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Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que “hacen falta herramientas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil sobre el sistema de Inteligencia” e insistió en que “con un cambio normativo no alcanza”. El CELS participará hoy de los debates de comisiones en el Congreso de la Nación para tratar el proyecto de ley que crea una Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la ex SIDE. Llevará su respaldo a las líneas generales del proyecto y aportará sus comentarios para mejorar la iniciativa legislativa.

La abogada sostuvo que “en el contexto mundial actual es imposible” pensar un país sin un servicio de inteligencia. Pero aclaró que “debe funcionar para defender las instituciones democráticas y colaborar en la defensa nacional y la defensa de la seguridad interior”. Anticipó que los planteos del CELS en el Congreso serán sobre el control de las actividades de la AFI y de los fondos reservados, el destino de su vieja planta de personal, la distinción entre investigación e inteligencia, el acceso y clasificación de la información y la ejecución de las escuchas telefónicas.

“La pregunta es cómo lograr que se diseñen límites y mecanismos para que haya control político del sistema de Inteligencia, controles parlamentarios y sociales de manera de evitar que se autonomice”, sostuvo Litvachky en una entrevista publicada hoy por el diario Página/12. Dijo que a lo largo de distintos gobiernos hubo problemas de funcionamiento que generaron “relaciones y modos de vincularse” que permitieron independencia y autonomía de los servicios de inteligencia. Como consecuencia, terminaron actuando “para sus propios intereses” y pactando con el sistema político y judicial.

La especialista afirmó que “esa autonomía genera problemas de gobernabilidad” y puso como ejemplo el caso AMIA, en el que “se vio a la propia SIDE involucrada en la maniobra de encubrimiento, con actores políticos y judiciales”. Aunque advirtió que es difícil de revertir, señaló que “es necesario hacer una reforma que cumpla con los objetivos del Estado de Derecho y el sistema democrático”.

Litvachky planteó que “hacen falta herramientas normativas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil”, y propuso que se plantee una depuración de la planta, “con un proceso de revisión del personal actual, del trabajo hecho y apertura de archivos”. Resaltó la función de los mecanismos de control, y dijo que deberá analizarse “cómo se va a controlar la ejecución presupuestaria de los gastos reservados”.

La abogada del CELS respaldó el traspaso de las escuchas telefónicas judiciales al Ministerio Público Fiscal, pero siempre que se trate de investigaciones criminales y con autorización del juez. “Sobre el resto de las escuchas, las que tienen que ver con inteligencia preventiva, eso será discutido”, anticipó. Dijo que “hay que separar la función de investigación de la inteligencia” y aseguró que “esa confusión es la que ha generado los lazos poco claros con la justicia federal”.