Infojus Noticias

El primer jurado intercultural de América Latina dio su veredicto de “no culpable” del delito de tentativa de homicidio contra la referente de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche., Relmu Ñanku, y la encontró responsable de “daño simple”. El jurado, compuesto por doce personas, seis de ellas mapuches, juzgó los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2012, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquén. Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Los miembros de la comunidad se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal. Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio” y Martín Maliqueo y Mauricio Rein por “daños agravados”, quienes también fueron absueltos. Todo el debate contó con la traducción simultánea al mapuzungun, el idioma mapuche. “El jurado nos dio la razón. El pueblo fue más coherente que todos los jueces, fiscales”, dijo Ñanku a Infojus Noticias, quien celebró su absolución, tras casi tres años de lucha.

“La justicia ejercida por el pueblo es más sabia que la de los fiscales", aseguró el abogado Darío Kosovsky que junto a Emanel Roa defendió a los imputados. “Estoy feliz, exultante”, resumió. Apenas se dio a conocer el fallo la sala estalló en gritos y aplausos. En medio de un clima de mucha emoción, los presentes comenzaron a cantar “la tierra robada será recuperada”.

“La vamos a dar vuelta en la impugnación”, dijo Kosovsky sobre la culpabilidad entorno de “daño simple”. El abogado explicó que esa figura fue aplicada por el jurado “por un error en las instrucciones que dio el juez al jurado, antes de la deliberación, sobre cómo tenían que evaluar”. Detalló que ya habían “dejado reserva del caso” y agregó, entre risas: “Relmu va a quedar sin ninguna manchita”.

El juicio comenzó la semana pasada en una amplia carpa blanca armada especialmente junto a los tribunales de Zapala. Relmu llegó al debate acusada de “tentativa de homicidio”, un delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, pero que ayer fue reducida por la misma fiscal que la había puesto: Sandra González Taboada. La representante del Ministerio Público Fiscal, en sus alegatos,  bajó la calificación a “lesiones graves en concurso real con  daño”, que contempla una pena de hasta 9 años de cárcel. Para el abogado Kosovsky, que defendió a Relmu, la elección de la carátula no fue casual y fue parte de una política de "criminalización de la protesta".

“Desde que llegamos vinimos a demostrar nuestra inocencia, no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí confiábamos en que el jurado iba a tener más coherencia”, recalcó Relmu. El camino recorrido por ella y el resto de la comunidad frente a la justicia los había marcado a fuego. La misma fiscal, González Taboada, que la acusó por tentativa de homicidio y la llevó a juicio, fue quien desestimó una denuncia de la comunidad por el ataque que sufrieron de una patota petrolera. “La balanza siempre se inclina para el lado del poder y eso quedó claro con lo que hizo la fiscal”, describió.

Esa balanza se inclinó hoy para el otro lado. “El jurado escuchó, analizó, vio y decidió lo que tenía que decidir”, detalló Kosovsky y explicó que, entre otras cosas, los miembros del jurado vieron que detrás del caso “había política e intereses” que buscaron someter al pueblo Mapuche para ganar dinero. Y que, como contrapartida, “hay un pueblo que resiste”. “El mensaje fue contundente”, resumió.

Para Relmu, la decisión del jurado, entre otras cosas, “nos genera nuevas condiciones para seguir luchando y resistiendo y acompañando a todos los pueblos originarios del país”. En medio de los festejos, volvió a agradecer la “suerte de tener un jurado que supo ver”.

“Un juicio injusto”

Ayer se realizaron los alegatos de las partes y el lunes, en la sexta audiencia del debate, se escuchó el testimonio de Ñanku. De cerca la escucharon sus familiares y diferentes referentes indígenas, como Félix Díaz, y desde Buenos Aires llegó un colectivo con militantes de diversas organizaciones sociales, entre ellos Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. En primera fila, escuchando el veredicto del jurado, estuvo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. 

En su exposición ante el juez y el jurado, Ñamku empezó hablando en mapuzungun. Saludó a las autoridades indígenas y a todos los presentes. “Es un juicio injusto. Quiero contar la verdad de lo que pasó”´, aseguró. Entre lágrimas contó su historia, cómo fue dada en adopción y cómo con los años recuperó su identidad mapuche. También relató la etapa de sus estudios en Córdoba y cómo decidió volver a Neuquén, porque ahí veía las luchas que se daban. Relató también cómo se casó con Maliqueo y fue a vivir a la comunidad.  Y describió la situación de conflicto entre la comunidad Winkul Newen, que tiene petróleo debajo, y las compañías multinacionales que extraen hidrocarburos. “Las petroleras siempre hicieron lo que quisieron y el Estado siempre las dejó hacer. Es una relación muy desigual, pero el Pueblo Mapuche lucha porque es un pueblo que quiere seguir vivo”, afirmó. Su testimonio fue publicado por el diario del juicio que realizó Amnistía Argentina, que actuó como observadora en el juicio.

Ñanku también dio cuenta de las agresiones físicas que sufrieron su cuñada embarazada y su suegra, por parte de una patota petrolera un tiempo antes del hecho que se juzgó en este debate. El hecho fue denunciado, pero no fue investigado. “Los fiscales Marcelo Jofre y Sandra González Taboada (los mismos que ahora los llevaron a juicio a ella) no hicieron nada”, aseguró.

Contaminación

La resistencia de la comunidad Winkul Newen se remonta a varios años antes de aquel 28 de diciembre de 2012. En 2010 habían comenzado un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en tierras mapuche sin respetar los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se agravó aún más con una serie de derrames de hidrocarburos y en 2012 la comunidad –donde las casas no tienen ni servicio de gas, ni electricidad y tampoco agua- cerró el paso a la empresa.

El 27 de diciembre la comunidad enterró a una beba que había fallecido unos días antes, convencidos de que la causa de muerte era la contaminación de la zona. Un día después llegó la orden de la jueza Ivonne San Martín, que hizo lugar a un pedido de la petrolera y ordenó que se notificara a la comunidad que permitieran correr los alambrados y tranqueras para que pase la empresa. Para eso llegó hasta el lugar Pelayes. Llevaba la notificación y estaba acompañada por efectivos policiales, miembros de seguridad privada, una retroexcavadora y empleados de la firma.

Ñamku contó que les pedían a Pelayes y los efectivos que se fueran. “Le dijimos varias veces que nos dé la notificación y se vayan, pero no, ellos querían entrar y no los íbamos a dejar”, destacó. La mujer pidió que se exhiba un video en el que se la escucha decirles que se vayan. Y también le responde a Pelayes varias veces con un “¿qué sabes vos de mapuches?”. En su testimonio agregó: “nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”. Remarcó que durante los años de lucha tuvieron numerosas notificaciones, pero nunca una auxiliar del Poder Judicial los había tratado así.

En medio de un ambiente tenso, la retroexcavadora comenzó a avanzar y casi atropella a un joven de la comunidad. Hubo piedrazos para detener el avance. Una de esas piedras dio en la cara de Pelayes y le rompió el tabique. Poco después la mujer hizo su presentación judicial acompañada de Julián Álvarez, un abogado neuquino que defendió desde estancieros hasta un juez acusado de delitos de lesa humanidad. Tras hacerse cargo del caso, insistió en que se trató de un intento de homicidio y dijo que los mapuches eran “delincuentes que viven en la ilegalidad”. La fiscal González Taboada, que esta vez sí avanzó con la investigación, primero la  caratuló como “lesiones” y luego concordó con Álvarez en re caratularla como “tentativa de homicidio y daño agravado”. Hasta ayer, que empezó a dar marcha atrás.

CD/PW