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Infojus Noticias

6-1-2014|12:45|Corte Nacionales
El Gobierno porteño no ofreció solución a las familias afectadas

Una fiscal de la Ciudad busca sancionar a los que cortan la autopista Illia

Desde el domingo, vecinos reclaman una solución habitacional ante el desalojo. Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público porteño, quiere desalojar el corte y llevar a los manifestantes a los tribunales contravencionales. Pero no logra que ninguna fuerza de seguridad le responda.

  • Fotos: Sol Vazquez
Por: Franco Lucatini

Vecinos de la Villa 31 mantienen por octavo día consecutivo el corte de la Autopista Illia para reclamar una solución habitacional. El Gobierno de la Ciudad no se hizo presente para solucionar el conflicto y se niega a negociar mientras continúe el corte. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, le exigió al jefe de Gobierno porteño que se haga cargo.

El conflicto se hizo visible el domingo 29 de diciembre. En un primer momento se creyó que se trataba de un reclamo por cortes en el servicio de energía eléctrica. En realidad, los vecinos cortaron la autopista como reacción al desalojo de los asentamientos en terrenos del ferrocarril Belgrano Norte. El mismo había sido ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido de la compañía de transporte ferroviario. Los manifestantes piden que el Gobierno porteño les brinde una vivienda o un subsidio de 50 mil pesos para paliar la situación de emergencia.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Nación se hicieron presentes para tratar de encontrar una alternativa al conflicto, pero aún no se llegó a ningún acuerdo. Este mediodía, lo funcionarios de la Secretaría de Habitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad mantenían reuniones privadas para decidir cómo seguir, pero sin dialogar con las familias afectadas.

Gonzalo Mórtola, funcionario de esa cartera a cargo del programa de mejoras de la Villa 31 y 31 bis, sostuvo que “en estas condiciones no se puede seguir negociando”, aludiendo a que los vecinos continuaban el corte de la autopista para forzar al diálogo.

La Unidad Fiscal Este del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención desde el comienzo. Busca llevar a los tribunales penales porteños a los vecinos que participan del corte. Se les imputaría la contravención de obstrucción de la vía pública, que prevé una pena de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre doscientos y mil pesos.

La fiscal contravencional Daniela Dupuy pidió al juzgado de Casanello -que dictó el desalojo- los nombres de quienes continúan el corte de la autopista. Pero la titular de la Unidad Fiscal Este no logra que las fuerzas de seguridad se movilicen para forzar el desalojo. Casanello ordenó desalojar las tierras porque están en terrenos del ferrocarril, que son de jurisdicción federal. 

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, planteó que “hay una inacción e inoperancia absoluta del Gobierno de la Ciudad”, y denunció que no se ve a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño trabajando con los vecinos. Calificó como “insostenible” el corte de tránsito que ya lleva ocho días, y recordó que “la Policía Metropolitana no necesita de la orden de un juez para actuar”.

El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, también aludió a la ausencia de la gestión de Mauricio Macri, y pidió que “cada uno de los gobiernos” trabaje para ofrecer soluciones a todos los conflictos.

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