos y Argentina, que son incompatibles con la ley”.
“Creemos que lo resuelto favorece directamente la actitud dilatoria que le ha permitido a Grupo Clarín seguir dominando el mercado de medios luego de 5 años de sancionada la ley”, informó el ex intendente de Morón. Y dijo que el fallo “privilegia el interés particular de un grupo hegemónico contra nuestra decisión de garantizar el cumplimiento de las leyes, la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión”.
El titular de AFSCA afirmó que “una parte importante de la Justicia está colonizada por los poderes económicos concentrados y tiene miedo de terminar con los privilegios”. Y dijo que “la Justicia debería preocuparse en exigir que las leyes se cumplan, no en darles herramientas a los grupos concentrados para que las eludan”. En la apelación harán referencia a la decisión del mismo juez sobre la constitucionalidad de la medida, en la que explicó que esta clase de medidas cautelares le corresponde decidirlas el fuero contencioso administrativo.
Alfonso no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma que dispone la transferencia de oficio, y aclaró que la cautelar “no implica juzgar ni prejuzgar los derechos de los accionantes ni la procedencia de su reclamo”. Después de cinco años de litigio, la Corte convalidó la constitucionalidad de la ley de medios en octubre del año pasado. Aun así, el multimedios más grande de la Argentina todavía encuentra cómo dilatar su adecuación a la ley, y sigue recurriendo al fuero civil para hacerlo.