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La Cámara Federal porteña puso al borde del juicio oral y público a una organización que se dedicaba a captar jóvenes paraguayas para explotarlas sexualmente a domicilio. La causa se inició a raíz de la confesión de una de las explotadas, menor de edad, a un cliente. Los jueces confirmaron los procesamientos y la prisión preventiva por el delito de “trata de personas”, que contempla penas de hasta 15 años de cárcel.

“Con fecha 10 de diciembre de 2013 se recibió una denuncia a la línea 137 perteneciente al Programa Víctimas contra las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dando cuenta que unos meses atrás el denunciante había solicitado servicios sexuales a través de una página de Internet www.tu17f.com manteniendo un encuentro con una joven apodada ‘Bella’, la que sería menor de edad, quien le habría manifestado que era paraguaya y que había llegado engañada al país para trabajar cuidando niños. Asimismo le refirió que la hacían trabajar jornadas de más de 24 horas y aún enferma, por lo que le solicitó que la ayudara”. A partir de ese dato inicial, el juez federal Julián Ercolini inició una investigación que permitió desbaratar la organización, que tenía su “administración” en la Avenida Rivadavia 2982, piso 12 departamento “E” de esta Capital.

Las personas encargadas serían una tal ‘Noelia’ o ‘Noe’ y ‘José Luis’. Las víctimas eran trasladadas en taxis a los albergues transitorios donde eran explotadas. “Noelia” era una figura temida por las jóvenes paraguayas, según se desprende de la investigación. También aparece un tal “Tío Lua”, a quien el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal le atribuye que “se encargaría de traer chicas del Paraguay”. Una mujer que fungía como “recepcionista” era, en realidad, “quien manejaba el dinero que traían las jóvenes, hacía los ‘descuentos’, que en muchas ocasiones constituían el total de lo recaudado en virtud de la aplicación de lo que ellos llamaban ‘multas’ o para el pago de “gastos” que eran obligadas a realizar”.

El caso pone de relieve una modalidad distinta de los mecanismos de la trata. Según se desprende del fallo, los explotadores usaban internet como medio de contacto con los “clientes” y las víctimas eran trasladadas a domicilio. Desde la sanción de la ley que tipificó el delito, los explotadores se vieron obligados a cambiar sus modus operandi. Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, analiza este fenómeno que se observa en otros casos: “se cree que una víctima es una persona ´privada de su libertad ambulatoria´, ´encadenada´ o ´encerrada bajo llave´, no obstante cabe preguntarse qué sucede en los casos en que las víctimas ingresan y egresan del lugar de explotación en forma permanente”. Y agrega: “en todos los casos su libertad se encuentra cabalmente condicionada por la situación que viven en el país en el que se encuentran siendo explotadas, al que llegaron engañadas, con una promesa de trabajo digno en condiciones económicas que nunca se corresponden con las esperadas”.

Cómo operaba la red

En el departamento de Avenida Rivadavia “funcionaba una oficina a modo de administración de la actividad investigada, habiéndose hallado en el lugar a tres mujeres jóvenes, cuyos nombres de fantasía eran ‘Sofi’, ‘Tami’ y ‘Yani’, quienes fueron asistidas por personal especializado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia”. Los investigadores determinaron que en el lugar “se hallaban colocadas dos cámaras tanto en la oficina como en el living desde donde según los testimonios eran controladas cuando la dueña no se encontraba en el lugar”.

Las jóvenes explotadas vivían en un pequeño departamento en la calle 24 de noviembre, de esta Capital. “Se trataba de un inmueble precario dividido en varias habitaciones todas iguales, una cocina y un baño. En el lugar se encontró a tres mujeres -dos mayores de edad-, una de las cuales debió ser asistida en razón de estar embarazada a punto de dar a luz, la que fue trasladada al hospital acompañada por su pareja”. En ese lugar, presuntamente, también vivía “Bella”, la menor de edad que disparó la investigación con su pedido de ayuda, “a quien le habrían falsificado un documento para que ‘pareciera mayor’, pero con la que no se pudo dar hasta el presente”, explica el fallo.

Los camaristas Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah establecieron que los imputados “han desarrollado su actividad ilícita mediante la coacción, utilizando medios coercitivos e intimidatorios propios del tipo penal que nos ocupa, por lo que no nos hallamos frente a un caso de ejercicio de la prostitución sino de aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, provenientes de otros países, muchas de las cuales no sabían ni hablar el idioma español, sin arraigo y sin demasiadas posibilidades concretas de regresar a sus países si decidían dejar el trabajo porque no les gustaba, como así tampoco de hallar otro medio de vida”.

“De sus relatos se desprenden situaciones de abuso siendo obligadas a trabajar en condiciones indignas, por horarios prolongados, debiendo dejar en algunas ocasiones hasta el total del dinero percibido, sin poder negarse a tomar algunos de los trabajos para los que las contrataban y sin poder salir hasta tanto terminaran los denominados “pases”. Si bien no vivían en el lugar, no podían salir en los horarios laborales, debiendo consumir bebidas o comidas dentro del departamento todo lo que les era descontado del dinero que recibían, como así también pagar las fotografías que les tomaban para ser exhibidas en la página de internet y la ropa interior que debían utilizar. Asimismo relatan situaciones de violencia de gritos y retos en caso de no querer cumplir con las órdenes que les daban, adunado a que en algunas oportunidades las amenazaban con que ‘Noelia’ estaba mirando todo por las cámaras, entre muchas otras situaciones que han sido extensamente relatadas por las víctimas”. Aún cuando las cabezas de la organización están detenidas, para las jóvenes explotadas el calvario se prolongó: “una vez practicados los distintos allanamientos fueron amenazadas habiéndoles manifestado que no se presentaran a declarar, que si les preguntaban respondieran que no fueron maltratadas, que al resto de los imputados no los conocían, que entraban y salían cuando querían, y que si no podían resultar culpables e iban a estar complicadas”, explica el fallo.