Infojus Noticias

El gobierno porteño tiene un mes para dar "la información sobre la ubicación física de las cámaras de video de vigilancia privadas incorporadas a la red pública".  La resolución judicial tiene como fecha 9 de junio pero fue dada a conocer hoy por Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, que inició la demanda. El fallo tiene la firma de Darío Reynoso, juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la justicia porteña.

En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Metropolitana gestiona dos mil cámaras de vigilancia. No se sabe con precisión dónde están ubicadas y en la página web donde debería publicarse los datos son incompletos. El año pasado Andrés Pérez Esquivel, que también es asesor en temas de seguridad en la Legislatura porteña,  pidió el registro al Ministerio de Justicia y Seguridad local. Le contestaron que la información revestía “carácter confidencial”, y dieron de baja el sitio web. Entonces, presentó una demanda. Ahora la Justicia le dio la razón.

El fallo, al que tuvo acceso Infojus Noticias, le recuerda a la gestión de Mauricio Macri su responsabilidad en la materia. Para el juez, el registro de las cámaras de seguridad  es "publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada".

"Lejos de planificar –opinó Pérez Esquivel- el ministro de Seguridad (Guillermo) Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. E incluso en varias esquinas las instalaron en los mismos sitios que ya tenía la Nación", agregó. El demandante señaló que "sin esta información, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo" no pueden "controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos".

“Es un principio de transparencia. No es algo tan raro lo que pedimos. Una cámara es un objeto tan público como otro, como un tacho de basura”, dijo Esquivel a Infojus Noticias. Y se preguntó “¿Por qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Son realmente 2000? ¿Por qué cuestan 125.000 pesos cada una?”.

El sociólogo -nieto de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz- diferenció la política de Nación en el tema que “ante el pedido de informes de un legislador entregó el listado sobre dónde estaban sus 1200 cámaras que controla la Policía Federal”.

Pérez Esquivel dijo que el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó luego a entregar la información e idéntico comportamiento asumió ante similares pedidos realizados por la Auditoría General de la Ciudad.    "No es nada del otro mundo: Rosario, París e Inglaterra también publican los puntos de sus cámaras".

La norma Nº 2.602, conocida como Ley de Videocámaras, regula estos dispositivos y establece una serie de garantías de control ciudadano obligatorias para que el uso policial sea legal y legítimo. Una de ellas es la  posibilidad de solicitar acceso y cancelación de las imágenes, mediante autorización judicial.

En octubre del año pasado, el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad publicó un dictamen en el que reveló que el gobierno porteño también le había negado el registro. Además, relató que la Policía no había inscripto su base de datos en ese organismo y que si el ministerio no se atenía a cumplir las garantías, “la gestión de las videocámaras no se puede considerar legal”.

En 2013todos los legisladores, incluidos los del PRO, también presentaron un pedido de informes exigiéndole a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras porque no la tenían. Sin embargo, cuando algunos de ellos fueron el 28 de abril pasado a buscar los datos, el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó a entregar la información.