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La Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación inició desde su creación, en octubre de 2012, 51 investigaciones sobre posibles casos de sustitución de identidad durante la dictadura cívico militar. La Unidad, a cargo del fiscal Pablo Parenti, presentó su primer informe de gestión en el que precisó que "se iniciaron 51 investigaciones preliminares sobre posibles casos de apropiación". Evaluó que "el flujo de casos ingresados creció particularmente a partir de la creación del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas y su Fondo de Recompensas para aquellas personas que aporten datos novedosos que posibiliten la restitución de la identidad de un/a joven apropiado/a".

De esta forma de las 51 investigaciones: 21 ingresaron por vía Fondo de Recompensas; 15 fueron iniciadas por información remitida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; 8 por información aportada por particulares; 5 por presentaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI); una iniciada como derivación de otra investigación y una derivada por una fiscalía de juicio".

"De estas investigaciones preliminares, 12 han concluido en denuncias presentadas en sede judicial", señaló el informe, aunque aclaró que "algunas de las denuncias recibidas se refieren a hechos que estarían fuera del rango temporal o no mostrarían vínculos con el terrorismo de Estado". Respecto del Seguimiento de las causas judiciales en trámite, el informe precisó que "existen 73 personas procesadas y 71 personas condenadas por delitos vinculados a la apropiación de
niños durante el terrorismo de Estado".

Durante el último año "se registraron 14 causas en etapa de juicio o a punto de alcanzar esa etapa: tres de ellas con juicios concluidos con un total de ocho condenas; tres están transitando el debate oral; una se encuentra en la etapa de plenario del juicio escrito previsto por el anterior régimen procesal penal; 6 se encuentran elevadas a la espera del inicio del juicio oral y una está a punto de alcanzar ese estadio".

Poco antes de la creación de esta Unidad la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó un Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que destaca la pertinencia de que las
fiscalías encaren "la producción o proposición de toda clase de diligencias y la debida intervención personal del fiscal en cada uno de los momentos claves de la investigación, tales como, por ejemplo, los actos en los que se procura la obtención de ADN".

Según el informe de la Unidad "uno de los problemas graves que se presentaron en los últimos años en las causas por apropiación de niños es el de las demoras excesivas entre el momento de presentación de una denuncia ante la justicia y la decisión judicial que ordena tomar muestras biológicas para realizar un cotejo de ADN".

Otro de los "problemas que se detectaron en su momento fue el de la falta de reglas claras sobre cómo implementar la medida de toma de muestras biológicas". El Protocolo dio respuesta a ambos problemas al contener una guía de las medidas de prueba necesarias en casos de apropiación de niños y estableciendo detalladamente cuáles son los pasos a seguir para obtener la toma de muestras biológicas para realizar el cotejo de ADN.

En ese sentido, el informe detalló que "durante 2012 se obtuvieron un total de 19 muestras biológicas, de las cuales 8 se efectuaron durante los primeros 10 meses del año (enero-octubre), y las otras 11 durante los dos meses finales (noviembre-diciembre). En tanto, durante 2013 "se obtuvieron 24 muestras biológicas, y se encuentran con fechas fijadas de obtención otras 2 más".

De esta forma, desde la aplicación del Protocolo "se obtuvieron en total, hasta la actualidad, 35 muestras biológicas a
los fines del cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos". El informe destacó en la obtención de las muestras de ADN la actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que "posee personal capacitado especialmente para este tipo de actos, cuando involucran requisas personales, allanamientos y tareas previas para dar con la persona en cuestión".

"Con su intervención lograron subsanarse en gran medida entorpecimientos y frustraciones registrados anteriormente en la obtención de muestras biológicas. Estos escollos se generaban como consecuencia de la falta de conocimiento acerca de cómo llevar adelante los procedimientos, o bien como derivado de la complicidad de los miembros de las fuerzas intervinientes con las personas involucradas en la causa", evaluó la Unidad.

Según lo informado por las distintas fiscalías y por el propio GEAJ, el grupo intervino "desde la sanción del Protocolo, en
18 procedimientos de obtención de muestras y en todos ellos se obtuvo el material biológico necesario y apto para el posterior cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos". La Unidad, para optimizar su trabajo, está dividida en tres
áreas: una dedicada al seguimiento del trámite de las causas por apropiación radicadas en la justicia federal para "agilizar las investigaciones".

La segunda está encargada "de llevar adelante investigaciones preliminares a partir de presentaciones por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y el Programa Nacional de Coordinación para la búsqueda de Personas ordenada por la Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

Finalmente, la tercera área está encargada de "planificar y poner en práctica una metodología de investigación, complementaria al estudio de casos particulares, que parta de hipótesis de trabajo más generales y que tenga en cuenta las características del fenómeno criminal con el fin de llegar a casos individuales que no
han sido denunciados", informó Télam.