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Víctor Hugo Morales contestó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, en la causa civil que éste le inició por los supuestos “daños y perjuicios” que le habrían causado las expresiones públicas del periodista y relator de fútbol. Lo hizo en términos durísimos y mediante un escrito de 159 páginas en las que sus abogados, Eduardo Barcesat y Roberto Boico, invirtieron los términos de la acción judicial e intentaron ponerla patas para arriba.

Hace un año, Magnetto inició una causa judicial contra Morales en la que reclama una indemnización de dos millones de pesos.  En su réplica, el relator deportivo aclaró que su intención no es obtener una reparación económica de la causa

Víctor Hugo no sólo rechazó las acusaciones de Magnetto sino que introdujo lo que técnicamente se conoce como “reconvención”, es decir en una causa en la que él es el demandado, pidió que se condene al propio Magnetto a que se retracte de “todas las expresiones, verbales, gráficas y audiovisuales, calumniosas e injuriosas, de las que es autor mediato responsable –autor de escritorio-, cometidas por los periodistas de los medios de comunicación social comprendidos en el denominado Grupo Clarín”.  Además, pidió que se lo obligue a “cesar en la campaña de hostigamiento y clausura de la palabra respecto del periodismo independiente” y a que se publique por todos los medios de comunicación social, prensa escrita, radios y cadena televisiva nacional y local del denominado Grupo Clarín, la ejemplar sentencia judicial a dictarse”.

Hace un año, Magnetto inició una causa judicial contra Morales en la que reclama una indemnización de dos millones de pesos.  En su réplica, el relator deportivo aclaró que su intención no es obtener una reparación económica de la causa. “No quiero ese dinero, Señor Juez. Dinero que lleva el rostro y las huellas de los muertos y de las víctimas de desaparición forzada masiva, del encarcelamiento en centros clandestinos de detención, de la aplicación sistemática de la tortura y toda forma de vejámenes y tratos crueles y degradantes, de la ocultación clandestina de los cuerpos de las víctimas, de la sustracción de menores para su entrega a cómplices del obrar criminoso. Dinero obtenido del encubrimiento y del silenciamiento forzado también impuesto por la excepcionalidad institucional, aplaudida y prohijada por los medios dominantes y de los que Magnetto ha sido un artífice principal. Dinero obtenido de una sumisión de la defensa y tutela de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica del ser humano, por una administración de justicia, bajo el período de excepcionalidad institucional, que no amerita ser nominada como “Poder Judicial de la Nación Argentina”.

Pecado de coherencia

Morales cuestionó que en casi 300 páginas de documentación presentadas por Magnetto no se haya precisado “el día y la hora en que supuestamente se vertieron tales significantes” que el CEO del Grupo Clarín consideró agraviantes para “su supuesta imagen intachable ante la opinión pública”. Más allá de ese detalle, contrapuso que mientras sus expresiones son personales, Magnetto utiliza a terceras personas para atacarlo. “Ni bien los opinólogos del grupo elaboran pomposas conceptualizaciones sobre la libertad de expresión y su ilimitado alcance, cuya notas características parecen residir -sin posibilidad de cuestionamiento alguno- en la irrefrenable vociferación que se esparce por la multiplicidad de canales por donde circula el flujo simbólico argumental del multimedio; pero al unísono cualquier intento de denunciar la actividad de denostación personal, desestabilización política y hegemonía monopólica de la palabra, mezclada silentemente con un voraz apetito por la acumulación de dinero y poder, es constitutiva de un agravio que desplaza toda protección  constitucional del comunicador”.

“En este particular caso la empresa multimedios Clarín, a través de su omnímodo conductor Héctor Magnetto, procura infatigablemente confinar al cadalso de la deshonra y vapuleo público la imagen de un periodista cuyo pecado profesional y de conducta pública ha sido la coherencia… ninguna conducta mía se encuentra sospechada o investigada en causa penal alguna, lo que será debidamente acreditado en la etapa procesal de la producción de la prueba que ofrezco, en tanto que –sobre la otra mano-, Magnetto está comprendido en múltiples y gravísimas causas penales. Esa es la gran diferencia”, insistió el periodista deportivo.

Morales apoyó su defensa/ataque en decenas de citas de sus opiniones sobre Magnetto y en recortes periodísticos y tapas de diarios en los que se lo vincula con la dictadura uruguaya de los 70 y con supuestos pagos millonarios que habría recibido por parte del actual gobierno argentino. Sobre sus propias expresiones, enfatizó: “ninguno de los supuestos epítetos, calificativos o adjetivaciones del modo en que opera comercial y políticamente el grupo Clarín, importó falsedad alguna respecto de los hechos… En todo caso la utilización de las palabras que supuestamente se achacan como injuriantes y calumniosas son la consecuencia necesaria de la finalidad de robustecer la idea crítica que preside la opinión vertida sobre las acciones de Héctor Magnetto como regente del Grupo Clarín”. Sobre los adjetivos con que fue calificado y situaciones en las que apareció mencionado, replicó: “no he colaborado de ningún modo con la dictadura militar, no soy periodista pago por el gobierno, no soy mercenario que pongo a disposición el micrófono que esta hermosa profesión de periodista me ha brindado para gestar defensas banales de funcionarios de turno, no soy periodista converso, no soy un mecenas de nadie”.

En el voluminoso capítulo de ofrecimiento de medidas, Morales pidió la declaración “confesional” de Magnetto para “absolver posiciones y reconocer prueba instrumental, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso y reconocida la prueba documental”, y además propuso como testigos de su parte a Lidia Papaleo y Osvaldo Papaleo; a los periodistas Gustavo Veiga, Pablo LLonto, Adrián Paenza y Ezequiel Fernández Moores y al productor televisivo Diego Gvirtz.