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“A 20 años de la reforma constitucional de 1994 se nos plantean nuevos y viejos desafíos. En primer lugar, desarrollar leyes para que la autonomía sea una realidad”, dijo la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en la apertura del Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”. Señaló como un obstáculo para el trabajo de los fiscales, al actual Código Procesal Penal, porque mantiene “un modelo semi inquisitivo que le otorga al juez poder de decisión sobre cuál va a ser el organismo que va a investigar.  Esto afecta la imparcialidad y la garantía del debido proceso, y mantiene un déficit estructural, porque resta eficiencia a las investigaciones”, sostuvo. La procuradora explicó que  la autonomía del Ministerio será sustancial cuando los fiscales no dependan de la aprobación de un juez para hacer la investigación ni de la policía para recoger las pruebas.

A pesar de las dificultades que planteó, la Procuradora General dijo que "decidimos aprovechar el Código Procesal vigente al máximo para defender los derechos porque el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente”. En ese marcó destacó la creación de distintas procuradurías especializadas y ATAJO, agencias territoriales que tienen el propósito de “acortar el camino que separa a los ciudadanos de la justicia”.

Por último, Gils Carbó dijo que la institución que encabeza promueve una nueva dinámica en busca de una idea de la justicia “nueva, más inclusiva, más democrática, donde el pueblo sea la fuente inspiradora de una visión de equidad, que surja de los gritos de las personas de carne y hueso, del mundo real”.

A su lado, Stella Maris Martínez sostuvo que a pesar de los 20 años de la reforma, la autonomía aún está en transición. “En muchas provincias se trabaja con el modelo anterior y los defensores dependen de los fiscales.  Señaló a Brasil como un ejemplo de autonomía: “Donde hay un juez, tiene que haber un defensor.  Esto es un ejemplo de autonomía, independencia, y el Ministerio que buscamos.  En nuestro país no es así, nadie piensa que la  Defensa sea imprescindible. En muchas provincias el modelo es el anterior, es un trabajo a concluir”. Y destacó la incorporación de los tratados internacionales de DDHH a la Constitución “porque a partir de ahí se vio que el derecho de defensa es un derecho humano fundamental y que las garantías no podían ser dejadas al gusto del juez”.     

Otro de los aspectos que que marcó como positivo, fue el trabajo a nivel interamericano. “Hemos logrado el reconocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de DDHH con los que se han firmado convenios para que se pueda litigar a nivel regional. Además, la Defensa Pública ha sido considerada por la OEA un modelo a seguir. Hemos logrado que nos reconozcan como garantes de acceso a la justicia. Hace 10 años no existíamos a nivel interamericano”.

La actividad que termina mañana, se desarrolla en la Faculta de Derecho de la UBA, y fue organizada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, para celebrar la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del Defensor General. 

Stella Maris Martínez, contó que a través del artículo 120 de la reforma constitucional del ’94 cambiaron los roles de los defensores oficiales. “Nosotros éramos la cenicienta del sistema judicial. En los 70’s ser defensor oficial era el premio consuelo de quienes no alcanzaban a ser jueces”. En esa época los defensores eran auxiliares del poder judicial, no representantes de sus defendidos. Eran personajes grises que no entendían bien qué se esperaba de ellos.

Tras la presentación a cargo de Martínez y Gils Carbó, los constituyentes Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo acompañaron la mesa principal y recordaron el proceso de la “reforma más importante de la historia Argentina”, según la definió Hernández.

Contaron que desde el principio hubo unanimidad en asignarle autonomía funcional y autarquía financiera y que sobre el final se decidió la doble titularidad (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa) y la independencia del Ministerio de Justicia. “Aunque ellos no querían perder estas dos corporaciones porque era una forma de perder poder, el Ministerio Público se dejó autónomo. Nosotros no queríamos ser unos levanta-manos por eso propusimos controversia hasta el final aunque durara más”, dijo Aníbal Ibarra.

Al final de la jornada expusieron el ex magistrado colombiano Rodrigo Uprimny con “El papel del Ministerio Público en la protección de los derechos sociales” y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni con “El Ministerio Público en casos penales”. El argumento principal de Uprinmy sostuvo que la participación del Ministerio Público en casos de derechos sociales concluye con la formulación de una política general a favor de la equidad social, y el de Zaffaroni apuntó a la necesidad de un derecho penal humano de corte partisano, dinámico.