Infojus Noticias

A pesar de estar preso, muy pronto el barrabrava Hernán Ariel Cantón podría alcanzar el sueño de la casa propia en uno de los terrenos más cotizados de la Boca. Cantón, detenido por el escándalo de los carnets truchos, es uno de los beneficiarios del convenio entre la Asociación Civil Casa Amarilla y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dependiente del gobierno porteño. El acuerdo, que otorga el manejo de los planes de vivienda a un privado, alcanza a más de cuatrocientas personas elegidas en una "asamblea interna" de la asociación. En el listado al que tuvo acceso Infojus Noticias también figura Cinthia Soledad Lancry, la hija del “cabezón” Santiago Lancry, quién se entregó hace unos días en el juzgado de Manuel de Campos.

La Asociación Civil Casa Amarilla existe desde el año 2005. La preside un amigo íntimo de los “tribuneros” -como llaman a los barras la gente del barrio: Diego Basualdo. Él es quién firma al pie de los listados de personas que podrían ser dueñas de las casas a construirse.

El convenio por el plan de viviendas –desmenuzado en una investigación publicada hoy por el diario barrial Sur Capitalino- establece que el Estado construye edificios de viviendas sociales pero delega en una ONG la selección de los beneficiarios y la administración de los consorcios. “Este convenio es la privatización del clientelismo. Es como una inmobiliaria con bienes del Estado”, lo definió Facundo Taboada, integrante del equipo de asesores de la Defensoría General de la Ciudad, en la nota publicada en el diario barrial.

La investigación de ese medio revela que de la lista de 431 preadjudicatarios sólo un 22,10% vive en La Boca. El dato no expresa, por sí sólo, una ilegalidad. El pacto entre el organismo que conduce Emilio Basabilvaso –ex subsecretario de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, un alfil de Rodríguez Larreta licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y becado con honores en Madrid- y la ONG de Basualdo, le permite a los aspirantes vivir en toda la ciudad Autónoma y en el Gran Buenos Aires, a pesar de que se trata del único plan de viviendas en años en el barrio más huérfano de la capital en infraestructura habitacional. “Es ilegal otorgar a un particular, en este caso una asociación, el derecho de administrar propiedades que otorga el Estado”, agregó Taboada en la publicación del sur de la capital.

Del análisis del listado no sólo emergen los barras del Xeneixe. Sur Capitalino detectó otras irregularidades: hay viviendas para distintos miembros de una misma familia (padres, hijos, hermanos, parejas); y una decena de adjudicatarios que viven en un mismo edificio (Irala 170). Y hay, sobre todo, muy pocos vecinos de La Boca.

Amigo de barras y policías

Diego Andrés Basualdo  tiene menos de 40 años. Según una investigación publicada a principios del año por el sitio Cosecha Roja, un vecino entrevistado –que prefirió no identificarse- juró haberlo visto el domingo 25 de noviembre, en el entretiempo de un partido entre Boca y Racing, adentro de un obrador del predio donde su Asociación administra la construcción de 438 viviendas, hablando con un federal de apellido Tévez, uno de los recaudadores de la Brigada de calle de la comisaría 24, y al propio Mauro Martín, manipulando plata y entradas. El año pasado, cuando balearon a Martín y otros barras en la autopista camino a Santa Fe por un enfrentamiento con la gente del Rafa Di Zeo, contaron que él mismo encargó un pasacalle que decía: “Mauro, la Doce está contigo”. Lo firmó como “Michael Fox y su Delorean”.

En 2004 varias organizaciones sociales lograron el compromiso de Aníbal Ibarra para construir 1.200 viviendas en un predio lindero al polideportivo de Casa Amarilla. El déficit habitacional del barrio, los desalojos y la precariedad absoluta de los conventillos provoca incendios y, a veces, muertes. Un juez de la ciudad ordenó –por pedido de unas setenta organizaciones- que ese acuerdo incumplido, y heredado por la administración Macri, se pusiera en marcha. En ese momento, la asociación de Diego Basualdo integraba ese grupo. El gobierno de Macri se opuso: era casi pública la intención del jefe de gobierno de vender Tierra Amarilla a Boca Juniors. La Asociación Civil Casa Amarilla querelló al gobierno de la ciudad por las 1.200 viviendas y la justicia le dio la razón.  A partir de entonces  Basualdo empezó a negociar con el gobierno. “Este tenía perdido los terrenos y no le iba a quedar otra que construir las viviendas. Ningún juez iba a dar vuelta esa sentencia”, dice un abogado que sigue de cerca los vaivenes del negocio inmobiliario en la zona.

En 2010, Basualdo aceptó el acuerdo de construir 438 en lugar de las 1200, con las cláusulas ya mencionadas: la asociación seleccionaría a los adjudicatarios en una asamblea interna-,y administraría los consorcios de los edificios. Basualdo se acercó al jefe de Gobierno. En 2011, apoyó públicamente la campaña de Daniel Angelici, su delfín. Y comenzó a negociar con miembros de la barra brava el reparto de las viviendas de Casa Amarilla.

El 14 de noviembre, casi todas las organizaciones marcharon reclamando viviendas dignas. Cuando la manifestación pasó por el predio, lo custodiaba una guardia pretoriana de hombres de La 12 a quienes se sumó la Policía Metropolitana. Hoy por la tarde habrá una nueva marcha en reclamo de una vivienda más digna para La Boca. El destino final será el predio donde esperan el favor de Basualdo algunos barras bravas del club de La Ribera, hoy reñidos con la ley.