Infojus Noticias

Ayer a última hora, la jueza María Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad del voto ciudadano como mecanismo de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. El fallo frenó el llamado a elecciones y el Poder Ejecutivo anunció que apelará.

En nuestro país existe el control judicial de constitucionalidad difuso, es decir que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley.

Raúl Ferreyra, Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en conversación con Infojus Noticias, destaca algunas consecuencias de la utilización que se está haciendo de este sistema en el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura: “Ese control está esparcido en todos los jueces. Es decir, todos los jueces pueden suspender o anular una política pública de un gobierno que se ajusta a la mayoría. En este caso tenemos al 54 por ciento de los argentinos por un lado y a la voluntad de una jueza por otro.” Para Ferreyra, “esta situación genera la paradoja del gobierno de los jueces. ¿Eso se comparece con un sistema republicano?”.

“El  jurista francés Edouard Lambert llamó gobierno de los jueces a algo parecido a lo que estamos viviendo hoy”, continúa el constitucionalista. Se refiere al libro El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en Estados Unidos, en el que Lambert analiza el caso en el que un juez privilegia su interpretación personal en detrimento de la ley.  “Él lo dijo de manera casi despectiva. Por entonces, en Francia los jueces no tenían el control judicial de las leyes y en Estados Unidos sí”, contextualizó.

A partir de este análisis Ferreyra pone en cuestión que la decisión de una jueza prime sobre la voluntad de las mayorías ciudadanas: “La idea de la república presidencial es asegurar la gobernabilidad y se funda en el principio de la mayoría: la  mayoría gobierna con un respeto objetivo y concreto de la minoría. En función del mayoritarismo elegimos presidente, elegimos legisladores y en función de ese mayoritarismo ambos dijeron que a partir de ahora el Consejo se va a formar de manera mayoritaria y no por el voto de algunos cientos de abogados o académicos. La conjetura es la siguiente: si la mayoría decide con respeto de la Constitución llevar adelante un programa de gobierno, ¿tiene razón el juez o tiene razón la mayoría? ¿Una política pública ajustada a la Constitución puede ser parada por un juez? ¿Tiene razón el gobierno de las mayorías o el de la minoría?”

Durante el Primer Encuentro Federal sobre la Democratización de la Justicia que se realizó en Tucumán, Ferreyra planteó que habría que analizar si no estamos en presencia de un abuso de poder. Hoy retoma esa idea: “Desde la fundación de la Argentina se usa el control judicial de constitucionalidad difuso. Pero el riesgo es que un uso abusivo de ese control puede convertirse en un exceso de poder. Y el exceso de poder es definido en la Constitución como inconstitucional. Todo ejercicio de potestad de poder tiene que tener un uso razonable, todo acto que supera la racionalidad es un abuso de poder”.

Julio Alak, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, adelantó que el camino de la apelación podría ser el per saltum. Al respecto, Ferreyra considera que “cuando le llegue el caso, la Corte debería llamar a una audiencia pública donde expongan las partes y la Corte haga preguntas. Que se transmita por televisión y los ciudadanos podamos verlo.”